Yhadira Paredes / Xalapa, Ver.- Dependerá del Departamento Jurídico del Congreso del Estado analizar en que se basa la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información contra la Ley de Transparencia local.
Así lo señaló el secretario de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado, José Ramón Gutiérrez de Velasco, al ser cuestionado en torno a que de acuerdo al INAI la ley en Veracruz aprobada por el actual Congreso local contraviene los principios de transparencia y acceso a la información previstos en la Constitución.
Entrevistado en Palacio de Gobierno, luego de una reunión con el gobernador Flavino Ríos Alvarado, señaló que no está involucrado en lo detalles legales de la iniciativa, ya que depende del área jurídica del Congreso.
Aseveró que si es un precepto legal que no fue considerado y si se determina que se tiene que corregir así se hará.
Es importante recordar que en días pasados el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dio a conocer que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la ley de transparencia de Veracruz.
Acusó que varios artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz contravienen los principios de transparencia y acceso a la información previstos en la Constitución.
Sin embargo, el diputado priista afirmó que la Ley es buena, que va a funcionar y que si hubo un error en el sustento legal se tendrá que corregir, ya que por esta situación "no se puede uno asustar".
Por otra parte, cuestionado en torno a la designación del tercer comisionado del IVAI, indicó que ya será la próxima legislatura, que entrará en funciones el próximo 5 de noviembre la que reciba la propuesta del gobernador en funciones, es decir Miguel Ángel Yunes Linares, proponga al tercer comisionado faltante en el Instituto.
Sin embargo, es importante mencionar que de acuerdo a la homologación en la ley de transparencia estatal con la federal, será el Congreso del Estado, el que designe al nuevo comisionado del IVAI y tendrá que emanar de la sociedad civil y no a propuesta del mandatario en turno.
Yhadira Paredes / Xalapa, Ver.- Se requieren al menos 75 millones de pesos para la adquisición de 12 hectáreas que ampliarían la superficie del Santuario Bosque de Niebla de Xalapa, informó Orlik Gómez García, gerente del Jardín Botánico.
En conferencia de prensa donde se dieron a conocer los pormenores de las actividades "La muerte en el Jardín" señaló que los responsables realizan las gestiones ante el gobierno entrante de Miguel Ángel Yunes Linares, los gobiernos municipales y líderes empresariales para obtener recursos que les permiten ampliar el Santuario.
El gerente del Jardín Botánico señaló que para la adquisición de 12 hectáreas que rodean al Santuario por lo que llevan a cabo una campaña permanente de obtención de fondos de los cuales apenas cuentan con 40 mil pesos.
"La actividad es bastante intensa y muchas de las actividades que estamos llevando a cabo tienen como finalidad obtener fondos para que vayan a la bolsa de esta campaña para adquirir nuevos terrenos aledaños al bosque de niebla".
Lamento la poca participación de la autoridad y la sociedad civil cuando de donar se trata, por lo que se trata de entusiasmar a la ciudadanía, a los investigadores del instituto a que en la práctica aporten para comprar este terreno.
Sin embargo, reconoció que desafortunadamente la cultura de la donación es muy básica.
Se estima que el bosque ampliado con 12 hectáreas va a poder captar más de 500 millones de litros de agua lo que podría generar que Xalapa sea una ciudad muy limpia considerando el importante número de vehículos que circula diariamente por ella.
Yhadira Paredes / Xalapa, Ver.- El abogado general de la Universidad Veracruzana, Alberto Islas Reyes, informó que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación derivada de la denuncia interpuesta hace nueve meses en la Fiscalía General del Estado por la retención de recursos destinados a la Máxima Casa de Estudios.
Entrevistado en Palacio de Gobierno, señaló que se registró una dilación en las acciones que llevaba a cabo el perito del caso, además de una inacción de la Fiscalía a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras.
El Abogado General de la Máxima Casa de Estudios indicó que la dependencia federal atrajo esta investigación desde el pasado 7 de octubre.
"Ya conseguimos que la PGR la atrajera y ya está en la Ciudad de México también, el día de ayer un abogado que trabaja conmigo y preguntando datos, están por radicarla porque, efectivamente, aquí en la Fiscalía por las razones que desconozco su integración se había vuelto muy lenta, entonces le pedimos que se atrajera y ya está en la PGR por los mismos hechos".
Islas Reyes adelantó que la denuncia que se presentó ante la PGR por la retención de recursos federales pertenecientes a la Universidad continúa pendiente la determinación, por lo que confió en que en breve se mande a declarar a siete ex titulares de la Sefiplan.
En ese sentido, el jurista sostuvo que en la Fiscalía fueron llamados a comparecer siete ex funcionarios de la Sefiplan, pero todos se reservaron su derecho a declarar.
"El perito te dice, es que no veo, que la letra sea más grande, mándame este documento, ahora acláramelo, ahora te pido este otro, la petición de documentos por parte del funcionario dilató la información, manda a citar a los ex secretarios, todos comparecen pero ejercieron su derecho de reservarse y no rindieron declaración".
Además, las dependencias y oficinas relacionadas con este tema también se negaron a dar información solicitada por el Fiscal, por lo que ya no era conveniente para la Universidad Veracruzana por lo que se pidió que se atrajera.
"Todos los ex secretarios se reservaron el derecho a declarar y están en su derecho, lo pueden hacer posterior, por escrito y hacer las aclaraciones necesarias".
El funcionario universitario sostuvo que si la PGR decide el ejercicio de la acción penal lo pondrá a disposición de un juez de distrito, quien analizará las carpetas de investigación y decidirá si otorga las órdenes de aprehensión contra quien resulte responsable.
Finalmente, el abogado de la UV detalló que se trata de dos líneas de investigación, una por la responsabilidad de los sujetos y la segunda por la reparación del daño, que es lo que está exigiendo la UV.
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