BOCA DEL RIO, VER.- El Delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ha anunciado que en los próximos días se divulgarán los detalles de los operativos de pago destinados a los adultos mayores y personas con discapacidad en Veracruz. Estos pagos corresponden al periodo de septiembre-octubre y forman parte de programas que otorgan 4,800 pesos bimestrales a los adultos mayores de 65 años y 2,875 pesos a las personas con discapacidad.

Huerta subrayó que aún no hay comunicación oficial por parte del gobierno por lo cual pidió a la población no hacer caso a quienes presenten información de fechas, orden o lugares donde se realizarán los pagos.

En Veracruz más de un millón de adultos mayores son beneficiarios de este programa y cerca de 100 mil personas con discapacidad.

El Delegado celebró que este día el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador presentará una iniciativa para reformar la constitución a fin de oficializar que se reduzca la edad mínima a 65 años para tener derecho a incorporarse a este programa.

Asimismo, a nivel nacional, el funcionario afirmó que 12 millones de adultos mayores reciben el beneficio de esta pensión que es constitucionalmente universal. También recordó que en Veracruz la pensión para personas con discapacidad es universal y actualmente están en espera que el Gobierno Estatal entregue los recursos para el pago de los bimestres septiembre-octubre.

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se suspendieron actividades de ocho empresas gaseras en la zona norte del estado, durante un operativo, luego de que no pudieran comprobar que su actividad es legal, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien dijo que estaban operando fuera de la ley.

Detalló que en este operativo coordinado con la Fiscalía General de la República, como parte de la lucha contra el huachicol de gas se revisaron 11 puntos de venta al pública en los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla y Castillo de Teayo.

"Un operativo que se había acordado en la mesa de Construcción de la Paz para revisar las empresas de venta de gas al público, fue revisión coordinada con FGR y se llevó a cabo este operativo en 11 lugares, once visitas, en Poza Rica dos, Tihuatlán dos, Coatzintla tres y Castillo de Teayo 2".

En ese sentido, refirió que se hicieron 8 suspensiones que deben regularizar su operación, dos se les dio plazo y una quedó pendiente por revisar pues no había personal.

"Tiene que ver con los operativos que se han hecho allá, pues sospechamos que uno de las principales actos ilícitos que se llevan a cabo es el robo del gas y su venta ilegal. Vamos a continuar estos operativos, será de manera continua, estaremos indagando y revisando estos lugares".

Y es que, dijo, deberán demostrar a quién le compran el gas, a quién se lo venden y cómo lo facturan.

Hora cero

La sumisión del rector

Luis Alberto Romero

Como si el cumplimiento de la ley debiera someterse a la consideración del Consejo Universitario General, el rector de la máxima casa de estudios en Veracruz, Martín Aguilar Sánchez, recurrió a dicha instancia para lograr que se le autorizara a negociar el presupuesto con los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Se trató de una sesión extraordinaria del CUG, ante cuyos integrantes el rector dijo que debía buscarse el diálogo con el gobierno estatal, para que se cumpla lo establecido en la Constitución en materia de presupuesto para la UV.

El Artículo 10 de la Constitución de Veracruz establece que los recursos anuales asignados a la Universidad deben ser equivalentes al 4 por ciento del presupuesto general del Estado.

A punto de entrar al sexto y último año de la actual administración, la UV nunca ha recibido esos recursos.

El rector Aguilar Sánchez fue designado en dicho cargo para un periodo de cuatro años, que inició el 1 de septiembre de 2021.

En teoría, a Martín Aguilar le ha tocado la negociación de tres presupuestos, pero en ninguno de ellos la Universidad ha logrado avanzar en el monto anual que ejerce. Por eso llamó la atención el discurso del rector: "me pronuncio por mantener la exigencia legal y legítimamente viable de que el Gobierno del Estado cumpla con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Veracruz, y asigne a la UV el 4 por ciento de su presupuesto total"; y es que esa "exigencia" nunca ha sido parte ni del discurso ni de la agenda del rector, quien se ha caracterizado por la genuflexión ante el gobierno estatal.

Recordemos que a mediados de diciembre de 2022, en el marco de una sesión del Consejo Universitario General de la UV el rector Martín Aguilar habló de los resultados de las negociaciones sobre la asignación del presupuesto a la UV durante 2023; y dijo que la institución tendría que aceptar los recortes planteados por el gobierno estatal, a efecto de no llegar a un desencuentro con la administración de Cuitláhuac García.

Hubo voces de académicos que se expresaron contra los recortes al presupuesto y alertaron sobre el golpe que recibía la Universidad en materia de presupuesto.

En esa sesión trascendió que el gobierno estatal todavía adeudaba a la UV 124 millones 630 mil pesos, que correspondían a la institución en el ejercicio 2020; y 316 millones 80 mil pesos del ejercicio 2021.

Además, la UV dejó de percibir en 2022 la cantidad de 747 millones 10 mil pesos.

En suma, entre 2020 y 2022, la deuda del gobierno estatal con la Universidad Veracruzana superó los mil 187 millones 630 mil pesos, sin contar los 999 millones 950 mil que la Universidad dejó de recibir en 2023.

Hoy, el rector se envalentona con el discurso de la defensa del presupuesto; sin embargo, en los hechos se ha caracterizado por una posición sumisa, dócil, obediente, al permitir que la deuda del gobierno con la Universidad se dispare hasta ubicarse cerca de los 2 mil millones de pesos, recursos que pudieron ser útiles para garantizar la ampliación de la oferta educativa; el desarrollo científico, tecnológico y humanístico de la Universidad; y la inversión para el mantenimiento de las instalaciones y para la renovación del equipo informático.

@luisromero85