Medellín de Bravo, Ver. Tomando como pretexto un tema que compete exclusivamente a las autoridades laborales, ex obreros del extinto SAS -en donde estarían infiltradas personas ajenas al movimiento y con antecedentes criminales-, están incurriendo en actos de violencia que pudieran desbordarse en un conflicto de graves consecuencias, afectando el desarrollo social y económico de miles de ciudadanos de Medellín de Bravo.
Los últimos hechos registrados el viernes pasado, en donde una turba enardecida violentó al diputado local Fernando Arteaga Aponte, así como a funcionarios y policías municipales -tras participar en la sesión de Cabildo que dio fin a la sociedad del ayuntamiento con Grupo MAS-, confirman que dicho movimiento no es pacífico, como lo pregonan su dirigente Angélica Navarrete y el diputado Maleno Rosales.
Al contrario, fue evidente que el propósito perverso de ambos personajes fue reventar la sesión de Cabildo para impedir lo que ellos mismos habían solicitado en su plantón realizado frente al palacio medellinense, al que fueron acarreados personas de otros municipios, algunos de ellos identificados con antecedentes penales.
Se sabe que la idea central de la dupla es desestabilizar la paz social del municipio, con fines estrictamente de revanchismo político-preelectoral, sin pensar en las graves afectaciones que pudieran causar a los miles y miles de ciudadanos que se verán beneficiados con la determinación tomada por la administración de Marcos Isleño Andrade de desligarse de Grupo MAS.
Fue el propio diputado Fernando Arteaga Aponte, presidente de la comisión del Agua del Congreso del Estado, quien denunció públicamente los actos de violencia en su contra por parte de los seguidores de Maleno Rosales y Angelica Navarrete, quienes acusan al legislador de traidor, pese a que fue él quien promovió y coadyuvó para concretar la salida de Medellín de la sociedad con Grupo MAS, lo que desde siempre habían demandado los ex trabajadores del SAS.
Basta recordar que SAS se extingue en el 2016 por su incosteabilidad para operar debido a que el 80% de los ingresos se destinaban a pagar la abultada nómina sindical con altas prestaciones económicas contenidas en un contrato colectivo de trabajo superior comparativamente a los de PEMEX y CFE.
Se sabe que desde el 2016, tras la entrada en operaciones de Grupo MAS, los liquidadores pusieron a disposición de las autoridades laborales la liquidación de los ex trabajadores -1100 sindicalizados y 400 de confianza- en cheques nominativos que sólo una tercera parte aceptó recibir en la Junta de Conciliación y Arbitraje.
A la fecha, los recursos para la liquidación de los ex trabajadores están a disposición de las autoridades laborales en Grupo MAS para continuar con las indemnizaciones.
Sin embargo, las reclamaciones actuales no son por la falta de liquidación de los ex obreros, sino que Angelica Navarrete insiste en reclamar una reinstalación en una empresa que ya no existe.
De esta forma, al retomar la operación del sistema de agua tras su salida de Grupo MAS, el ayuntamiento de Medellín no está obligado ni en condiciones de contratar a todos los ex trabajadores, ni de pagar prestaciones económicas que harían inviable su operación en perjuicio de los miles de usuarios.
