Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- No se debe desviar la atención con la aprobación o no en el Congreso local de la llamada "Ley Monse", del verdadero problema en la impartición de justicia, la corrupción de los jueces federales, como el que ordenó la liberación de los padres de Marlon "N", José Arquímedes Gregorio Loranca Luna.

Y es que, apenas este martes, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un juez de control del estado otorgó la suspensión del proceso a Diana Elizabeth "N" y Jorge Ignacio "N", por el delito de omisión de ausilio en el caso del feminicidio de la joven Monserrat Bendimes, a manos de su hijo Marlon "N".

Al ser cuestionado sobre la urgencia de legislar en torno a la Ley Monse, que pretende castigar a familiares que ayuden a feminicidas a escapar , dijo que no se debe desviar la atención de la corrupción de jueces federales.

"Las leyes son muy claras. Los padres eran presuntos responsables del feminicidio y se dieron las pruebas, pero como tienen poder económico recurrieron al juez Loranca, el mismo que liberó a uno de los Porkys y que es nota nacional por encubrir a los de la construcción de la Torre Centro en el puerto de Veracruz".

Rechazó que la ley esté inconclusa o que falte por legislar, por lo que insistió en que no se debe desviar la atención de la corrupción en el Poder Judicial Federal.

García Jiménez llamó a la sociedad en general, medios de comunicación y autoridades a señalar al juez.

Y, finalizó, son los diputados locales los que deben analizar la llamada Ley Monse, detenida desde hace un año.

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se ha incrementado el llamado "huachicol de gas" en la zona de Tierra Blanca y toda la región de la Cuenca del Papaloapan, reconoció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa, indicó que ante esta situación se trabajará de manera coordinada con el gobernador Salomón Jara, a fin de cerrarle el paso a los delincuentes que roban el gas.

Y es que, dijo, tras un dispositivo de seguridad que se implementó en el estado de Puebla para la detección y detención de huachicoleros, éstos se trasladaron a tierras veracruzanas para seguir con el ilícito.

"Recuerden que es un delito federal, pero apoyamos a las fuerzas federales y hay una estrategia del presidente para atenderlo, íbamos muy bien, pero de pronto notamos que se nos sube el de gas en dos regiones, la zona Poza Rica-Tihuatlán y Tierra Blanca, Cosamaloapan y toda la región del Papaloapan".

Se logró, afirmó limpiar la zona del Papaloapan, pero empezaron a tener presencia en Tierra Blanca, por lo que se llevarán a cabo operativos e inspecciones en aquella región.

"Estamos viendo quién lo roba, pero también estamos viendo quién se los compra, quién huachicolea el gas y quién finalmente lo usa y hay que observar", pues notaron que en Tierra Blanca se instalaron de repente 14 gaseras, marca patito y sin registro.

"Ayer fuimos a una, pero se enteraron que andábamos en eso y la abandonaron y la marca es patito plus gas LP, y vamos a una revisión pareja y que cada quien demuestre que está en orden sobre todo el tema de Protección Civil, se está poniendo orden y por eso buscaré la colaboración del gobernador Salomón Jara para atender la situación en la zona de Tuxtepec ".

XALAPA, VER. - Como parte de los trabajos para dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020, el Congreso del Estado, a través de su presidenta, la diputada Margarita Corro Mendoza, reanudó la sesión (pospuesta desde el 14 de junio pasado) con integrantes del Comité de Seguimiento de Pueblos y Comunidades Indígenas, en la que determinó la redacción del párrafo primero y la adición de un párrafo tercero al Artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

De esta manera, el Poder Legislativo, como autoridad responsable, con la asesoría técnica de la Representación Estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en calidad de órgano garante, dio a conocer la resolución.

“Artículo 5. El Estado tiene una composición pluricultural y diversidad étnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas u originarios y sus diferentes expresiones lingüísticas. La ley promoverá y protegerá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de organización social; y garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres, en los términos que establezca la ley, otorgando la garantía más amplia en el acceso a la justicia y la participación ciudadana.

“Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.

Ante la presencia de 21 de los 23 integrantes del Comité de Seguimiento, se informó que, al tratarse de una facultad federal, la legislatura del estado podría, con base en las atribuciones conferidas en el Artículo 71 de la Constitución General de la República, proponer una iniciativa ante el Congreso de la Unión para establecer en la Carta Magna que los pueblos indígenas u originarios sean sujetos de derecho público.

Lo anterior, al considerar que no es viable la incorporación en la Carta Magna local, debido a la ausencia de una facultad expresa para hacerlo.

Por consiguiente, se procedió a la apertura del diálogo en el que fueron escuchadas y registradas (para efectos del acta respectiva) las posturas y posicionamientos de cada uno de los integrantes del Comité de Seguimiento.

Participaron en la reunión la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes, integrada por los diputados Bonifacio Castillo Cruz y José Luis Tehuintle Xocua, además de la legisladora Lidia Irma Mezhua Campos, presidente, secretario y vocal, respectivamente, además de la vocal de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, diputada Rosalinda Galindo Silva.

Por parte de la representación estatal del INPI, su titular, Magdalena Hernández Hernández, y el encargado del Departamento Jurídico, Carlos Esteban Romero Gutiérrez. De la CEDH, el director de Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Córdova Álvarez, y el contralor interno, Adolfo Toss Capistrán.

Por parte del Congreso, la directora de Servicios Jurídicos, Lilia Christfield Lugo, y el secretario técnico de la Secretaría General, Marco Lara Quiroz.

Con esto, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado da cumplimiento con la sentencia 148/2020 y sus Acumuladas, por lo que en breve el Dictamen será sometido al Pleno para su votación.