PLUMA NEGRA

Ignacio Alvarez

La suerte de Adán

Adán Augusto López Hernández enfrenta su suerte en tierra ajena. En Veracruz donde no es aceptado por los morenistas oficiales, la corcholata más cercana al Presidente, padece las consecuencias de malas vibras, apenas el 25 de julio perdió a su operadora en la zona norte; Zayma Zoraya Zamora García quien fue asesinada al llegar a su domicilio en Poza Rica. El pasado viernes 28, su amigo y patrocinador, Daniel Flores Nava, cayó al mar cuando regresaba de Veracruz a Toluca vía aérea, también murieron sus dos pilotos.

Adán Augusto de 59 años, inició su carrera en el PRI en Tabasco, luego fue diputado local por el PRD, ha sido diputado federal y senador, además de gobernador de su estado, cargo que dejó para ocupar la Secretaría de Gobernación a la que renunció para buscar la candidatura a la Presidencia por MORENA; tarea que se le ha dificultado, principalmente por el rechazo de algunos estados y la mala suerte que le acompaña, sobretodo en Veracruz.

En menos de una semana, en el mismo estado Adán Augusto perdió a dos de sus operadores, la mujer de Poza Rica, una operadora local, que no impactó a nivel nacional; sin embargo, la caída del Avión Cessna 650 con su amigo Daniel Flores Nava abordo sí, lo obligó a detener sus actividades proselitistas, propios y extraños voltearon la mirada a rápida y creciente fortuna del empresario.

Daniel Flores Nava, era Director General de la empresa Proyecta nacida en el 2011, misma que estaba involucrada con PEMEX como contratista en la Refinería de Dos Bocas y su carrera destacó más con la llegada de Adán Augusto al Gobierno de Tabasco, aunque éste lo niegue como operador financiero.

Lo cierto es que la precampaña de la corcholata más cercana al Presidente, padece de un maleficio, que no sólo ha causado dos bajas significativas en su equipo, sino que también se evidencian negocios con el dueño del avión caído en las costas de Veracruz la noche del viernes, después de que el empresario lo acompañó a una gira por las Altas Montañas.

Y si recordamos muertes trágicas en aviones, el secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, Martín Huerta perdió la vida el 21 de septiembre del 2005 al caer el helicóptero en el que viajaba junto con seis colaboradores; luego, la caída del avión en pleno paseo de Reforma en la Cuidad de México el 4 de noviembre del 2008, con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y sus colaboradores abordo y en el 11 de noviembre del 2011, el también secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora y siete de sus colaboradores perdieron la vida al caer el helicóptero en el que viajaban a Cuernavaca.
Ahora, la suerte de Adán Augusto, debe ser revertido con información real que lo deslinde de los presuntos malos pasos de sus amistades y sorprender con propuestas y equipos innovadores que hasta el momento ninguna de las corcholatas lo ha logrado.

Articulista Invitado

Los abrazos de AMLO y los 45 mil narcotraficantes

Por Héctor Yunes Landa

La cifra es brutal: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) suman alrededor de 45 mil miembros en más de 100 países, tienen presencia en todos los estados de la Unión Americana, controlan la tercera parte de nuestro país y son quienes operan el mercado de fentanilo en el mundo.

Según información de inteligencia difundida por la Administración Federal Antidrogas (DEA), ambos cárteles operan mundialmente con 26 mil y 18 mil 800 elementos, respectivamente.

Esto significa que estas organizaciones criminales tienen un estado de fuerza conjunto de aproximadamente 45 mil miembros, equivalente a casi todos los elementos de la Marina Armada de México y poco menos de la mitad de la Guardia Nacional.

Nada de eso hubiera sido posible sin la concesión del Presidente López Obrador de 'abrazos y no balazos', misma que ha significado un cheque en blanco para la expansión económica y territorial de los cárteles en México, y un pasaporte para su crecimiento por todo el mundo.

Por ello, López Obrador debería estar muy agradecido con la DEA. Las cifras favorecen a un gobierno que ha sido devorado por el huevo de la serpiente que él mismo incubó.

A decir verdad, los cálculos que hace la titular de la DEA, Anne Milgram, resultan bastante conservadores si consideramos que este fin de semana alcanzamos la escalofriante cifra de ¡162 mil homicidios vinculados a la delincuencia organizada!

¿Acaso han muerto cuatro veces más personas a causa de la violencia provocada por la delincuencia organizada que los que actualmente se dedican a ella?

Las cifras presentadas por la DEA se alejan de la realidad. Los 45 mil elementos de ambos cárteles implicarían que, en promedio, en cada estado del país se asientan algo así como mil 500 delincuentes que se dedican a la extorsión, el secuestro, las ejecuciones, el trasiego de droga, el huachicol y una infinidad de actividades ilícitas.

¿En verdad, estados como Michoacán, Guerrero, Colima, Tamaulipas y, por supuesto, Veracruz tienen esta pequeña cantidad de delincuentes? Imposible.

En el caso de Veracruz, un informe sobre la presencia del crimen organizado advierte sobre la operación de siete grupos criminales en el estado. Estos grupos acaparan el 42 por ciento del total de los municipios, principalmente en alcaldías gobernadas por Morena. No lo digo yo, parafraseando al Presidente.

El estudio realizado por AC Consultores, confirma que hay presencia del crimen organizado en 89 de los 212 municipios veracruzanos. En toda la entidad se contabilizan 127 presencias delictivas, ya que en estos municipios pueden operar más de una organización criminal, eso sin contar la complicidad de elementos de las policías estatal y municipales.

Además, según los documentos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya, el 70 por ciento de la extensión territorial de Veracruz está ocupada por la delincuencia organizada.

El Presidente debe agradecer el optimismo de la DEA y sus estimaciones. El número de narcotraficantes en México y su capacidad de fuego es muy superior a lo que revelan estos informes.

Lo más importante para López Obrador es que la delincuencia organizada suele "portarse muy bien" en los procesos electorales donde resultan ganadores los candidatos de Morena.

La puntita

El cambio de medida cautelar de la ex comisionada presidenta del IVAI confirma que se trata de un preso político. La liberación de Rogelio Franco y Tito Delfín es cuestión de tiempo.

Medellín de Bravo, Ver. Tomando como pretexto un tema que compete exclusivamente a las autoridades laborales, ex obreros del extinto SAS -en donde estarían infiltradas personas ajenas al movimiento y con antecedentes criminales-, están incurriendo en actos de violencia que pudieran desbordarse en un conflicto de graves consecuencias, afectando el desarrollo social y económico de miles de ciudadanos de Medellín de Bravo.

Los últimos hechos registrados el viernes pasado, en donde una turba enardecida violentó al diputado local Fernando Arteaga Aponte, así como a funcionarios y policías municipales -tras participar en la sesión de Cabildo que dio fin a la sociedad del ayuntamiento con Grupo MAS-, confirman que dicho movimiento no es pacífico, como lo pregonan su dirigente Angélica Navarrete y el diputado Maleno Rosales.

Al contrario, fue evidente que el propósito perverso de ambos personajes fue reventar la sesión de Cabildo para impedir lo que ellos mismos habían solicitado en su plantón realizado frente al palacio medellinense, al que fueron acarreados personas de otros municipios, algunos de ellos identificados con antecedentes penales.

Se sabe que la idea central de la dupla es desestabilizar la paz social del municipio, con fines estrictamente de revanchismo político-preelectoral, sin pensar en las graves afectaciones que pudieran causar a los miles y miles de ciudadanos que se verán beneficiados con la determinación tomada por la administración de Marcos Isleño Andrade de desligarse de Grupo MAS.

Fue el propio diputado Fernando Arteaga Aponte, presidente de la comisión del Agua del Congreso del Estado, quien denunció públicamente los actos de violencia en su contra por parte de los seguidores de Maleno Rosales y Angelica Navarrete, quienes acusan al legislador de traidor, pese a que fue él quien promovió y coadyuvó para concretar la salida de Medellín de la sociedad con Grupo MAS, lo que desde siempre habían demandado los ex trabajadores del SAS.

Basta recordar que SAS se extingue en el 2016 por su incosteabilidad para operar debido a que el 80% de los ingresos se destinaban a pagar la abultada nómina sindical con altas prestaciones económicas contenidas en un contrato colectivo de trabajo superior comparativamente a los de PEMEX y CFE.

Se sabe que desde el 2016, tras la entrada en operaciones de Grupo MAS, los liquidadores pusieron a disposición de las autoridades laborales la liquidación de los ex trabajadores -1100 sindicalizados y 400 de confianza- en cheques nominativos que sólo una tercera parte aceptó recibir en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

A la fecha, los recursos para la liquidación de los ex trabajadores están a disposición de las autoridades laborales en Grupo MAS para continuar con las indemnizaciones.

Sin embargo, las reclamaciones actuales no son por la falta de liquidación de los ex obreros, sino que Angelica Navarrete insiste en reclamar una reinstalación en una empresa que ya no existe.

De esta forma, al retomar la operación del sistema de agua tras su salida de Grupo MAS, el ayuntamiento de Medellín no está obligado ni en condiciones de contratar a todos los ex trabajadores, ni de pagar prestaciones económicas que harían inviable su operación en perjuicio de los miles de usuarios.