Xalapa, Ver.- Al considerar que no se trata de un tema de índole electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) desechó el juicio que impugnaba la designación de Juan José Rivera Castellanos como titular de la Secretaría General de la LXIV Legislatura de Veracruz, por lo que el nombramiento que realizó el Congreso del Estado es legal y con estricto apego a la legislación estatal. 

Los magistrados Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz consideraron inviable el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) promovido por Juan Carlos Ventura Pérez. 

El fallo avalado por el TEV determina que este juicio es desechado “toda vez que el acto impugnado no es de naturaleza electoral, esto es, del análisis del escrito de demanda no se desprende dato alguno que permita identificar alguna vulneración a los derechos político electorales del promovente o el daño que le causa a su esfera de derechos el procedimiento legislativo, a través del cual se realizó la designación impugnada”. 

Los magistrados determinaron que este juicio no se circunscribe al campo del derecho electoral, actualizándose la causal de improcedencia prevista en los artículos 377 y 378 fracción novena del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Al respecto el Secretario General de la LXIV Legislatura, Juan José Rivera Castellanos celebró esta determinación e indicó que su nombramiento fue conforme a derecho y con estricto apego a los lineamientos que establece la legislación de Veracruz.

 Explicó que cumple con los requisitos que marca la Constitución Política del Estado de Veracruz y además cuenta con la experiencia para el cargo. Tengo mi cédula profesional por la Universidad Veracruzana (UV) para ejercer la licenciatura en Derecho y además una Maestría en Filosofía del Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refirió. 

Cabe destacar que este nombramiento fue avalado por los 50 votos de la LXIV Legislatura y en la que están representados diputados y diputadas del PAN, MORENA, PRI, PRD, PVEM, AVE, Nueva Alianza e independientes.

Xalapa, Ver.- En conferencia de prensa, el gobernador del estado Miguel Angel Yunes Linares fijó la postura de su gobierno ante la decisión de habitantes de la sur del estado quienes cerraron válvulas de la presa Yuribia; denunció, con pruebas, el convenio que avala la extorsión que hicieran algunas personas con el anterior gobierno priista.

A continuación el texto íntegro de su mensaje: 

Esta madrugada un grupo de personas cerraron las válvulas de la presa Yuribia y dejó de abastecerse agua a los habitantes de las poblaciones citadas. 

Esto implica poner en grave riesgo a cientos de miles de veracruzanas y veracruzanos que dejarán de recibir agua en sus hogares. 

También se afectarán servicios básicos, fundamentalmente de cuidados de la salud, toda vez que quedarán sin agua los hospitales y clínicas de esa zona.

Las actividades industriales y comerciales se verán igualmente dañadas. 

Me comprometo con los habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, y todos los que a partir del día de hoy han sido afectados por este acto vandálico, a que vamos a resolver el problema y aplicar la ley a quienes lo provocaron.

Quienes encabezan este movimiento han recibido en los últimos dos años casi 60 millones de pesos en efectivo, en entregas mensuales de 2  y medio millones de pesos que fueron puestos en manos de uno de los dirigentes por el Gobierno del Estado de Veracruz, que cedió a la amenaza de cerrar la presa si no se entregaban estos recursos.

 Es una forma de extorsión absolutamente inaceptable. 

El convenio que suscribieron representantes del Gobierno del Estado de Veracruz con los dirigentes de esa comunidad, es el más claro ejemplo de cómo durante el Gobierno de Javier Duarte no se respetó la Ley, no hubo Estado de Derecho, por el contrario, se negoció la Ley, llegándose al extremo de disponerse en el convenio suscrito que "las autoridades del Gobierno del Estado no tomarán medidas penales o realizarán denuncias civiles o penales tanto del fuero común y fuero federal para los autores de dicha liberación", (liberación le denominan al cierre de las válvulas de la presa Yuribia).

 Este convenio fue suscrito el 28 de diciembre de 2014 por los entonces secretarios de Gobierno, Erick Lagos Hernández; de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo; el entonces Procurador de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, e incluso por la diputada Anilú Ingram Vallines, que era presidenta del Congreso del Estado.

 Desde el día que tomé posesión anuncié que haría respetar la Ley y restablecería el Estado de Derecho en Veracruz. 

No hay otra vía para que comencemos a vivir una nueva etapa, en la que tengamos seguridad, desarrollo económico, empleo, combate a la pobreza y plena honestidad en el actuar de los servidores públicos.

Sería muy fácil ceder al chantaje y comprometerme a usar recursos de todos, en beneficio de un grupo que reclama un derecho que no tiene, porque el agua es de todos los veracruzanos, de todos los mexicanos y no de unos cuantos. 

Todo el mes de diciembre convocamos al diálogo y a la negociación. 

Funcionarios de mi gobierno sostuvieron diversas reuniones con los representantes del grupo que venía recibiendo dinero en efectivo y dejamos muy claro que no aportaríamos más recursos de esa manera, pero que estábamos dispuestos a implementar en esa zona, como en las demás regiones marginadas del Estado, programas de desarrollo social, de empleo temporal, de vivienda, de mejoramiento de los servicios de salud, de rehabilitación de la infraestructura educativa y de caminos, incluso de apoyo alimentario a los que lo requieran. 

Eso sí puede y debe hacer el Gobierno del Estado de Veracruz. 

Lo que no podemos, ni debemos hacer, es desviar recursos en beneficio de un grupo que hace uso del chantaje como arma. 

Fui electo Gobernador del Estado de Veracruz para lograr un cambio de fondo, no para continuar en el camino del desastre al que nos llevaron las últimas dos administraciones. 

Si para lograr el cambio y restablecer el Estado de Derecho debo correr riesgos, voy a enfrentar y a correr estos riesgos, pero no permitiré que un grupo violento que sólo busca satisfacer intereses económicos particulares, se imponga al gobierno que debe representar y representa el interés de más de 8 millones de veracruzanos.

 Si cediéramos a este chantaje, tendríamos que ceder en cualquier otro caso similar; cualquier río, cualquier presa, cualquier instalación hidráulica, podría ser tomada como propiedad de un grupo y afectar el interés de la mayoría de los veracruzanos.

Se sentaría un precedente funesto para todos los sistemas de agua potable del estado. 

Lo reitero, me comprometo con los habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y todos los que han sido afectados por este acto vandálico, a que vamos a resolver el problema y aplicar la ley a quienes lo cometieron.

 En rueda de prensa, el sector empresarial de Veracruz manifestó su postura ante los hechos delictivos suscitados la noche de ayer y del día de hoy, en contra del comercio establecido de la zona conurbada.

El Presidente de CANACO Servytur de Veracruz, Jesús Muñoz de Cote Sampiery indicó que hasta el momento se tienen reportes de hasta un 70 por ciento de cierre de negocios, generando pérdidas millonarias por los saqueos por más de 100 millones de pesos.

A continuación el comunicado emitido:

El sector empresarial de Veracruz rechaza tajantemente los actos vandálicos suscitados la noche de ayer en los comercios de la zona conurbada que han afectado la estabilidad económica y social de los ciudadanos.

Reprobamos estos actos de violencia que no resolverá la problemática de nuestro país, que no beneficia a nadie, sino que solo ha generado cierre de negocios ante estos saqueos, que han perdido todo y que lamentablemente cerrarán sus puertas, dando como consecuencia pérdidas de fuentes empleo e incertidumbre a que futuras inversiones lleguen a Veracruz.

Es por ello, que exigimos a los tres niveles de gobierno su intervención, exigimos al Gobierno Federal a reforzar la seguridad. Los empresarios y la sociedad en general no tenemos por qué sufrir las consecuencias, ya que somos nosotros los que generamos el empleo y el desarrollo económico, exigimos se aplique el Estado de Derecho ante los responsables, pues además de robo de mercancías, se puso en riesgo la vida de los clientes y de los colaboradores de los comercios.

Por otro lado, hacemos un reconocimiento a aquellos ciudadanos que no se sumaron a estos actos de rapiña y violencia, que guardaron prudencia, y que se mantuvieron con civilidad. Asimismo, nuestro reconocimiento a los empresarios que se han solidarizado con sus colaboradores que por causa del paro de transportes, les han permitido ausentarse o llegar más tarde en sus lugares de trabajo. Así como también, a la respuesta que se tuvo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Policía Naval con la detención de hasta el momento de más de 140 personas a las que esperamos se aplique todo el peso de la ley.

Hacemos un llamado a los medios de comunicación para actuar responsablemente a la información que se esté emitiendo y no crear alarma en la población. De la misma manera, hacemos un llamado a la ciudadanía a no dejarse confundir por rumores en las redes sociales que sólo buscan generar zozobra y alterar el ánimo social.

En la rueda de prensa se contó con la presencia del el Presidente de COPARMEX Veracruz, Juan José Sierra; Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Veracruz, Pedro Aguilar; el Presidente de CANIRAC, Daniel Martín Lois; el Presidente de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz, Jorge Homs; el Presidente de CANACAR Veracruz, Luis Exome; el Presidente del Observatorio Ciudadano, Alberto Aja; y el Consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Bichir Nahúm Lajud, así como de integrantes del Consejo Directivo de CANACO Servytur de Veracruz