Hora Cero
La revisión a la cuenta pública de 2022 en Veracruz
Luis Alberto Romero
En menos de un mes, durante la primera semana de octubre, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, ORFIS, entregará al Congreso el informe ejecutivo y los informes individuales de la cuenta pública de 2022.
El órgano auditor afina los procesos de auditoría y revisa a detalle el ejercicio de los recursos públicos, y los demás de la deuda, disciplina financiera, adquisiciones y obra pública de los entes municipales y estatales, así como de los autónomos.
A finales de junio pasado, la auditora general, Delia González Cobos, declaró que la revisión a la cuenta pública de 2022 llevaba un avance del 40 por ciento.
Al inicio de mayo, la titular del ORFIS precisó que todos los ayuntamientos estaban al corriente en sus entregas de documentos de dicha cuenta pública.
El cronograma de la fiscalización de la cuenta 2022 indica que entre el 22 de julio y el último de septiembre, el órgano auditor tendría que elaborar los informes de fiscalización, para presentarlos al Congreso a más tardar el primer día de octubre del presente año.
El dictamen de aprobación del Congreso tendrá que concretarse a más tardar el último día de octubre.
Iniciará entonces el calvario que enfrentan cada año los alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros, contralores y directores de obras públicas en los municipios con observaciones, que generalmente es la mayoría de los 212.
De forma reciente, el ORFIS dio a conocer que en el proceso de seguimiento a las observaciones de las cuentas públicas correspondientes a 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 se habían presentado 183 denuncias penales por un presunto daño patrimonial que supera los 2 mil 224 millones de pesos.
La mayoría de los recursos observados: más de 2 mil 29 millones de pesos, corresponden a presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos de autoridades que estuvieron en funciones durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
En monto de las anomalías detectadas en 2017 superó los 852 millones de pesos, por lo que 25 ayuntamientos y 13 dependencias estatales fueron denunciados, en tanto que en 2018, las observaciones emitidas por el órgano auditor consignaron un presunto daño patrimonial de mil 177 millones de pesos.
Con toda seguridad, esos datos del daño patrimonial y esas denuncias del ORFIS ante la autoridad de procuración de justicia aumentarán con la revisión a la cuenta pública de 2022, que corresponde al primer año de las actuales autoridades municipales, y al cuarto ejercicio de la administración estatal.
De acuerdo con el reporte del órgano auditor, por cierto, entre 2011 y 2021, la fiscalización ha permitido recuperar recursos públicos por casi 2 mil millones de pesos. Entre 2007 y 2020, el presunto daño patrimonial en Veracruz supera los 35 mil millones de pesos.
Lo lamentable es que el monto recuperado es muy poco, con relación al cuantioso daño patrimonial provocado al erario público de Veracruz; y peor aún es el hecho de que son muy pocos los casos de ex alcaldes y ex funcionarios que han sido llamados a cuentas para que respondan ante la fiscalía.
Los más recientes casos son algunos duartistas encarcelados, pero fuera de ello, los ex alcaldes que han sido señalados por el ORFIS se pasean sin mayores problemas legales.
@luisromero85
