XALAPA, VER.- Las personas titulares de las contralorías internas de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) y del Congreso local podrían ser reelegidos en el cargo por un periodo más, de acuerdo con la iniciativa del diputado Juan Enrique Santos Mendoza, quien propone reformar y adicionar las leyes que rigen cada una de estas instituciones.

En dicho proyecto, el legislador plantea homologar las disposiciones de las leyes correspondientes a todos los organismos autónomos del Estado y al Poder Legislativo, con lo que actualmente ya señalan las aplicables a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE), así como las relativas a los órganos constitucionales autónomos del orden nacional o federal.

De acuerdo con su proponente, esta medida permitiría valorar que quien se desempeñe en el cargo de referencia pueda ser reelegido o ratificado en el mismo por un período adicional, lo que en otros ámbitos –señala- ya está regulado, como en el caso de ediles y legisladores federales y locales.

Asimismo, el Diputado añade que en lo que respecta a las leyes de la FGE y del Orfis, en que existen omisiones sobre la duración de los períodos de funciones de las y los titulares de los órganos internos de control, se realice la armonización correspondiente, a efecto de que se señalen cinco años para el desempeño del cargo.

La Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes: Orgánica de la Fiscalía General, de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Orgánica del Poder Legislativo, todas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Alejandro Ávila/Veracruz, Ver.- En rueda de prensa, el presidente del Comité de Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga, desmintió el presunto aumento en el costo de las gradas para los desfiles, como publicaron algunas personas en redes sociales.

El "Pollo" recalcó que el costo de las gradas para los desfiles de Carnaval será de 100 pesos los días sábado y domingo, mientras que 30 pesos costatá los días lunes y martes; aclarando así que no existe ningún desfile gratuito.

El funcionario municipal exhortó a la ciudadanía a denunciar a cualquier persona que eleve los precios antes mencionados.

“Ha habido confusión que, si va a costar 40, que si el lunes era gratis, y no. El precio es sábado y domingo 100 pesos, lunes y martes 30 pesos, se suspende el paseo de la mañana ya que todos saben el sol como ha estado en estos días y no queremos arriesgar a la gente con golpes de calor (…) 30 pesos es un precio muy módico a como ha estado la inflación y es un precio módico y no gravoso”, indicó.  

Se estima que los desfiles duren tres horas y media como máximo, iniciarán en punto de las 7 de la noche y para dar agilidad al paseo, se redujo tanto el número de carros alegóricos como comparsas y batucadas. 

Serán 25 carros alegóricos y 52 contingentes, además habrá 4 figuras monumentales. 

“Los paseos van a empezar en punto de las 7 de la noche, redujimos el convoy de 39 carros el año pasado a 25, tal vez sean 26 máximo este año, esto nos permite 13 carros menos y las asociaciones de comparsas, bastoneras y batucadas pasan de 74 a 52, esto es con la intención de reducir más el convoy y que no haya paseos de 5 horas, si no de 3 horas y media máximo para que sea menos aburrido y exponer menos al público asistente al alcohol, a las bebidas embriagantes”. 

Advirtió que no se permitirá ingresar neveras con bebidas alcohólicas y solo está autorizada la venta de cerveza; las actividades del Carnaval inician el 29 de junio con la Quema del Mal Humor, el 1 de julio es el primer paseo.

Xalapa, Ver.- Agua de calidad, tarifas justas y la suspensión de los cortes en el suministro del vital líquido, son algunas de las acciones en las que trabajan de manera conjunta el Congreso del Estado de Veracruz y el Ayuntamiento de Medellín de Bravo, como parte de la defensa al agua como derecho humano universal en el municipio medellinense.

En conferencia de prensa, el diputado Fernando Arteaga Aponte, en su calidad de presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Congreso Local, y el presidente de Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade, coincidieron en la necesidad de implementar -en el marco de la ley- medidas urgentes para garantizar servicios eficientes y de calidad en los procesos de abasto del vital líquido.

En el mismo sentido de lo manifestado por el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, tanto el Congreso de Veracruz como el ayuntamiento medellinense han requerido a las empresas operadoras para que cumplan con las inversiones necesarias en infraestructura y en la regulación de tarifas y servicios prioritarios.

De la misma forma, desde el inicio de la gestión de Marcos Isleño Andrade como alcalde de Medellín de Bravo, se cumple con la obligación de transparentar la prestación de los servicios en el municipio, a pesar de ataques y críticas infundadas.

En ese tenor, la actual administración municipal encontró dos concesiones vigentes operadas por las empresas Urbanizadora Medellín, S.A. de C.V. (UMSA) y Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V. (Grupo MAS), las cuales tienen diferencias substanciales entre sí.

GRUPO MAS, SERVICIO DEFICIENTE Y ARBITRARIO

La situación de Grupo MAS es caótica y son los usuarios quienes sufren día a día su mala la calidad en los servicios, además de su nula inversión y cumplimiento de obligaciones, coincidieron el legislador local y el alcalde medellinense.

En la semana anterior, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz dio a conocer el resultado de la auditoría practicada a la citada empresa a solicitud del diputado Fernando Arteaga Aponte, por lo que se está en su etapa de análisis por el Congreso Local, “pero de la simple lectura se aprecia que los resultados no son buenos y se considera la posibilidad de ordenar una auditoría a tiempo real”.

“Grupo MAS da un mal servicio, realiza cortes de agua en forma arbitraria, cobra tarifas caras, paga contraprestaciones bajas, no participa de rendimientos, no invierte en infraestructura, no transparenta operaciones e inicia obras sin contar con autorizaciones”, refirió el alcalde Marcos Isleño Andrade.

En ese sentido, el Congreso Local y el Ayuntamiento de Medellín analizan las acciones legales a seguir de acuerdo a lo previsto en el título de concesión vigente, el cual sí establece condiciones para su cancelación sin costo para los municipios.

Una situación similar enfrentó el año pasado el gobierno de Marcos Isleño con la concesión leonina del servicio de alumbrado público -con NL Technologies-, la cual hoy se encuentra finiquitada gracias al apoyo del Gobierno del Estado de Veracruz.

- ¿Alcalde, qué es lo que procedería de parte del ayuntamiento con el tema de Grupo MAS?

“El primer punto es llegar a una negociación para salirnos de una forma tersa, pero no descartamos también el hecho de que, si no se puede de ese modo, llegaríamos a los tribunales; pero eso es lo primero que tenemos que hacer”.

- ¿Tendrían que pagar alguna indemnización?

“No. Dadas las circunstancias de los informes de auditoría y de todas las quejas sobre la calidad del agua y servicio, el incumplimiento es notorio por parte de la empresa, por lo que no le da derecho a ningún tipo de reclamación.

- ¿En cuánto tiempo podría darse la desincorporación?

“Eso dependerá de si las negociaciones son tersas y ellos aceptan, que yo espero que sí. Al final de cuentas ellos son los que están incumpliendo. Si no es así tendremos que ir a los tribunales y tendremos que esperar todo el proceso legal. Pero estimamos que a principios del año próximo Grupo MAS ya esté fuera”.

- ¿Quién o quiénes operarían el suministro de agua una vez que salga Grupo MAS de Medellín?

“El ayuntamiento lo hará de forma directa a través de la Comisión Municipal del Agua de Medellín”.

UMSA, EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

En el caso de los fraccionamientos Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, los servicios de agua han sido proporcionados desde hace 19 años por UMSA, sin costo para el municipio, a quien además le participa rendimientos, explicó el alcalde Marcos Isleño.

Recordó que su operación data del 2004 y se sustenta en las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y por el extinto SAS, con una vigencia de 50 años.

El presidente municipal explicó que al momento de que UMSA - como desarrolladora de vivienda – concluya las etapas de construcción y comercialización aprobadas por las autoridades federales, estatales y municipales, los servicios de agua pasarán a la administración municipal sin costo alguno.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Medellín, en cumplimiento de las disposiciones legales, solicitó al Congreso Local la autorización del esquema de regularización con UMSA -bajo la figura de Convenio de Colaboración Institucional-, con el cual se reduce ampliamente el porcentaje para la determinación de las tarifas de agua, drenaje y saneamiento -se limitó su incremento basándose al Índice Nacional de Precios- y se prohíbe el corte del servicio de agua.

Además, dijo el edil, se revisa el nivel de inversión destinada a mejorar la calidad del servicio, la rehabilitación de pozos y, conjuntamente ayuntamiento y empresa, buscan la certificación sanitaria.

De esta manera, la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento del Congreso trabaja en la elaboración del dictamen sobre la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Medellín para la regularización de la prestación de los servicios en los Fraccionamientos Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno.

“En ningún momento, Congreso y Ayuntamiento privatizan el agua. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política Local disponen que el agua y los bienes destinados a la operación de los servicios tienen la naturaleza de bienes del dominio público y son de la Nación. Al termino de los contratos y concesiones que permiten la operación por particulares, los bienes deben pasar a la administración del municipio sin costo alguno”, sostuvieron finalmente el legislador y el presidente municipal.

- ¿Fue un pago por la campaña, acusa la líder de los ex obreros del SAS?

“La respuesta es un rotundo no. La Urbanizadora Medellín puede ser de Chuchito Pérez, pero la ley es la ley. Estamos haciendo lo correcto, pues no podemos tener la misma figura jurídica para dos entes distintos; Grupo MAS utiliza recursos públicos y UMSA utiliza recursos privados. A partir de ahí es ilógico que podamos hacerle el mismo movimiento legal. Cuando la urbanizadora termine de vender la última vivienda tiene que entregar al ayuntamiento forzosamente el servicio de agua. No hay ningún pago ni nada que ver, aquí lo que tenemos que hacer es regularizarlos Sí es necesario hacer esa figura, porque hoy en día esta empresa está legalmente a medias, no existe una regularización como tal para poder exigirles que las tarifas sean apegadas a la economía de la zona.

SECRETARÍA DEL TRABAJO DEBE INTERVENIR PARA HACER JUSTICIA A EXOBREROS DEL SAS

Respecto a la situación de los extrabajadores del extinto SAS, quienes desde hace semanas permanecen en platón frente al palacio municipal de Medellín, el alcalde refirió que su visita de hoy al Congreso del Estado obedece también a su deseo de que se les haga justicia laboral.

“Ellos buscan que se les liquide de forma legal y conforme a la ley. En ese sentido uno de los puntos que traté con el diputado Fernando Arteaga en su oficina fue de que nos apoyara con el tema en la Secretaría de Trabajo para que, a través de ellos, como árbitros, pudieran establecer un mecanismo con la empresa para que se liquidara. Es también sabido por parte de ellos que a principios del año pasado hablé con Grupo MAS para el tema de la liquidación. La empresa, que tiene la responsabilidad jurídica de solventar esos pasivos, ha manifestado que tiene el dinero para liquidar a los trabajadores. Pero bueno, hoy en día lo más responsable y más sensato es que exista un intermediario, en este caso la Secretaría del Trabajo, para sacar adelante ese tema y que los trabajadores tengan justicia social y una liquidación justa”.