Xalapa, Ver.- El Anexo Único, también llamado Anexo 1 o de proveedores de las empresas a las que se les adeuda representa una confesión escrita y firmada de una serie de incumplimientos legales denunció el Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (GLPAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés en rueda de presa.

Además refleja el desorden contable de la actual administración, en total contravención a la Ley de Contabilidad Gubernamental debido a las discrepancias encontradas entre los dos Anexos entregados a los diputados.

Explicó que en el  segundo Anexo de proveedores entregado el lunes 18 de este mes, se encontró una discordancia de 2 mil 041 millones 648 mil 597 pesos con lo que fue el primer Anexo Único.

En total, señalan que el adeudo generado por faltas de pago a proveedores y contratistas desde el año 2011 (y posiblemente anteriores), es de 11mil 577 millones 344 mil 119 pesos con 73 centavos.

Guzmán Avilés advirtió que más del 30% de los pagos a realizar de acuerdo a dicho Anexo, corresponden a los ejercicios 2015 y 2016, no obstante la cuenta 2015, aún no concluye, y por su parte la cuenta pública 2016 aún está en curso.

Por lo que no deberían incluirse contratistas y proveedores de estos ejercicios.

"En este punto, de acuerdo con información extraoficial la Cuenta Pública 2015 cerró con un pasivo de 3 mil 825 millones 324 mil 122 pesos en diciembre; y resulta increíble y fuera de toda lógica, que al 31 de marzo de 2016, es decir, tres meses después, el pasivo creció a 13 mil 236 millones 519 mil 720 pesos, pues eso significa que en noventa días la deuda de corto plazo se multiplicó en más del 400%", evidenció el líder panista.

De ahí que de las observaciones hechas por los diputados de Acción Nacional y el Gobernador Electo, Miguel Ángel Yunes Linares, el día de ayer, la SEFIPLAN se encuentra elaborando un Tercer Anexo Único mismo que a este momento no ha sido entregado.

 MÁS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS:

En la revisión realizada a nivel de detalle, se encontró evidencia que existen contratistas, proveedores y obras duplicados, pagos de estimaciones triplicadas, pagos a empresas cuyos contratos fueron rescindidos, como Expectras que dejó abandonadas obras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 (JCC).

Se pretenden realizar pagos a la empresa Autotraffic, encargada de las fotomultas, a empresas cuyos socios están vinculados con funcionarios de Gobierno del Estado como es el caso de Arturo Bermúdez Zurita, actual Secretario de Seguridad Pública y Roberto Esquivel Hernández, quien aparece como su acreedor.

Sospechoso el caso de la persona física "María Gudelia López Aguilar" a quien pretenden pagar casi 65 millones, siendo que el domicilio fiscal corresponde a un taller mecánico en la ciudad de Minatitlán, y quien fue denunciada por el Expresidente Nacional del PAN, Gustavo Madero, por la compra de 270 millones de pesos en cemento (el caso Cemexgate)

O el del Jefe de la Unidad Administrativa de la SEDESOL, quien firma el documento y que después de ser investigado resultó ser socio de las empresas: "Constructora e Inmobiliaria Rodríguez Landa S.A. de C.V." y que fuera contratado por la misma SEDESOL y que pretende un autopago por casi 3 millones de pesos; además es socio de "Heyka S.A. de C.V." a quien la SIOP le pagará más de 16 millones y medio de pesos.

Lo que ha sido apenas una revisión mínima arroja conclusiones sobre aprobar pagos ilegítimos e ilegales, y no hay certeza a quién corresponden los pagos, lo cual obstaculiza la labor de identificar conflictos de interés, que evidentemente se irán evidenciando con el tiempo, lamentó el legislador.

Por lo que se presentarán las denuncias correspondientes, y de reunir las 17 firmas requeridas se precederá a interponer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y en su momento sucederá un juicio político por recaer en delitos de peculado, ejercicio indebido del servidor público, incumplimiento de un deber legal y daño patrimonial, concluyó el legislador panista.

Xalapa, Ver., 20 de julio de 2016.- Con base en las modificaciones aplicadas al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado el 13 de julio de 2015, los costos por falta del holograma de verificación vehicular ascienden de 10 a 25 salarios mínimos, por ser una falta de categoría leve.

Considerando el beneficio otorgado por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, la infracción contará con el 75 por ciento de descuento en los primeros cinco días hábiles, teniendo un costo de 183 pesos.

Al respecto, agentes viales se darán a la tarea de orientar y fomentar el proceso de verificación a todos los automovilistas de la entidad, con el propósito de cumplir con los estatutos del Reglamento de Tránsito.

Asimismo, se informa que la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado (DGTSV) iniciará las multas por falta de verificación a partir del 01 de septiembre del año en curso, con base en el calendario emitido por la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).

Los propietarios de vehículos con terminación 5 y 6 tendrán un lapso de 45 días para poder cumplir con este proceso, a fin de no verse afectados por las sanciones.

Tránsito del Estado refrenda su compromiso por garantizar la seguridad vial de los veracruzanos, trabajando de manera coordinada con la SEDEMA para efectuar operativos de detección de vehículos que contribuyan a mejorar la calidad del aire en la entidad

Yhadira Paredes/ Xalapa, ver.- Son un total de 56 personas de Veracruz las que están adheridas al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Roberto Campa Cifrián.

En entrevista en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, señaló que son 44 defensores de derechos humanos y 12 periodistas los que están apegados a este mecanismo, mismo que este día se somete a revisión entre autoridades estatales y federales.

"Prácticamente en todos los estados hay periodistas o defensores que son protegidos y Veracruz es el estado que tiene protegidos más defensores y periodistas, es información pública, nosotros hemos entregado el informe que tienen los números sobre cuántos hay en cada estado". 

El funcionario federal señaló que se analizará en esta reunión un mapa de riesgo, el avance en las investigaciones que se tienen por agresiones a trabajadores de medios de comunicación.

Asimismo, refirió en el tema de la Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Veracruz, se lleva a cabo un trabajo coordinado entre los colectivos que participan, la Fiscalía General de Veracruz, Comisión Nacional de Derechos Humanos, PGR y Policía Científica.

Campa Cifrián sobre la demanda de acompañamiento y protección a los colectivos que realizan búsqueda de personas desaparecidas en territorio veracruzano, explicó que la Policía Federal ha solicitado el poder darle orden a los procesos de búsqueda para que pueda haber en coordinación con la Fiscalía un trabajo que resulte efectivo y que tenga las condiciones de seguridad.

"Nosotros hemos estado trabajando sobre todo en estas reuniones con un conjunto de autoridades federales, aquí está el Fiscal Nájera de la PGR, habrá también representantes de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la PFP, pero en todos los casos hemos trabajado también con la Fiscalía, las reuniones que hemos sostenido con los familiares han sido también con la Fiscalía General. Hay una parte que le corresponde al Gobierno Federal". 

Ejemplificó el caso de la desaparición de los cinco jóvenes de Tierra Blanca donde se trabajó de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado. 

"Lo que he visto en las reuniones es que la gente pide a la autoridad en función de la responsabilidad que le corresponde a cada uno como autoridad quien está involucrado en las búsquedas saben bien cuál es el marco legal y saben que parte le corresponde de al gobierno federal y otra parte a la fiscalía", finalizó.