XALAPA,VER.- El parentesco de afinidad sería redefinido como "el que se contrae por el matrimonio o concubinato, entre la o el cónyuge o la y el concubino y los parientes del otro cónyuge o concubino", según la propuesta de la diputada Perla Eufemia Romero Rodríguez plasmada en la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 225 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Este planteamiento presentado durante la Segunda Sesión Ordinaria del segundo año de esta LXVI Legislatura, refiere que "El matrimonio es la unión de dos personas a través de un contrato civil que, en ejercicio de su voluntad, deciden compartir un proyecto de vida conjunto, a partir de una relación afectiva con ánimo de permanencia, cooperación y apoyo mutuo y sin impedimento legal alguno", como lo establece el artículo 75 del mismo Código.
La proponente consideró que a las personas del mismo sexo que contrajeron matrimonio a partir de la reforma aprobada por este Congreso el 2 de junio de 2022 se les complica ejercer algunas prerrogativas que derivan de ese estado civil, como establecer legalmente el vínculo familiar de parentesco por afinidad, los beneficios y las obligaciones que de él se originan; sin embargo, dijo, no han podido ejercer su derecho a ese tipo de parentesco.
Señaló que los ordenamientos jurídicos distinguen tres clases de relaciones familiares y el Código Civil (Libro Primero, Título Sexto, Capítulo I, De las líneas y grados del parentesco) reconoce tres tipos de parentescos, como lo manifiesta su artículo 223: Por consanguinidad, afinidad y el civil. El mencionado artículo 225 del mismo Código estatal define al parentesco por afinidad como aquel "que se contrae por el matrimonio, entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón".
La legisladora precisó que la afinidad es el vínculo de parentesco que une a cada uno de los cónyuges con los consanguíneos del otro, es decir, deriva del matrimonio y se fundamenta en la comunidad de vida que la misma crea entre los cónyuges, lo que determina que cada uno de éstos sea considerado miembro integrante de la familia del otro.
"Los afines no descienden unos de otros, entre ellos no hay generaciones, por lo que el cómputo de líneas y grados se realiza por analogía con el parentesco por consanguinidad", añadió.
Perla Eufemia Romero recordó también el compromiso de la Agenda 2030 que se atiende con esta reforma al combatir las desigualdades dentro del país y en sus estados, con la finalidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, protegiendo siempre los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros.
Esta iniciativa, a la que se adhirieron el Grupo Legislativo de Morena, las diputadas Tania María Cruz Mejía y Citlali Medellín Careaga (ambas del Partido Verde Ecologista de México-PVEM), así como los diputados Ramón Díaz Ávila y José Luis Tehuintle Xocua (ambos del Partido del Trabajo-PT) y Juan Enrique Santos Mendoza, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
XALAPA, VER.- La diputada Maribel Ramírez Topete presentó ante el Pleno una Iniciativa de Decreto por el que se reforman los Artículos 4 y 6 de la Constitución Política del estado de Veracruz, que tiene como finalidad promover los principios de igualdad salarial y no discriminación laboral, para que las mujeres y los hombres perciban misma remuneración por trabajo similar o de igual valor.
Además, que las mujeres tendrían las mismas garantías, derechos y obligaciones que los hombres en los ámbitos político, social, económico, educativo, laboral, salarial, cultural, para lograr la igualdad sustantiva en el estado.
En el uso de la voz, la presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género de la LXVI Legislatura, diputada Maribel Ramírez, explicó que existen estereotipos y prejuicios respecto al trabajo de las mujeres, siendo ésta la principal causa de infravaloración y desigual remuneración en los empleos, lo que abre una brecha de oportunidades de acceso y control de recursos políticos, económicos, sociales y culturales, entre otros.
Ante este contexto, abundó, es necesario impulsar reformas en el reconocimiento del principio de progresividad en materia constitucional, visualizando la igualdad salarial, como una figura jurídica para disminuir la brecha salarial de género y consolidar la paridad económica.
Destacó que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), en Veracruz 1 de 3 mujeres puede encontrar trabajo, posicionando al estado en el lugar 30 en comparativa con el resto de las entidades del país. Además, respecto al mercado laboral, en comparación de los ingresos mensuales promedio, por cada 100 pesos que gana un trabajador, una trabajadora recibe 86, siendo que el 76 por ciento de mujeres en la entidad, trabaja más tiempo que un hombre.
"Pareciera difícil y complejo alcanzar la igualdad salarial, pero se debe evolucionar, deben revisarse las remuneraciones en el sector público como en el privado, deben desaparecer los modelos simbólicos y reconocer materialmente a mujeres y hombres con remuneraciones en igualdad, reales y efectivas", concluyó Ramírez Topete.
A la iniciativa se adhirieron las legisladoras Ruth Callejas Roldán, Tania María Cruz Mejía y Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, así como los diputados Othón Hernández Candanedo, Jaime Enrique de la Garza Martínez y Juan Enrique Santos Mendoza. Para su estudio y dictamen, la propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
XALAPA, VER.- Al ser la falta de experiencia laboral previa el mayor obstáculo para los jóvenes al momento de buscar empleo, el diputado Luis Antonio Luna Rosales presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Ejercicio Profesional, de la Ley de Educación y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, todos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Al dar lectura a su propuesta, el diputado Luna Rosales citó información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según la cual, en promedio, las personas jóvenes son tres veces más propensas a estar desempleados que los adultos, cifra que, añadió, casi no ha cambiado en los recientes diez años.
Refirió que la tasa de desocupación entre los jóvenes de 18 a 29 años, cuya población es de 24 millones en el país, representa 5.8 millones que no participan en procesos educativos o productivos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Por esto, al valorar "necesario fortalecer la vinculación entre el sistema educativo y el mercado laboral, tanto en el sector público como el privado", consideró que la educación necesita entrar a un esquema de mercado de trabajo moderno, para dotar a la persona de habilidades socioemocionales que el empleador valora y por las cuales suele descartar a un egresado, por desconocer este último esas habilidades que adquirió el joven en su servicio social.
En este contexto, es necesario revalorar el servicio social, que se ha convertido en un simple trámite administrativo necesario sólo para la titulación y no en una herramienta para los jóvenes y, por supuesto, para con sus empleadores, puesto que el servicio social profesional es la oportunidad de los estudiantes para poner en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas, adquiridos durante su formación universitaria. Esto significa el primer contacto con la vida laboral.
Con medidas como la propuesta en esta iniciativa, añadió el diputado Luna Rosales, será posible dar cumplimiento a la iniciativa global para intensificar la acción y el impacto en materia de empleo juvenil dentro de la Agenda 2030, denominada Empleo decente para los jóvenes.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto para actualizar las leyes del Ejercicio Profesional, de Educación y Orgánica del Poder Ejecutivo fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Trabajo y Previsión Social y de Educación y Cultura.
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