Patricia Aguilar Pardo/Veracruz, Ver.- El Secretario General de la sección 128 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Lorenzo Piedra García, reveló que la alta demanda de energía eléctrica provoca que los transformadores no abastezcan lo suficiente para brindar un buen servicio.
El líder de los electricistas confirmó el cambio que se realiza la sustitución de transformadores por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona conurbada.
Son alrededor de siete transformadores diarios los que se están cambiando en toda la conurbación, comentó.
"Se están sustituyendo, pero como ha crecido la "mancha poblacional", desafortunadamente hay muchos edificios que en su momento pasan, pero no se ven y están afectando porque habría que ver la capacidad de los transformadores, entonces si la capacidad no es de acuerdo a como se está haciendo la infraestructura, pues esto rebasa a la energía", explicó.
El dirigente de los electricistas agregó que por tal motivo, ahora la CFE vigila que cada edificio o fraccionamiento que se levante, esté de acorde a la energía que necesita y no afecte a los usuarios de los alrededores, ya que no había orden en este sentido.
Piedra García también aseguró que ahora con esta nueva administración se tiene una nueva dinámica de trabajo y se da mantenimiento y cambio de transformadores que ya están obsoletos.

XALAPA, VER.- La diputada Itzel Yescas Valdivia presentó al Pleno de la LXVI Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud de Veracruz y que abroga la Ley Relativa a la Prostitución y Profilaxis Social, con la finalidad de dignificar el trabajo sexual y establecer que corresponde a las autoridades municipales definir y autorizar las zonas de tolerancia en las que se realice esta actividad.

La propuesta, coautoría del diputado Enrique Cambranis Torres, fue turnada para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.

De acuerdo con la iniciativa, se reformaría la fracción VIII del apartado B del artículo 3, para dejar de llamarlo prostitución, y en su lugar se establecería que en materia de salubridad local, corresponde al Gobierno el control sanitario del trabajo sexual y las zonas de tolerancia.

También, se crea el capítulo X Bis, "Del trabajo sexual y las zonas de tolerancia", definiendo al Trabajo Sexual como la actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otro bien.

Dispone que toda persona que ejerza el trabajo sexual debe sujetarse a las medidas y formas de control que la Dirección de Salubridad Local establezca, así como a la autoridad municipal correspondiente. Además, que debe conocer y utilizar las medidas preventivas para evitar el contagio o transmitir enfermedades, por contacto sexual.

Por otra parte, prohíbe el ejercicio del trabajo sexual a personas menores de edad y determina que corresponde a las autoridades municipales definir y autorizar las zonas de tolerancia en las que se realice esta actividad.

El trabajo sexual no podrá ejercerse cerca de áreas habitacionales, escuelas, oficinas públicas, centros culturales, religiosos y deportivos, y queda prohibido el acceso de menores de edad al interior de establecimientos comerciales de esta índole.

En su intervención, la legisladora Itzel Yescas subrayó que es deber del Estado reconocer aquellos derechos que tiene los seres humanos por el simple hecho de serlo, "sin embargo, derechos como la igualdad, la seguridad, el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación por preferencias sexuales, derechos sexuales y de reproducción, la no discriminación de género, el trato digno, entre otros, no son respetados en la práctica ni reconocidos en su totalidad".

Aseveró que en la actualidad el trabajo sexual se caracteriza por ejercerse dentro de un contexto complejo de discriminación social y laboral, que se determina por los prejuicios, la estigmatización, el rechazo, la pobreza y la falta de oportunidades en el mercado de empleo formal.

Asimismo, la legisladora se pronunció porque Veracruz regule las zonas de tolerancia, donde las y los trabajadores sexuales puedan ejercer su trabajo de una forma digna, teniendo acceso a la seguridad pública, a centros de salud, a farmacias y a métodos de protección contra enfermedades de transmisión sexual, entre otros.

"Las y los diputados del PAN buscamos dar los primeros pasos para la dignificación en Veracruz de la que se considera la profesión más antigua del mundo, dejando de llamarla prostitución, para reconocerla como una actividad laboral y ser el segundo Estado mexicano reconociéndola como trabajo sexual, después de Querétaro", concluyó.

A la iniciativa se adhirieron los integrantes de los grupos legislativos de Morena y del PRI. A título personal, las diputadas Verónica Pulido Herrera y Ruth Callejas Roldán, así como los legisladores Miguel David Hermida Copado, Jaime Enrique de la Garza Martínez, Juan Enrique Santos Mendoza, Othón Hernández Candanedo, Ramón Díaz Ávila, José Luis Tehuintle Xocua y Hugo González Saavedra.

XALAPA, VER.- Mediante una iniciativa para reformar el Código Penal del estado, el diputado Paul Martínez Marie propuso a este Congreso actualizar las penas a que se haga acreedora la persona que cometa el delito de Cobranza Ilegítima, con la elevación a hasta cuatro años de prisión y de hasta 600 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), incluyendo la utilización de medios impresos o digitales para la exhibición y difusión de los datos personales del deudor o familiares de éste.

En la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el legislador expuso que, de manera indebida, empresas y personas que se dedican a dar préstamos en efectivo se apropian de los datos personales de sus clientes y hacen uso ilegal de los mismos para presionar el pago de créditos arbitrarios. Una de las tácticas de extorsión más frecuentes, indicó, es el envío masivo de mensajes a los contactos de sus clientes en redes sociales, usando una fotografía del mismo y leyendas que lo exhiben y señalan.

También señaló que las amenazas, difamaciones, videos y fotografías que publican los prestamistas o cobradores en las redes sociales para extorsionar a quienes solicitan un préstamo mediante apps o de manera personal generan un daño psicológico, violentan a las víctimas en su autoestima, personalidad, valores y forma de relacionarse con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Paul Martínez Marie estimó también que el derecho a la vida privada puede vulnerarse con los actos de hostigamiento, amenazas o violencia que llevan a cabo personas físicas y morales, con la utilización de datos e información privada, para cobrar deudas contraídas con particulares o instituciones de crédito.

Dichos actos ilegales –prosiguió el Diputado- generan en el deudor un ambiente hostil por ser sometido a una valoración social indebida por exhibir su deuda y morosidad y pone en riesgo su integridad y patrimonio al ser expuestos su domicilio y sus bienes, por lo que, consideró, estas acciones de los acreedores deben cesar.

A esto añadió información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), según la cual, en 2017 se registraron 22 mil 344 reportes de prácticas indebidas de cobranza, en 2020 aumentó a 27 mil 752 quejas y en 2022 el número incrementó a 39 mil 672.

La propuesta de reforma consiste en que a quien, con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea personalmente o por medios ilegítimos, exhiba datos personales del deudor o familiares de éste, se valga del engaño o efectúe actos de hostigamiento o intimidación en contra del deudor, de quien funja como aval de éste o de quien haya servido como referencia, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y una multa de 200 a 600 UMAs, además de las sanciones que correspondan si, para tal efecto, se emplearon documentos o sellos falsos, se usurparon funciones públicas o de profesión, o si se utilizó cualquier medio impreso o digital para la difusión de los datos personales del deudor o familiares de éste.

Con la adhesión del Grupo Legislativo de Morena, de las diputadas Tania María Cruz Mejía, Citlali Medellín Careaga, Maribel Ramírez Topete y Ruth Callejas Roldán, además de los diputados Juan Enrique Santos Mendoza, José Luis Tehuintle Xocua y Ramón Díaz Ávila, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 173 ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.