XALAPA, VER.- Es necesaria la creación de una nueva cultura de honestidad y probidad, de transparencia de la función pública, fiscalización en tiempo real y de auténtica rendición de cuentas a las y los ciudadanos, aseveró la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, diputada Margarita Corro Mendoza, al dar la bienvenida a las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como a presidentas y presidentes municipales de Veracruz, en el segundo día de auditorías municipales de la Cuenta Pública 2022.

Ante la presencia del director de Auditoría del Gasto Federalizado, Guillermo Orozco Lara y del secretario técnico de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, David Isaac Ortiz Calzada, la legisladora Corro Mendoza dijo que organismos como el Sistema Estatal Anticorrupción, en coordinación con la ASF, se han fortalecido para enfrentar el robo al erario, además de señalar y vigilar que ningún acto de corrupción quede impune.

“Reconozco y felicito la sinergia que empieza con el sistema de auditorías colmena, cuyo nombre es un acierto, pues no solo es el compromiso de grupo en la labor colectiva, sino el trabajo ejemplar asignado a cada uno dentro de la colmena”, subrayó.

Asimismo, destacó que con la consolidación de coincidencias de organismos fiscalizadores federales y estatales, se podrá rendir cuentas claras al pueblo de Veracruz. “Que estos mecanismos fiscalizadores garanticen una eficaz y eficiente gasto del dinero público”.

Por su parte, el secretario de Fiscalización del Congreso del Estado, Everardo Domínguez Landa, manifestó que el Poder Legislativo siempre se ha preocupado por la fiscalización correcta del erario, por lo que celebró el inicio de estos trabajos coordinados con la ASF, toda vez que “hace que la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas en Veracruz, sea algo real”.

Al igual que el primer día de trabajos, el secretario técnico de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, David Isaac Ortiz Calzada, dio a las y los munícipes una explicación sobre la pertinencia del programa de auditorías Colmena, así como los objetivos y acciones que deberán realizar los Ayuntamientos para llevar a cabo adecuadamente las auditorías.

A este acto asistieron, el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVI Legislatura, diputado Rafael Gustavo Fararoni Magaña, así como la diputada Perla Eufemia Romero Rodríguez y los legisladores Paul Martínez Marie, Othón Hernández Candanedo y Luis Antonio Luna Rosales, vocales de dicha instancia legislativa.

XALAPA, VER.- La diputada Verónica Pulido Herrera presentó al Pleno de la LXVI Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos del estado de Veracruz, para que las órdenes de protección sean dictadas oportunamente por la autoridad y con ello salvaguardar la integridad de las mujeres.

De acuerdo con la propuesta legislativa, se prevé reformar el Artículo 154 Quáter del Código Penal para obligar al Ministerio Público a ordenar, fundada y motivadamente, las órdenes de protección en todos los delitos de violencia contra las mujeres y no solo en los de violencia familiar, “esto para que todas aquellas que acudan a denunciar tengan garantizada su integridad”.

También, se busca adicionar la fracción VII al Artículo 348 Quáter con la finalidad de incorporar como delito contra la procuración de justicia al servidor público que omita indebidamente otorgar las medidas u órdenes de protección cuando la víctima esté en peligro, tratándose de delitos de violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes, integrantes de pueblos o comunidades indígenas, personas con discapacidad o personas mayores.

Lo anterior, para obligar al Ministerio Público a emitir dichas medidas y proteger a las mujeres y a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, plantea modificar el Artículo 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado con el objeto de establecer que a solicitud de la víctima, o de cualquier persona, y ante la ocurrencia de un tipo o modalidad de violencia de género, las autoridades administrativas, el Ministerio Público o los órganos jurisdiccionales competentes, deberán otorgar las órdenes de protección, en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas.

Debe evitarse, en todo momento, que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.

En su participación, la legisladora Verónica Pulido puntualizó que las mujeres víctimas de delitos o de violencia acuden a denunciar con la expectativa razonable de obtener justicia, pero que en la mayoría de los casos lo hacen con el fin de ser protegidas mediante las medidas u órdenes que la autoridad puede dictar para tal fin.

“Lo cual es un derecho de las víctimas, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 109 fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento adjetivo que rige en todas sus etapas el proceso penal”, añadió.

Previamente, la Diputada aseveró que en la entidad y en el país prevalece la falta de presentación de denuncia por delitos y aludió a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que presenta una cifra estimada de 1 millón 145 mil 599 delitos cometidos, con un estimado de denuncias del 8.8 por ciento.

En el 76.5 por ciento de los casos se inició carpeta de investigación, traduciéndose ello en que solamente existió el inicio de una carpeta en el 6.8 por ciento de los casos y en el 50.8 por ciento de dichas carpetas no ocurrió nada o no se continuó con la investigación.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género. Se adhirieron a la propuesta las diputadas Anilú Ingram Vallines, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, Ruth Callejas Roldán, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Itzel Yescas Valdivia y Maribel Ramírez Topete, así como los diputados Hugo González Saavedra y Jaime Enrique de la Garza Martínez.

XALAPA, VER.- Con la finalidad de actualizar el marco legal estatal en materia de regulación de plaguicidas, restringir su uso y prever la protección de los agentes polinizadores, la diputada Maribel Ramírez Topete, presentó una iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Apícola para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el uso de la voz, la legisladora expuso que en 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a los titulares de la Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Rural, Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; por la omisión de acciones de carácter normativo, administrativo y de políticas públicas en la regulación en el manejo de los plaguicidas nocivos para la salud.

A su vez, destacó que en esa recomendación se hizo un llamado al Congreso de la Unión para considerar y realizar las modificaciones necesarias en las diversas leyes en la materia para fortalecer y proteger dicha actividad.

En este sentido, aseguró, “es importante adecuar y robustecer la legislación local, toda vez que Veracruz es uno de los principales productores de miel en México, de acuerdo con estadísticas publicadas en el Atlas Nacional, en el periodo de 2003 a 2019”, subrayó.

De acuerdo con la iniciativa, se propone realizar acciones con enfoque de precaución, disminuir el riesgo de los polinizadores, tales como la adopción de prácticas de aplicación específicas, promoción del manejo integrado de plagas, educación a agricultores y evaluación de riesgos.

Así como la implementación de políticas destinadas a reducir el uso intensivo de plaguicidas, tanto por su toxicidad, como por los niveles de exposición que conllevan los riesgos para la sociedad y los ecosistemas.

La diputada Maribel Ramírez aseveró que en Veracruz la apicultura es una fuente laboral y de ingreso para las personas dedicadas a la cría, manejo, cuidado y explotación de abejas; por esta razón, consideró, importante implementar acciones que favorezcan la conservación y protección de esta actividad, impulsando iniciativas que establezcan la regulación, vigilancia, buen uso o, en su caso, la prohibición de plaguicidas.

A la iniciativa, turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, se adhirió la diputada Verónica Pulido Herrera y el diputado Hugo González Saavedra.