Xalapa, Ver.- La diputada Mariana Dunyaska García Rojas presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo a fin de exhortar al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) para que informe al Congreso del Estado sobre el monto invertido a la fecha en programas de mantenimiento de redes y sistemas de reserva, las obras ejecutadas, así como el total de recursos recaudados para el rescate del pico de Orizaba y explica el motivo de incumplimiento de entrega de recursos a la fundación “Salvemos el Pico de Orizaba”

Al exponer su anteproyecto durante la séptima sesión ordinaria, la legisladora dijo que de aprobarse este Acuerdo las autoridades municipales de Veracruz y de Medellín de Bravo deberán informar el estatus legal de las liquidaciones a ex trabajadores del extinto SAS. 

De igual forma se prevé solicitar la Fundación “Salvemos el Pico de Orizaba” informe al poder legislativo sobre el monto de los recursos entregados por el extinto SAS y las acciones realizadas con estos recursos, así como el monto de adeudo.

 Se incluye instruir al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) para que inicie las investigaciones y revisar la gestión de Grupo MÁS, así como la legalidad de la concesión y el cumplimiento de las metas de inversión.

 En tribuna, la diputada García Rojas subrayó que Grupo MÁS prometió que el agua llegaría a 39 mil familias; aunado a las constantes quejas de usuarios sobre la duplicidad de recibos y el incremento del costo, por lo que –consideró- este Grupo debe rendir cuentas al Congreso del Estado y entregar la información que precise su gestión.

 Tras iniciar su funcionamiento este grupo metropolitano, refirió la legisladora, se habló de una inversión millonaria por más de 10 mil millones de pesos, de los cuales al menos cuatro serían para mantenimiento de redes y programas de infraestructura. Sin embargo a más de un año no hay beneficios para los usuarios, aseguró.

Al referirse al consorcio denominado Grupo MÁS, la diputada Mariana Dunyaska recordó que la empresa Odebrecht  tiene investigaciones en países como Panamá, Perú, Venezuela, Colombia y República Dominicana, por supuestos sobornos en diversos que le permitían asegurar contratos.

 Es necesario que el Congreso de Veracruz cuente con la información que permita una adecuada transparencia y rendición de cuentas, concluyó.

Xalapa, Ver.- Al presentar su pronunciamiento sobre la detención del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Dulce María García López y el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) Juan Manuel de Unánue Abascal coincidieron en que esta aprehensión fue un logro de Veracruz y del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien interpuso las denuncias correspondientes en abril de 2016 ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR). 

Estas denuncias fueron la base para que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) atrajera las investigaciones del desfalco cometido por el ex mandatario, argumentaron durante la séptima sesión ordinaria, del primer receso de la LXIV Legislatura.

 La diputada Dulce García López expuso que hay dudas entre la sociedad sobre la detención del ex mandatario, pues más bien se prevé una estrategia para la elección en el Estado de México.

Es extraño –dijo la legisladora- que la esposa del exmandatario, la señora Karime Macías, no aparezca en la orden de aprehensión, lo que sin duda deja un gran desconcierto y un gran sospechosismo sobre el proceder de la fiscalía federal, tomando en cuenta que ella fue artífice en la conformación de múltiples empresas e inclusive en el uso de dinero de procedencia ilícita.

 “Mismo que inclusive fue objeto de una investigación del periódico Reforma donde se acredita que la señora gastó 8 millones de pesos tan solo en compra de ropa y alhajas” agregó.

 Refirió que la PGR debe hacerle justicia a los veracruzanos aplicando lo contenido en los numerales 111 y 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir la restitución de los bienes inmuebles a la víctima que en este caso es el pueblo veracruzano, así como también el aseguramiento y congelamiento de cuentas bancarias.

 Subrayó que las diputadas y diputados no pueden ser omisos a todo el daño que sufrió Veracruz, “como veracruzanas y veracruzanos exijamos que se llegue a las últimas consecuencias y sobre todo que se subsane el daño que tiene sumido a nuestro Estado en la peor crisis financiera y respaldemos las decisiones del Gobernador, para que la palabra Honorable sea un calificativo veraz de la actual Sexagésima Cuarta Legislatura”.

 El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal expresó que la aprehensión del exgobernador Javier Duarte es solo el inicio para desintegrar al grupo que tanto daño hizo a Veracruz. “Desde el Congreso del Estado aseguramos que la exigencia de justicia parará hasta que él y sus cómplices regresen lo robado, y sean sancionados con toda severidad”.

 “Pugnamos para que la PGR recupere el dinero que Duarte se llevó. Que ésta no sea una medida de oportunismo político sino de justicia. Veracruz sanará, como siempre lo ha hecho en momentos de catástrofe. Y a todos aquellos que contribuyeron al daño provocado a la entidad, les decimos: la justicia está por alcanzarlos” advirtió. 

El legislador indicó que Duarte de Ochoa dio entrada al peor momento que ha vivido Veracruz, convirtiéndolo ahora en el tercer estado más pobre, en el tercero con mayor endeudamiento y que hoy todos estamos pagando las consecuencias. 

En el Gobierno de Javier Duarte los homicidios incrementaron 158 por ciento, una cifra sin precedente, expuso Juan Manuel de Unánue, quien añadió que decenas de fosas clandestinas siguen siendo descubiertas, más de 14 mil restos óseos encontrados, 245 personas identificadas en ellas.

 “Más de 3 mil personas desaparecidas, miles de familias viviendo en la incertidumbre que deja la ausencia. Más de 500 víctimas de feminicidio sin reconocer, mujeres criminalizadas por haber sido violentadas, torturadas, golpeadas hasta la muerte”. 

El gobernador que llevaría a Veracruz “adelante”, sólo generó un estado de terror y represión contra los sectores que exigían lo justo. Desalojos violentos contra profesores, pensionados y estudiantes que se manifestaban contra su gobierno, fueron característica de su sexenio, sostuvo. 

Con la aprobación de la anterior legislatura, Javier Duarte contrató 12 créditos financieros, aumentando un 63 por ciento la deuda pública de Veracruz, planteó el diputado.  “A su llegada en 2010 la entidad debía 21 mil 500 millones de pesos, cifra que se elevó a 45 mil 776 millones en 2016”.

 Duarte de Ochoa comprometió casi el 80 por ciento de las participaciones federales para el pago de deuda pública, sostuvo el legislador.

 “Cometió incontables delitos y faltas, como la simulación de reintegros por 4 mil 770 millones de pesos, sólo de la cuenta pública 2014. El mal uso de los recursos públicos no sólo se vio reflejado en el excesivo endeudamiento, también en el desfalco financiero denunciado por la Auditoría Superior de la Federación por más de 35 mil millones de pesos”.

Xalapa, Ver. abril 18 de 2017.- “Con transparencia en la ejecución de obras y rendición de cuentas a los veracruzanos del empleo de cada peso que se ejerza, el estado acrecentará su infraestructura física y equipamiento destinado a la consolidación del nuevo sistema de justicia penal”, afirmó el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, al presentar el proyecto para la ejecución  del Fideicomiso signado por el gobierno estatal para el cumplimiento del compromiso 2244.

El titular del organismo autónomo detalló que derivado de las gestiones realizadas por el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares ante la Federación, se logró concretar en unos meses la reorientación de apoyos económicos que importan una inversión superior a los 199 millones de pesos, en el que participan de manera bipartita ambos niveles de gobierno.

“La aplicación de estos casi 200 millones de pesos es producto de la excelente coordinación que existe entre el gobierno federal y el estatal, mediante el cual Veracruz refrenda su compromiso con la transparencia, a través de la aplicación de estos recursos invaluables que se confían al estado, lo cual será garantizado por la existencia de candados en su aplicación; así como por indicadores que registrarán el avance físico de las obras y el cumplimiento de metas, a través de un calendario de sesiones y entrega de informes de ministración de recursos”.

En la ponencia del proyecto, Winckler Ortiz, en su calidad de miembro del comité técnico, explicó que se contempla la creación de seis obras magnas con las cuales la presente administración gubernamental garantizará la optimización de los servicios que presta a los veracruzanos en materia de aplicación del Sistema Penal Adversarial. 

Así, mediante la aplicación de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se construirán Centros Integrales de Justicia en Coatzacoalcos; dos en la ciudad de Veracruz, uno más en Orizaba; así como en Cosamaloapan y Poza Rica; a su vez, se realizará la remodelación de las oficinas centrales del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública y se equipará a la Dirección General de Servicios Periciales, para optimizar laboratorios en criminalística, balística, equipo de campo, dactiloscopia, genética química y toxicología, entre otros.

Los Centros Integrales de Justicia albergarán en su infraestructura a salas de juicios orales, de procuración de justicia, de servicio policiaco, los cuales cumplirán con estándares debidamente certificados, con lo que se acercará la justicia a la sociedad, al encontrarse en un solo recinto esta variedad de servicios jurídicos especializados.

“A diferencia de hace dos años, fecha original en la cual fue planeada su ejecución, esta nueva administración cumplirá los objetivos, al ejecutar y aplicar los recursos económicos en tiempo y forma, como debe ser, sin dar lugar a desvío de recursos, como sucedió en el pasado, porque es un compromiso de la fiscalía a mi cargo, castigar cualquier viso de mal uso del dinero que es de la sociedad”, finalizó el Fiscal del Estado.

Durante la primera sesión se instauró el Comité Técnico, que será presidido por el Gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, quedando conformado por el Secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán y titulares de la FGE, de la Mesa directiva del Congreso del Estado y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y Consejo Estatal de Seguridad Pública; así como de la Secretaría Técnica del Órgano de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).