XALAPA, VER.- Para armonizar la normativa local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la diputada Maribel Ramírez Topete, presentó una iniciativa con proyecto de Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el estado de Veracruz, con el objeto de dar continuidad a las propuestas para que la movilidad sea un derecho humano, garantizando la transversalización, bajo los principios rectores de diseño universal, perspectiva de género, participación ciudadana, movilidad activa y progresividad para la permanencia del derecho.

El documento señala a la movilidad como un derecho humano, por lo que debe priorizarse la accesibilidad a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, niñas y niños, garantizando la seguridad en el trayecto, calidad e infraestructura de la misma acorde a las necesidades.

"De ahí la importancia de tener un sistema vial seguro para gozar de espacios que protejan la integridad de las personas, buscando por ende, replantear el esquema para afrontar las problemáticas que conllevan el transporte, el tránsito, así como las acciones para diagnosticarlas y combatirlas", aseveró.

Además, de acuerdo con la iniciativa se prevé incorporar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, replanteando los nuevos conceptos, principios y líneas de acción que determinó el Congreso de la Unión en la Ley General.

La armonización propuesta contempla, tal como lo indica lo establecido en la Ley General, pertenecer Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, incluyendo la participación de los municipios, ajustando las políticas y acciones al respecto a nivel local, lo que establecerá las bases para el desarrollo de la movilidad y la seguridad vial del país, en el corto, mediano y largo plazo.

Además, la armonización de las leyes o los reglamentos de tránsito municipales, la integración de las Bases de Datos de Movilidad y Seguridad Vial, para generar información a nivel estatal que contribuya a generar políticas públicas, programas, acciones, que garanticen derechos, principios, directrices en la materia, así como la movilidad con perspectiva de género, propiciando la participación de las mujeres, capacitación en la materia y sensibilización de género de las personas responsables de diseñar, operar y evaluar los sistemas de movilidad.

La creación del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial, en el que incluya la participación de la sociedad, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y organizaciones que les representan, instituciones académicas y de investigación, empresas del sector ligado a la movilidad, seguridad vial, transporte de bienes y mercancías, organizaciones civiles, y del sector gobierno, para el estudio y propuestas en la materia, lo que permitirá tener indicadores que fijarán metas y objetivos con visión diferenciada.

También se replantean disposiciones relativas a la jerarquización de la movilidad para los peatones y la capacitación vial, vincular las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda de Veracruz, la unificación de los niveles de alcoholemia con la normativa internacional y la delimitación de la velocidad de conducción.

En la iniciativa, se destaca el respeto a la autonomía de los Ayuntamientos en materia de movilidad y seguridad vial, por lo que en su regulación, ordenación y prestación del servicio municipal de tránsito, debe considerarse la necesidad y viabilidad de la norma conforme a las características particulares del mismo.

De igual manera, se actualizan disposiciones relativas al pago de multas por la comisión de infracciones, en las que es necesario establecer la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos.

Cabe destacar que la presente iniciativa es derivada de diversas reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, asociaciones en la materia; el diputado Federal Salomón Chertorivski Woldenberg y la Senadora Patricia Mercado Castro, integrantes de las Comisiones de Movilidad a nivel Federal, respectivamente.

Para su estudio y respectivo dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.

XALAPA, VER.- Para evitar ambigüedades respecto a salarios vencidos y, al mismo tiempo, cumplir y garantizar los derechos laborales y el derecho a una justicia más ágil en materia laboral para los trabajadores, el diputado Ramón Díaz Ávila presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 45 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de armonizarlo con el Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y el 43 del mismo ordenamiento local.

En el texto de la propuesta, el legislador señala una contradicción los artículos 43 y 45 de la citada ley en relación con los juicios sobre los salarios vencidos promovidos por trabajadores que hayan sufrido despido.

Advierte que, mientras el 43 señala que el afectado "tendrá derecho al pago de salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses", el 45 establece que serán "los salarios vencidos que se causen desde la fecha de separación hasta que se pague la indemnización".

Es decir, mientras en el primero se señala el pago de salarios vencidos hasta por un periodo de un año, en el otro queda abierto hasta que se pague la indemnización. El Diputado considera en su iniciativa que los efectos de la duración de estos juicios, que en promedio se resuelven en un lapso de cuatro años, perjudican a ambas partes, tanto al trabajador como a la entidad pública.

Ramón Díaz Ávila explica que su propuesta busca el establecimiento de un límite a la generación de salarios vencidos, combatir la indebida práctica de prolongar a través de argucias legales la duración de los juicios laborales, concientizar a las partes involucradas en el litigio a dirimir en un corto plazo, a través de la vía de conciliación, y desahogar futuras controversias laborales.

"Con esta reforma, contribuiríamos a dar una mayor agilidad y resolución en las demandas, ya que al establecerse el pago máximo de doce meses desde el momento de la separación del trabajador, generaría una posición equilibrada que motivaría a las partes poner fin de manera pronta al procedimiento", señala el legislador.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.

XALAPA, VER.- La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó ante la Diputación Permanente una Iniciativa de Decreto que reforma la Fracción IX del Artículo 60 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para que la Comisión edilicia para la Igualdad de Género, además de impulsar la creación del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), mantenga una estrecha vinculación con el mismo, a fin de garantizar las condiciones para el puntual y eficiente cumplimiento de sus atribuciones.

En el uso de la voz, la legisladora señaló que, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la pandemia por Covid-19 propició un incremento de la violencia familiar en contra de las mujeres en 5.3 por ciento. Asimismo, la Red Nacional de Refugios reportó que las solicitudes para acceso de albergues para mujeres y víctimas de violencia aumentaron 12.71 por ciento en el nivel nacional.

Los municipios representan el primer contacto de la ciudadanía con las autoridades, indicó Armenta Oliveros y consideró que en este contexto debe fortalecerse la normativa para generar condiciones que se encaminen hacia la prevención, atención, sanción y erradicación de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y niñas.

En este sentido, señaló la legisladora, es necesario fortalecer la relación del IMM con la Comisión Municipal para la Igualdad de Género para una aplicación más rápida y eficiente de los programas estatales y federales en la materia, a fin de tener un presupuesto adecuado que permita ampliar la cobertura de los servicios jurídico, médico, psicológico y emocional, para beneficio de las mujeres.

Aclaró que no se trata de crear una oficina más dentro de la estructura de la administración municipal solo para dar cumplimiento legal a la normativa, sino de estar pendiente de su funcionamiento.

“Los institutos constituyen una herramienta para que las mujeres tengan un espacio en el que se les atienda, escuche, oriente y, sobre todo, en el que se construyan y ejecuten políticas públicas con perspectiva de género con las cuales se logre reducir y terminar con la terrible brecha de desigualdad que todavía sigue imperando, pese a los significativos esfuerzos legales e institucionales que se han dado”, finalizó.

A la iniciativa se adhirieron el Grupo Legislativo de Morena y las diputadas Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre. Para su estudio y dictamen, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y para la Igualdad de Género.