Xalapa, Ver.- Ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, integrada por los diputados Eva Felícitas Cadena Sandoval, presidenta; Hugo González Saavedra, secretario y Lourdes García González, vocal, compareció el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), Víctor Alvarado Martínez.

Al dar inicio la segunda comparecencia programada para este día el funcionario fue advertido que de emitir información falsa podría hacerse acreedor a las sanciones penales y administrativas contempladas en la ley. Además, que deberá entregar en un plazo no máximo a las 48 horas la información que los diputados le soliciten.

El cambio de reglas para la verificación vehicular en el estado provocó serios conflictos entre concesionarios, dijo el diputado Hugo González Saavedra, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que pidió  a Víctor Alvarado Martínez rindiera cuentas sobre la administración de los recursos obtenidos por este impuesto estatal y le cuestionó sobre el número de centros de verificación, el nombre de las personas o familias que resultaron beneficiados con una concesión, así como los ingresos obtenidos y el destino de los mismos.

Además requirió información sobre el proyecto ambiental de iniciativa ciudadana denominado Vecinos y Amigos del Metlác, impulsado por el Dr. Emilio Zilli Bernardi, que ha solicitado la declaración de área natural protegida.

El titular de la Sedema respondió que los cambios a las reglas para el programa de verificación vehicular obedecieron a los compromisos adquiridos con la federación y contemplados en el Plan Veracruzano de Desarrollo para garantizar la salud de los ciudadanos y disminuir la contaminación de la atmósfera.

Aceptó que las nuevas reglas afectaron a los concesionarios que ofrecían los servicios de verificación estática, quienes no pueden migrar a la verificación dinámica mientras los diputados no realicen las modificaciones correspondientes. Añadió que actualmente son 78 centros de verificación concesionados y que de enero a octubre de 2016 captaron 97.6 mdp por la venta de certificados holográficos, los cuales fueron administrados por el Fondo Ambiental Veracruzano.

Finalmente dijo que la solución al conflicto entre concesionarios fue a través del diálogo y será con el apoyo del Congreso que cambien las reglas.

Del proceso de asignación de concesión respondió que fue mediante un concurso público y que es falso que sólo tres familias resultaran beneficiadas como expresó el diputado en su participación. Hizo el compromiso de hacer llegar a la comisión y al diputado la lista de los concesionarios. De la solicitud de la asociación civil Vecinos y Amigos del Metlác, el secretario señaló que la gestión para destinar recursos para la conservación de dicho humedal aun está en trámite y hasta ahora le han otorgado recursos por el orden de los 450 mil pesos a través del Fondo Ambiental Veracruzano.

La diputada Eva Felícitas Cadena Sandoval, integrante del grupo legislativo de Morena, solicitó información sobre la situación de contaminación ambiental de los municipios del sur de la entidad. En particular sobre el manejo de residuos por parte de los ayuntamientos de Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos, como es el caso del basurero de Las Matas. Así también instó al secretario a otorgarle información sobre las multas aplicadas a los ayuntamientos y el uso de tales recursos.

Víctor Alvarado señaló que en el caso del basurero Las Matas fue clausurado y fueron invertidos recursos de su dependencia para el saneamiento. Además, dijo, en coordinación con los ayuntamientos que vierten desechos en el sitio coordinan esfuerzos para construir un relleno sanitario regional en terrenos del municipio de Ixhuatlán del Sureste, pero es necesaria una inversión de 40 mdp. 

Hasta ahora han invertido 4.8 mdp en 2011 y 7 mdp en el 2012 y corresponderá a la próxima administración estatal realizarlo debido a que la federación otorgó recursos para el rescate ambiental pero la Sefiplan no entrega los recursos a Sedema.

 Sobre los recursos obtenidos de multas y sanciones obtuvieron por el orden de 5.7 mdp, fueron canalizados a la cuenta que administra la Procuraduría del Medio Ambiente. Con respecto a la aplicación de los 32.2 mdp que recibió la Sedema en el sexenio, los datos están publicados en el portal de transparencia y los hará llegar a la comisión dijo el secretario.

Destacó que en su administración fueron creadas las estaciones de monitoreo del clima por lo que hoy Veracruz cuenta con tres y están ubicadas en Minatitlán, Xalapa y Poza Rica.

El diputado José Kirsch Sánchez, del grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD),  cuestionó al secretario sobre qué deudas hereda en su secretaría y si ha detectado empresas fantasmas como proveedoras de su dependencia.

El titular de la Sedema respondió que la deuda a proveedores es de 5.3 mdp y la deuda de inversión pública es de 26.9 mdp. Además a esta deuda falta adicionar los pendientes relacionados a la aplicación conjunta con recursos federales por un monto de 26.5, lo que hace un total de 58.9 mdp de deuda. Agregó que la secretaría no tiene ni ha tenido trato con las denominadas empresas fantasmas.

El diputado Rodrigo García Escalante, integrante del grupo legislativo Juntos por Veracruz preguntó al titular de Sedema sobre la inversión del ramo 16 del gobierno federal y cómo fue administrado. En particular si el distrito de Pánuco recibió recursos para proyectos de rescate ambiental.

El titular de Sedema refirió que del 2011 al 2014 la federación autorizó la inversión en la entidad de 154.2 mdp a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para 17 proyectos. Por lo que la federación depositó a Sefiplan 138.7 mdp y actualmente la Secretaría de Finanzas y Planeación adeuda de ese recurso etiquetado 43.5 mdp a diversas instituciones y a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 43 mdp en reintegros. Al final la Sedema solo aplicó 52.1 millones de dichos recursos. En el caso de Pánuco está autorizado el cambio de lámparas ahorradoras y está pendiente. El secretario enviará la información correspondiente al diputado.

En la segunda ronda de preguntas el diputado Luis Daniel Olmos Barradas, del PAN, solicitó información de las áreas declaradas como protegidas recientemente en la entidad a lo que el secretario respondió que el 7 de noviembre fueron declaradas tres nuevas áreas  y corresponden a la Laguna de San Julián en el municipio de la Antigua, Las dunas de San Isidro en Actopan y el ejido de San Limón Totalco.

En la tercera ronda el diputado del PAN, Marco Antonio Núñez López solicitó información sobre las acciones hechas para atender el incremento de incendios forestales. El secretario señaló que dicho incremento no obedece a deficiencias en conjunto de instituciones involucradas pues son derivadas en la mayor parte de la ocasiones de las condiciones climáticas entre temporadas.

La comparecencia –que inició a las 17:17 horas- concluyó a las 20:45 horas.

El Congreso del Estado tendrá gran responsabilidad en la implementación, seguimiento, cumplimiento de metas y todo lo que incluye el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), dijeron los investigadores Francisco Monfort Guillén y Octavio Ochoa Contreras, durante la reunión con diputados locales para el análisis de este documento que contempla 19 factores regularmente denominados ejes rectores de la administración.

Estuvieron presentes diputados de la Comisión Especial del Plan Veracruzano de Desarrollo, Luis Daniel Olmos Barradas, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Janeth García Cruz, Lourdes García González, Rodrigo García Escalante entre otros como Sergio Rodríguez Cruz y José Kirsch Sánchez quienes reconocieron el esfuerzo conjunto de la población participante y Universidad Veracruzana (UV) para elaborar este gran proyecto de gobierno. 

Acompañado de otros académicos e investigadores de la UV detallaron a los legisladores el contenido del (PVD) en el que participaron 3 mil personas que propusieron soluciones a los problemas que expusieron. 

En dos mesas de trabajo, los académicos solicitaron el apoyo de los diputados para aterrizarlo “porque la democracia está representada en el Poder Legislativo y, desde aquí se perfilan políticas específicas para el desarrollo de la entidad y elevar la calidad de vida de familias veracruzanas”. 

En el Plan se conjuntaron los conocimientos de quienes viven las consecuencias de no tener servicios médicos, agua potable, acceso a educación, y se evidenció la preocupación de las mayorías por el medio ambiente. 

También participaron quienes se han dedicado a reflexionar en la búsqueda de soluciones “se conjunta el saber hacer y el saber pensar, se piensa y se actúa, es la tesis que prevalece en este documento”. 

Hubo participaciones individuales, de grupo; es un plan escrito por muchas manos, y en la versión final respetaron la participación de quienes confiaron en la Universidad Veracruzana para plasmar sus propuestas, excepto algunos errores evidentes de ortografía o redacción, todo quedó tal cual y, aparecen nombres de los participantes.  

Se trata de una obra colectiva, concentra propuestas y anhelos, descarta caprichos personales en el ejercicio del poder; contiene información clave para los legisladores; un apartado especial respecto a la última información de la situación que vive la entidad y es referente obligado, coincidieron en señalar los académicos. 

No es un Plan que esconda los problemas, por el contrario busca integrar a quienes están fuera de los programas de crecimiento económico, como los indígenas, jóvenes del campo y también incluye la parte que sí está integrada a los beneficios, como sector empresarial y entre otros.  

El Plan Veracruzano de Desarrollo contempla 19 factores que concentran la expresión del cambio, un nuevo rumbo por el que requiere caminar la transición democrática y lo que desean los ciudadanos se realice en la vida pública para atender los problemas de marginación y pobreza que en los últimos años creció exponencialmente.

Prosa aprisa

Cuánto daño a tantos en tan poco tiempo

Prosa aprisa

Cuánto daño a tantos en tan poco tiempo

 Arturo Reyes Isidoro

www.referente.com.mx

Fue acción indebida, reprensible, un verdadero crimen lo que el gobierno de Javier Duarte hizo −o tal vez mejor dicho, dejó de hacer− con programas y recursos de dos dependencias dedicadas a la asistencia social y a la salud de los veracruzanos más necesitados: el DIF y la Secretaría de Salud.

Si el desvío de recursos dentro del propio gobierno y los actos de corrupción para sustraerlos y destinarlos al provecho personal de algunos, que han colapsado a la administración, son condenables, haber atentado contra niños, ancianos y mujeres embarazadas en pobreza, en situación de miseria, pero incluso hasta de buena parte de la población de clase media baja, raya en lo criminal.

Cuando en voz alta me he querido condoler de los hijos de Javier Duarte y de Karime Macías al haber quedado, de golpe y porrazo, sin sus padres, quienes han tenido que huir y esconderse para no enfrentar a la justicia por el abuso de poder que cometieron en perjuicio de todos los veracruzanos, la respuesta de indignación no se ha hecho esperar.

“¿Y qué me dices de los niños, de los ancianos, de las mujeres embarazadas, muchos de ellos indígenas, que murieron o que por el resto de sus días sufrirán secuelas por no haber sido atendidos oportunamente y con los medicamentos necesarios para algún padecimiento, porque Duarte y los suyos se robaron el dinero que era para programas asistenciales, para hospitales y centros de salud, así como para equipos médicos y medicinas?”, me han respondido rápidamente.

Me ha pasado a mí y a periodistas serios, según hemos cruzado experiencias. Tienen razón, no les falta razón, aunque algunos pensemos o creamos que los niños no tienen porqué pagar por los errores e incluso por los crímenes que cometen sus padres.

Poco o nada se ha dicho, pero en semanas pasadas agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) también irrumpieron en las oficinas del DIF Estatal en Xalapa y cargaron con todos los archivos del organismo como parte de una investigación que realizan por el desvío de recursos o peculado, que suman muchos millones de pesos y que no se sabe a dónde fueron a dar porque no se emplearon para atender a los pobres de Veracruz, recursos en parte federales.

En “Prosa aprisa” he señalado ya, que, por ejemplo, tan sólo a Liconsa le deben 15 millones de pesos desde 2014, debido a lo cual el organismo dependiente de la Sedesol federal denunció el caso ante la Auditoría Superior de la Federación, que, a su vez, pidio a la dependencia federal llevar el caso ante la PGR, que ya determinó la culpabilidad por incumplimiento del sistema estatal.

La responsable directa sería Astrid Elías Mansur, directora entonces del organismo, y por omisión Karime Macías Tubilla, presidenta del sistema, aunque les surgen defensores que afirman que quien no entregó el dinero fue Tarek Abdala Saad. Todavía, en su momento, Astrid denunció a Liconsa, ya que para 2015 querían que les surtiera el triple de leche, por un equivalente a 45 millones de pesos, a lo que se negó hasta en tanto no le liquidaran lo pendiente. 

Lo grave es que por culpa de estos insensibles e irresponsables, Liconsa les dejó de surtir el producto, quitándole, así, un beneficio a la población vulnerable a la que se le surtía, buena parte niños de las sierras o de los cinturones de miseria de las grandes ciudades.

Oficialmente, la misión del DIF es brindar servicios de asistencia social oportunos, eficaces, equitativos, humanitarios y de calidad que coadyuven al mejoramiento de las condiciones adversas de la población desprotegida, y en 2014, en la presentación del Código de Conducta del organismo, la Dirección General a cargo de Astrid Elías Mansur señaló que quienes trabajan en el Sistema deben ejercer sus funciones “con legalidad, responsabilidad, transparencia y honradez, concientizándonos de brindar y ofrecer una atención con calidad a la población más desprotegida”. 

La acción de la PGR es la más clara señal de que nunca estuvieron dispuestos a cumplir lo que recomendaban que se hiciera. La expresidenta está prófuga, la exdirectora prácticamente huyó dejando el cargo, y el exDirector de Administración del Sistema está inhabilitado para ejercer cualquier función pública señalado por actos de corrupción, aunque se cobija en el fuero que le da ser diputado federal y protegido por el gobierno federal y su partido el PRI.

Y sobre la Secretaría de Salud, ¡oh Dios misericordioso!, cuánta actitud irresponsable, insensible, cuánto daño a tantos en tan poco tiempo, que bien podríamos estar ante un caso de crímenes de lesa humanidad, porque se dispuso del dinero que estaba destinado para atender y tratar de curar a los menesterosos afiliados al Seguro Popular, el Seguro Social de los pobres, pero también a la población de clase media sin acceso a la seguridad social de las grandes instituciones como el IMSS o el ISSSTE.

El martes pasado fuimos testigos de cómo, durante la comparecencia del Secretario de Salud Fernando Benítez Obeso con motivo de la entrega del sexto y último Informe de Gobierno, el lodazal de la corrupción que envuelve a esa dependencia salpicó a todo el Congreso local y quedó al desnudo el estado agonizante de los servicios de salud dependiente del gobierno del Estado y de programas con recursos federales, a causa de que un grupo de ladrones investidos de funcionarios utilizó el dinero para su provecho personal.

Unos por acción y otros por omisión (Juan Antonio Nemi Dib, extitular de la dependencia hace señalamientos directos que debieran ser investigados), hay muchos responsables que en otro régimen como el de China, los que estaban en el Congreso de ahí hubieran salido directo al paredón o mínimo a una prisión, pero todo quedó en un mar de justificaciones tratando de echarle la culpa a otros, y no pasó nada porque, por si fuera poco, una de las presuntas corresponsables, Luisa Ángela Soto Maldonado, dirigente de los trabajadores del sector, es flamante diputada local priista.

Si la justicia persigue a Javier Duarte de Ochoa (quién sabe por qué su esposa también huye y se esconde con él) por actos de corrupción que tienen escandalizado a todo el país y que han impactado en el extranjero (la prensa británica, la española y la norteamericana se han hecho eco del escándalo), tan sólo haber permitido que se atentara contra la salud y la vida de tantos sería suficiente para refundirlo de por vida en la cárcel y ser juzgado con la mayor severidad. 

La asistencia social y la atención a la salud de los pobres y de los extremadamente pobres deben ser, son áreas sagradas de todo gobierno. Sus programas y sus recursos deben ser intocables. Se trata de vidas humanas, muchas veces de casos de vida o muerte (como los niños enfermos de cáncer o las personas afectadas por el sida), y por eso todos los responsables de lo que pasa en el DIF y en la Secretaría de Salud no tienen perdón.

Lo repito. Sorprende que no obstante todas las evidencias, hasta ahora no haya un solo responsable castigado, detenido, en la cárcel. Muchas víctimas de ellos ya están bajo tierra, otras, condenadas a sufrir secuelas por el resto de sus días porque no tuvieron la medicina adecuada y a tiempo o porque no pudieron ser intervenidas quirúrgicamente en forma oportuna por la falta de equipos. ¡Viva el reino de la impunidad!

La “licuadora”

Interesante lo que dijo ayer en la Legislatura Tomás Ruiz de que él no encendió la “licuadora” en la Secretaría de Finanzas y que cuando vio el desorden y el desastre que se venía prefirió renunciar. Ya habrá tiempo para comentar al respecto… Anoche mis vecinos trabajadores de la Casa Veracruz seguían esperando su pago… También empleados administrativos del CDE del PRI me enviaron un texto quejándose de que no les han pagado la primera quincena de noviembre y que les argumentan que la Secretaría de Finanzas no ha entregado las prerrogativas al OPLE. Amenazan con salir este jueves a protestar a la calle… En el PRD estatal están a la defensiva. Señalan que Elías Miguel Moreno Brizuela, Enrique Romero Aquino, Fredy Ayala y Humberto Cervantes están dolidos porque en el pasado proceso electoral se la jugaron con Javier Duarte y ahora que su partido llega al poder con el PAN han quedado excluidos. Respiran por la herida, dicen.