XALAPA, VER.- A petición del gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, el Pleno de la LXVI Legislatura aprobó la dispensa de ley que permite al ciudadano Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, en sustitución de Hugo Gutiérrez Maldonado, quien presentó su renuncia al cargo el pasado 20 de octubre.
En la sesión extraordinaria y por obvia resolución, las diputadas y diputados avalaron la dispensa de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado y los artículos 11, 33 y 50 de la Constitución Política Local.
De acuerdo con lo expuesto por el gobernador, el ciudadano Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla es originario del Distrito Federal, (hoy Ciudad de México), y asume el cargo de secretario de Seguridad Pública de Veracruz bajo el compromiso de actuar con eficacia, lealtad y honradez en favor de la sociedad.
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado para ser titular de cualesquiera de las dependencias o entidades de la Administración Pública del Estado se requiere: ser veracruzano, en término de lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Política del Estado; contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y tener un modo honesto de vivir.
Además, no tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión condicional de la sanción.
XALAPA, VER.- Las diputadas y diputados de la LXVI Legislatura aprobaron el dictamen por el cual se autoriza la ampliación presupuestal de 150 millones de pesos (mdp) a la Fiscalía General del Estado (FGE) para el estricto cumplimiento de los fines solicitados.
En sesión extraordinaria y con 41 votos a favor, siete en contra y una abstención, el Pleno avaló la adición de un último párrafo al artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal 2022 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado expone que la solicitud de la FGE, que funda y motiva a partir de que destinó a la partida de Servicios Personales el 82 por ciento de su presupuesto, mismo que se encuentra comprometido; refleja la poca disponibilidad de recursos que impacta de manera directa en la operación de las áreas sustantivas que requieren una mayor asignación presupuestal.
Al justificar la ampliación presupuestal, la Comisión legislativa detalla que para la FGE resulta insuficiente el cumplimiento de los capítulos 2000, 3000 y 4000, dado los numerosos retos económicos que diariamente enfrenta para el cumplimiento de la función de procuración de justicia que le ha sido encomendada al organismo autónomo, en el artículo 67, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz.
Además que, bajo las estimaciones presupuestales del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), resulta necesaria la continuidad de políticas públicas que permitan la aplicación de las medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible, en beneficio de las y los veracruzanos.
Tras su aprobación por el Pleno de la LXVI Legislatura, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Cecilia Guevara, instruyó a la Secretaría General remitir el Decreto al Poder Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
XALAPA, VER.- El Pleno de la LXVI Legislatura determinó no aprobar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de los entes fiscalizables, de la Cuenta Pública 2021, presentados a este Congreso el pasado 30 de septiembre por el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), en razón de que no existen elementos suficientes para tal efecto.
De acuerdo con el dictamen -aprobado con 45 votos y una abstención- se ordena al Orfis que, en un plazo no mayor a 90 días naturales, efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021.
Para esto deberá incluir la documentación entregada en la sede legislativa y emitir los correspondientes Informes Individuales e Informe General Ejecutivo que deberán remitir a la Comisión Permanente de Vigilancia para que, en los 15 días hábiles siguientes a su entrega, se elabore el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno.
La Comisión de Vigilancia expone en el documento su deducción de que el proceso de fiscalización a la Cuenta Pública 2021 resultó deficiente en cuanto a la seguridad y certeza jurídica de los actos realizados, "hecho que en un futuro pone en riesgo no sólo la legalidad de los informes, sino hasta las acciones consecuentes que resulten de intentar recuperar los montos señalados en cada uno de ellos", refiere.
Asimismo, añade que debe ejecutarse un dispositivo que permita recuperar la totalidad de lo señalado como daño patrimonial y llevar a cabo los procesos necesarios en el caso de las faltas administrativas, teniendo así el resultado esperado del proceso de fiscalización superior y un efecto de beneficio y bienestar social para las y los veracruzanos.
Por otra parte, indica que de las reuniones de trabajo realizadas observaron numerosas discrepancias entre las aclaraciones, la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones y los montos solventados en las correspondientes revisiones.
En tanto, señalan que, a juicio de la Comisión, hay ponderaciones y metodologías poco claras y convincentes; "a manera de ejemplo, podemos referir que en algunos casos de entes en donde existía conocimiento de denuncias ciudadanas o de alguna autoridad, el porcentaje de los recursos auditados apenas sobrepasó el cincuenta por ciento del total, sin que se tenga información sobre el resto de los recursos".
"Más grave aún casos donde el porcentaje de las obras auditadas fue aún menor, lo que demuestra, que no se realizó una auditoría eficiente respecto al uso de los recursos públicos", puntualiza la Comisión.
En la etapa de posicionamientos, el diputado del Grupo Legislativo de Morena y presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, precisó que hoy Veracruz está representado por un Congreso comprometido con la transparencia, "un Congreso que no tiene por qué ocultar hechos o resultados, cuando existe duda en el cumplimiento de las funciones que corresponden".
Explicó que, a su consideración, durante el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2021 fueron evidentes las discrepancias entre aclaraciones y documentación comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables, cuando se confrontaron con pliegos de observaciones y montos solventados en las correspondientes revisiones.
Agregó que hay señalamientos de administraciones municipales que encontraron irregularidades en los procesos de entrega–recepción, "lo cuales, no fueron aclarados ni tomados en cuenta en las muestras y por lo tanto en las observaciones".
Por último, refirió que al votar por la no aprobación debe entenderse la decisión como una oportunidad para hacer mejor las cosas. "Veracruz merece con todo derecho, representantes populares que cumplan con el compromiso de fiscalizar con responsabilidad y transparencia", concluyó.
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