XALAPA, VER.- El diputado Juan Enrique Santos Mendoza presentó al Pleno de la LXVI Legislatura una iniciativa de Decreto ante el Congreso de la Unión, con la que propone adicionar el numeral cuatro al artículo 76 de la Ley General de Partidos Políticos para que al menos un 25 por ciento de los gastos de campaña que realicen las candidatas y candidatos deban ser destinados a la creación, planeación y desarrollo del anteproyecto o plan de trabajo que planeen ejecutar durante el transcurso del cargo para el que se postulan.

El legislador precisó que, de aprobarse su iniciativa, los beneficios serían que el llamado al voto se realice lo más apegado a los principios establecidos en la Constitución Federal, se aprovechará de mejor manera los recursos públicos destinados a gastos de precampaña y campaña, y existirá un precedente para medir el progreso y calificar el trabajo de sus funciones en el cargo desempeñado.

Previamente, Santos Mendoza explicó que el proceso electoral se divide en dos etapas, la precampaña y la campaña, en la cual los partidos políticos reciben recursos públicos para llevar a cabo actos y acciones de propaganda como lo son espectaculares, spots, mítines, entrega de volantes, trípticos y tarjetas, con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía la postulación de su candidatura, así como sus propuestas e ideas.

Agregó que este tipo de publicidad ayuda a dar a conocer el nombre del candidato de cada partido político, así como aquellos candidatos independientes cuyo objetivo será la obtención del voto, como lo establece el artículo 76 numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos.

Asimismo, dijo que estas erogaciones al finalizar la precampaña y campaña no traen beneficio alguno que justifique el correcto llamado al voto a los ciudadanos como lo plantea el principio de representación tal y como lo establece la Constitución Federal, puntualizó.

"Lo anterior porque una lona, una barda pintada, una gorra, una bandera, una playera o un evento con un grupo musical tiene más presencia como instrumento para llamar la atención que como valores e ideal político que representar, y menos aún como proyecto de gobierno o legislativo que lleve a cabo para contribuir a la solución de las problemáticas y demandas sociales una vez estando en el cargo".

Por consiguiente, el diputado Santos Mendoza considera conveniente reformar la Ley General de Partidos Políticos para que tanto el tiempo, como los recursos públicos, se empleen de mejor manera a fin de cumplir con el objetivo de llamar al voto con propuestas, ideas y proyectos de gobierno a modo de realmente representar a un territorio o segmento de la población.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen.

XALAPA, VER.- El diputado Luis Antonio Luna Rosales presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual exhorta a las 212 autoridades municipales del estado de Veracruz a dar puntual cumplimiento a lo que establece la Ley de Mejora Regulatoria estatal e implementar acciones de simplificación en los trámites y servicios y disminuir el costo económico y social en beneficio de la ciudadanía.

Al participar en el inicio de Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional, el legislador subrayó que la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado, en su capítulo quinto del título segundo, obliga a los municipios a integrar Consejos Municipales de Mejora Regulatoria y a expedir su normatividad en la materia.

También, añade, que el presidente municipal debe nombrar a un Comisionado Municipal de mejora regulatoria con la intención de tener coordinación y comunicación entre el Sujeto Obligado municipal y la autoridad de mejora regulatoria estatal; además, determinar las acciones, estrategias y lineamientos mediante las cuales se regirá la política de mejora regulatoria municipal.

El Diputado destacó que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), a través de la Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria (COMEVER), ha realizado acciones de socialización a través de la capacitación a 47 municipios con un total de 318 funcionarios públicos, realizando cuatro Foros Regionales de Consulta Pública, para el análisis de trámites y servicios municipales, donde hubo la participación de 53 municipios de las regiones Olmeca, Tuxtlas, las Montañas y Xalapa.

Así también, se cuenta con cuatro Grupos Técnicos de Trabajo integrados por 62 municipios, 18 cámaras y organismos empresariales y 12 instituciones educativas de las regiones antes expresadas.

Luna Rosales indicó que de acuerdo con datos de la COMEVER, del total de las 212 administraciones municipales de la entidad, se cuenta con 93 Enlaces Municipales de Mejora Regulatoria y 13 Consejos Municipales de Mejora Regulatoria en Alto Lucero, Coatzacoalcos, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Jilotepec, Orizaba, Perote, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Teocelo, Veracruz y Xalapa.

Agregó que únicamente los municipios de Córdoba, Poza Rica y Veracruz cuentan con un Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria actualizado y publicado.

Asimismo, aseveró que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 contiene en el programa presupuestario Mejora Regulatoria Estatal, la estrategia de promover las inversiones en la entidad a nivel nacional e internacional, propiciando su desarrollo sostenible, la generación de empleos formales, así como el apoyo al sector microempresario y emprendedor mediante la gestión de recursos públicos y privados, que permita generar mejores condiciones económicas para la población de Veracruz.

El también secretario de la Comisión de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico dijo que la falta de una política de mejora regulatoria provoca que la ciudadanía tenga que realizar trámites y servicios con requisitos y cobros excesivos; tiempos de respuesta prolongados y abusos de poder por parte de las autoridades, "afectando negativamente la percepción ciudadana sobre el desempeño público, incidiendo en una pérdida de capital y desmotivación en el emprendimiento formal".

Por último, manifestó que la Política de Mejora Regulatoria tiene como principales beneficios a las y los ciudadanos, por lo que no hay motivo para que autoridades municipales incumplan con la ley.

XALAPA,VER.- El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que exhorta a autoridades del estado y la federación a presentar a este Congreso un informe en el cual determine la viabilidad y eficiencia del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición final de aguas residuales que presta Urbanizadora Medellín S. A. de C. V., en los fraccionamientos Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, ubicados en dicho municipio.

En el Acuerdo, resultado del Anteproyecto presentado el pasado 18 de abril por el diputado José Magdaleno Rosales Torres, se solicita la citada información al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, a las secretarías de Salud (SS) y de Medio Ambiente (Sedema) y a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del estado.

Los integrantes de la Jucopo retoman lo expresado por el autor de la propuesta, diputado José Magdaleno Rosales, en relación con que actualmente en el municipio de Medellín de Bravo prevalece un asunto en el que, de no actuarse con responsabilidad y apego a legalidad, habría repercusiones adversas para la población.

Lo anterior, toda vez que el Ayuntamiento de Medellín solicitó al Congreso del Estado autorización para celebrar Convenio de Colaboración Institucional con Urbanizadora Medellín S. A. de C. V., para otorgar una concesión de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales de los fraccionamientos mencionados.

La situación descrita por el representante popular ha provocado inconformidades de residentes y comerciantes de esa zona por las deficiencias que, en el devenir de los años, se han evidenciado como producto de la falta injustificada del suministro, poca presión o pésima calidad del vital líquido. Aunado esto a la insuficiente infraestructura para proporcionar el servicio en dos zonas habitacionales donde residen miles de familias, por parte de la empresa, al amparo de un Título de Concesión expedido por la Conagua, de fecha 29 de noviembre de 2004.