XALAPA, VER. - El diputado Jaime Enrique de la Garza Martínez propuso que la seguridad pública, la protección de los bienes y vivir en un entorno de tranquilidad social, libertad, paz y orden públicos sean derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la Constitución Política del Estado de Veracruz, en favor de todas las personas y en toda la entidad.

La propuesta fue presentada por el referido legislador durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, mediante una Iniciativa de Decreto que adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al Artículo 4 del máximo ordenamiento estatal.

Jaime Enrique de la Garza consideró que la seguridad no es sólo un valor jurídico, normativo o político, sino también social, pues, acotó, es la base del bien común de las sociedades, indispensable para el desarrollo equitativo y justo de todos sus integrantes.

Respecto a los Derechos Humanos, amplió el Diputado, la seguridad es causa y consecuencia. "Como causa, explica que no se puedan garantizar otros derechos si no está garantizada la seguridad de los ciudadanos de un estado. Como consecuencia, hay que ser conscientes de que el incumplimiento del resto de los derechos genera inseguridad", precisó.

Refirió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 3 establece que "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona", además de otros ordenamientos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el legislador, su propuesta implica que el Estado transforme el enfoque actual, que hace de la seguridad pública una obligación de brindar un servicio público, para ser considerada un derecho de las personas y, por tanto, exigible individual o colectivamente.

De la Garza Martínez añadió que la seguridad pública ya se encuentra reconocida como un derecho humano en la legislación de otras entidades federativas del país como Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Tabasco y Zacatecas.

Esta iniciativa, con la adhesión de los grupos legislativos del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como las diputadas Ruth Callejas Roldán y Citlali Medellín Careaga, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

XALAPA, VER.- A consecuencia de la baja en los precios del café veracruzano, la diputada Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, se pronunció ante el Pleno legislativo durante la Cuarta Sesión Ordinaria con el fin de solicitar recursos etiquetados para las y los cafeticultores, como política pública permanente y vigente que se contemple en la partida presupuestal correspondiente al proyecto del presupuesto 2023.

Asimismo, la Presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano indicó que las excelentes condiciones agroclimáticas de Veracruz para producir café de buena calidad no son suficientes; ya que las y los productores también necesitan apoyos para hacer frente a dificultades por la baja del precio del aromático.

En su pronunciamiento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) fortalecer al sector cafetalero mediante programas públicos, orientados a otorgar aperos de labranza y herramientas tecnológicas, a fin de beneficiar el fomento, cultivo, producción y transformación del café veracruzano.

Refirió que, en charlas y reuniones, los cafeticultores le han expresado la urgente necesidad de contar con las herramientas necesarias para su labor, considerando prioritarias las siguientes: zarandas, pala para siembra, bomba aspersora, carretilla, machete para poda, bolsa para siembra en vivero, malla sombra para vivero, equipo para procesar, tostadores, molinos, morteadoras entre otras.

XALAPA, VER.- Con la actualización y especialización de los mediadores, conciliadores y facilitadores, la solución de conflictos en Veracruz tendría perspectiva interdisciplinar y se aplicaría con respeto a la interculturalidad, según la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversos preceptos de la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por la diputada Itzel López López en la Cuarta Sesión Ordinaria del segundo año de labores de esta LXVI Legislatura.

En su iniciativa, la proponente define la interculturalidad como "una forma de acercamiento a la vida democrática de las diversas manifestaciones culturales existentes en un territorio" y ahí mismo afirma que una política pública desarrollada desde la interculturalidad disminuye las diferencias sociales y la discriminación.

La legisladora considera que el aspecto intercultural también se comprende como una contribución al establecimiento de relaciones pacíficas, al mutuo entendimiento, al derecho a vivir la propia cultura y fomentar la tolerancia y a la autodeterminación cultural, por lo que el perfil de los mediadores debe ampliarse y ajustarse a la realidad. Se entiende aquí por mediador la tercera persona imparcial que asiste, permite y facilita la comunicación, con apego a los derechos lingüísticos y de igualdad de género entre las partes en conflicto.

En este sentido, para ser mediador, conciliador o facilitador, además de contar con título de Licenciado en Derecho, como ya lo contempla la referida ley, se añade la licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico, Gestión Intercultural para el Desarrollo, Antropología, Sociología, Psicología, Trabajo Social, Pedagogía u otras afines, con título profesional legalmente expedido por la autoridad facultada para ello y cédula profesional, además de contar con una antigüedad mínima de tres años.

Los mediadores, conciliadores y facilitadores estarían obligados a realizar su función bajo los principios de voluntariedad, rapidez, profesionalismo, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, equidad, interdisciplinariedad e interculturalidad.

Deberán, además, cerciorarse del correcto entendimiento y comprensión que las partes tengan del desarrollo de los procedimientos de mediación, de conciliación o de justicia restaurativa, desde su inicio hasta su conclusión, así como de sus alcances, tomando en cuenta la composición pluricultural y plurilingüe del estado.

Serán responsables también de vigilar que, en el trámite de los procedimientos en que intervengan, no se afecte derechos de terceros, de niñez o de personas con discapacidad, ni cuestiones de orden público.

Con la adhesión del Grupo Legislativo de Morena y de las diputadas Tania María Cruz Mejía, Citlali Medellín Careaga, Ruth Callejas Roldán y Maribel Ramírez Topete, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y, en su caso, dictaminación.