XALAPA, VER.- En su participación durante la Décima Sesión Ordinaria, la diputada Perla Eufemia Romero Rodríguez presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 212 ayuntamientos de la entidad a implementar, con base en sus atribuciones, las acciones que sea necesarias para que la población conozca la importancia del derecho humano al medio ambiente, así como a establecer medidas oportunas para prevenir, atender y sancionar la práctica de la incineración de basura a cielo abierto.

En la tribuna, la legisladora subrayó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es imperativo que los municipios atiendan, de manera urgente, el tratamiento y el correcto reciclado de los desechos, enfocados a evitar el daño al medio ambiente.

Agregó que esta problemática está relacionada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su objetivo número 12.4, el cual solicita reducir significativamente su liberación a la atmósfera, al agua y al suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente, "precepto que tiene que ver con la recolección de basura y la incineración clandestina de la misma".

Asimismo, la Diputada indicó que en los últimos años la recolección, separación y tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se ha convertido en un tema que exige una atención especial en la administración pública de todos los países, estados y también de los municipios de las entidades federativas. "De acuerdo con datos obtenidos de la página oficial de National Geographic, cada año se producen entre siete mil y diez mil millones de toneladas de residuos en todo el mundo".

En su exposición, detalló que en México cada persona produce diariamente en promedio un kilo de residuos sólidos, lo que origina que se generen alrededor de 42 millones de toneladas al año, "cantidad que equivale a 175 veces el volumen de la Pirámide del Sol de Teotihuacán".

Agregó que a la citada cifra, Veracruz contribuye con cerca de ocho mil toneladas de basura diariamente, "lo que significaría llenar el estadio xalapeño Heriberto Jara Corona cada 24 horas".

La legisladora Perla Romero señaló que Veracruz es el cuarto estado donde más se concentra la recolección de residuos sólidos urbanos, solo después de la Ciudad de México (CDMX), Estado de México y Jalisco, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por otra parte, dijo que la incineración de basura causa: humo negro que perjudica la calidad del aire, aumento de temperaturas, pérdida de fuentes de oxígeno, contaminación de cuerpos de agua, bronquitis, reducción de oxígeno en la sangre y daño pulmonar, mal olor, incendios de gran magnitud y ahuyenta a la fauna.

Por lo anterior, la representante popular señaló que confía en que los ayuntamientos harán lo que les corresponda y emprenderán acciones inmediatas que incidan en el bienestar y el medio ambiente, ya que "no deben mantenerse en segundo plano, porque el precio que paga la ciudadanía y la naturaleza es inconmensurable".

El Anteproyecto fue turnado para su análisis a la Junta de Coordinación Política.

XALAPA, VER.- La representante del Distrito XIX con cabecera en Córdoba, diputada Lourdes Juárez Lara celebró que el pasado 26 de junio se haya dado a la ciudad de Córdoba la denominación de Pueblo Mágico, lo cual constituirá una importante herramienta institucional que fortalecerá la imagen y presencia, dando especial énfasis en las peculiaridades de este lugar que son dignas de ser disfrutadas y visitadas por nacionales y extranjeros.

En la Décima Sesión Ordinaria, la legisladora dijo que la denominación alcanzada por la Ciudad de los Treinta Caballeros no es producto de la casualidad, ya que "es una tierra en la que están enraizadas escenas fundamentales para entender a la Nación. No olvidemos que el 24 de agosto de 1821, en su imponente Portal de Zevallos, se firmaron los Tratados de Córdoba, documento que constaba de 17 preceptos por los cuales se proclamaba la Independencia del país".

La diputada Juárez Lara subrayó que en el devenir del tiempo, Córdoba ha sido cuna de ilustres personajes que han aportado a la grandeza de Veracruz y del país, ya sea en política, arte, industria, deporte, educación, ciencia, tecnología e innovación, entre otros ámbitos. También, dijo, destaca por su naturaleza, cultura, costumbres, tradiciones y gastronomía.

Lourdes Juárez expresó que incorporar a Córdoba en el programa de Pueblos Mágicos representa una distinción por la cual habrá que redoblar esfuerzos y demostrar, con trabajo, que fue un acierto conceder esta denominación. En consecuencia –indicó- es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, priorizando el municipal, diseñar y ejecutar acciones orientadas a fortalecer la infraestructura de la ciudad, con más y mejores servicios públicos.

Refirió que esta denominación es algo benéfico que servirá para reactivar la economía local y la de municipios aledaños, mediante la generación y conservación de diversas fuentes de empleo. "El sector empresarial, con la amplia visión y compromiso que le caracteriza, estará a la altura de las circunstancias ofertando, como siempre lo ha hecho, servicios de primer nivel y calidad".

Por último, la diputada Lourdes Juárez agradeció al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, su interés y la puesta en marcha de estrategias en materia turística que han servido para reactivar la economía local, más durante la pandemia.

XALAPA, VER.- En sesión ordinaria y con 45 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, el Pleno de la LXVI Legislatura del estado aprobó el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes, con lo que se determinó la redacción del párrafo primero y la adición de un párrafo tercero al Artículo 5 de la Constitución Política local, dando así cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas.

De esta manera, se dispone en el Artículo 5 constitucional: “El Estado tiene una composición pluricultural y diversidad étnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas u originarios y sus diferentes expresiones lingüísticas. La ley promoverá y protegerá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de organización social; y garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres, en los términos que establezca la ley, otorgando la garantía más amplia en el acceso a la justicia y la participación ciudadana.

“Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.

En el dictamen, las Comisiones Unidas exponen los trabajos realizados por el Congreso del Estado, como autoridad responsable, y que se auxilió con la Representación Estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en calidad de órgano técnico asesor, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), como órgano garante.

Asimismo, sobre todo el procedimiento realizado con las personas representantes de pueblos y comunidades indígenas u originarios en relación con la Consulta, el seguimiento a los temas y la redacción final del citado artículo constitucional.

Las Comisiones refieren que con la reforma constitucional contenida en el dictamen se da cumplimiento al Objetivo 10 de Desarrollo Sostenible, denominado “Reducción de las Desigualdades”, esto es, reducir la desigualdad en y entre los países, y que específicamente señala “Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás forma parte integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”; y al Objetivo 16, denominado “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, que consiste en promover sociedad justas, pacíficas e inclusivas.

Además, estima que reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica propia es contrario a la jurisprudencia de la SCJN, intérprete último de la Constitución.

Por último, indica que el reconocimiento de personalidad jurídica y la correspondiente creación de un nuevo sujeto de derechos es competencia exclusiva del Poder Reformador o Revisor de la Constitución. “Por tanto, en la jurisprudencia del Pleno de la Corte, el Congreso del Estado carece de competencia para reconocerles personalidad jurídica a los pueblos y comunidades indígenas, porque eso implicaría crear un nuevo sujeto de derechos”.