Yhadira Paredes / Xalapa, Ver.- El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, instruyó a la Contraloría General del Estado a cargo de Ramón Tomás Alfonso Figueroa Piñera para que acelerar el proceso de investigación para determinar si Karime Macías Tubilla hizo uso ilícito de recursos públicos durante la administración de su esposo Javier Duarte de Ochoa.

Asimismo, solicitó al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortz abrir la carpeta de investigación en contra de la ex presidenta del DIF Estatal.

Lo anterior luego de que está mañana se diera a conocer en un medio nacional la existencia de un hípico propiedad de Macías Tubilla donde había caballos con un costo cada uno de hasta un millón y medio de pesos.

Antes de su mensaje en el evento donde presentó el paquete de iniciativas para la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló "frente a hechos que han sido dados a conocer el día de hoy, instruyo al Contralor General del Estado para que se acelere y profundice la investigación que se lleva a cabo para determinar si la ciudadana Karime Macias de Duarte hizo uso de recursos públicos en beneficio propio y de ser así proceda legalmente".

Y al Fiscal a determinar la carpeta de investigación que vincula a Karime Macias de Duarte con desviación de recursos públicos de los veracruzanos en beneficio propio y de familiares y amigos.

"Igualmente hago del conocimiento del pueblo de Veracruz que solicitaré formalmente la intervención de las Fiscalías para Delitos Electorales federal y local para que investiguen la desviación de recursos públicos para financiar de manera ilícita campañas políticas en el año 2016".

En ese sentido, afirmó que se busca recuperar más de mil 500 millones de pesos que presumiblemente se desviaron a ese propósito y proceder contra quienes autorizaron la entrega de los recursos y también en contra de quienes los recibieron.

Ante los integrantes de su gabinete, representantes del sector empresarial y la rectora de la Universidad Veracruzana, Yunes Linares afirmó que lo hace porque es su obligación como Gobernador, pero también en respuesta a lo que constituye un auténtico clamor popular: sancionar a todos quienes llevaron a Veracruz a la más grave crisis de su historia; proceder contra todos los culpables, sin excepción.

Rocío Rivera Méndez /Veracruz, Ver.- El dirigente de taxistas Guillermo Larios Barrios aseguró que cerca de 4 mil unidades de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río no pasaron el reordenamiento vehicular lo que incrementará la demanda de quienes siguen circulando.

Indicó, esto también tendrá una repercusión negativa pues podría elevarse el índice delictivo, "ya que cuatro mil o cinco mil choferes están desempleados".

Reconoció, el tiempo dado por el Gobierno del Estado para el reordenamiento vehicular fue suficiente pero hubo concesionarios que no acudieron al programa de reordenamiento por razones diversas, entre ellas no creen en el programa, no tenían dinero o por litigios legales.

Yhadira Paredes / Xalapa, Ver.- No se puede avalar ninguna decisión que vulnere el derecho a la información y el acceso a la libertad de expresión, aseveró la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza.

La periodista destacó que luego del bloqueo a varios comunicadores del Puerto de Veracruz principalmente, que hizo el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz en su cuenta de Twitter se revisará si hay alternativas legales para evitar esta situación.

La libertad de expresión y el derecho a la información son dos derechos que les toca tutelar, defender y en este caso, por lo que cualquier iniciativa que inhiba, que son derechos humanos fundamentales, obviamente estamos en contra.

Pérez Mendoza, dio a conocer qué podrían apoyar a los comunicadores que deseen utilizar vías legales para exigir al fiscal el desbloqueo de sus cuentas en Twitter, tal y como sucedió en un caso similar en Nogales, Sonora.

Lo anterior luego de que el funcionario estatal bloqueara primero a las madres del colectivo Solecito y después a los periodistas que criticaron esta acción.

Destacó que no es el único caso de un funcionario que bloquea a reporteros, pues también está el caso de Alberto Silva, pues han tenido quejas y reportes al respecto, por lo que reiteró que el organismo está dispuesto a apoyar a quienes deseen.

“Existe jurisprudencia al respecto, ya lo hemos revisado nosotros, porque ya hubo quejas al respecto, ya dependerá de los compañeros si desean interponer un juicio para exigir ese derecho, dependerá de ellos, pero nosotros estaremos asesorando a quienes así lo deseen y además no es el único funcionario que lo ha hecho, hay otros funcionarios, como por ejemplo el diputado Alberto Silva”.