Yhadira Paredes / Xalapa, Ver.- El abogado general de la Universidad Veracruzana, Alberto Islas Reyes, informó que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación derivada de la denuncia interpuesta hace nueve meses en la Fiscalía General del Estado por la retención de recursos destinados a la Máxima Casa de Estudios.

Entrevistado en Palacio de Gobierno, señaló que se registró una dilación en las acciones que llevaba a cabo el perito del caso, además de una inacción de la Fiscalía a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras.

El Abogado General de la Máxima Casa de Estudios indicó que la dependencia federal atrajo esta investigación desde el pasado 7 de octubre.

"Ya conseguimos que la PGR la atrajera y ya está en la Ciudad de México también, el día de ayer un abogado que trabaja conmigo y preguntando datos, están por radicarla porque, efectivamente, aquí en la Fiscalía por las razones que desconozco su integración se había vuelto muy lenta, entonces le pedimos que se atrajera y ya está en la PGR por los mismos hechos".

Islas Reyes adelantó que la denuncia que se presentó ante la PGR por la retención de recursos federales pertenecientes a la Universidad continúa pendiente la determinación, por lo que confió en que en breve se mande a declarar a siete ex titulares de la Sefiplan.

En ese sentido, el jurista sostuvo que en la Fiscalía fueron llamados a comparecer siete ex funcionarios de la Sefiplan, pero todos se reservaron su derecho a declarar.

"El perito te dice, es que no veo, que la letra sea más grande, mándame este documento, ahora acláramelo, ahora te pido este otro, la petición de documentos por parte del funcionario dilató la información, manda a citar a los ex secretarios, todos comparecen pero ejercieron su derecho de reservarse y no rindieron declaración".

Además, las dependencias y oficinas relacionadas con este tema también se negaron a dar información solicitada por el Fiscal, por lo que ya no era conveniente para la Universidad Veracruzana por lo que se pidió que se atrajera.

"Todos los ex secretarios se reservaron el derecho a declarar y están en su derecho, lo pueden hacer posterior, por escrito y hacer las aclaraciones necesarias".

El funcionario universitario sostuvo que si la PGR decide el ejercicio de la acción penal lo pondrá a disposición de un juez de distrito, quien analizará las carpetas de investigación y decidirá si otorga las órdenes de aprehensión contra quien resulte responsable.

Finalmente, el abogado de la UV detalló que se trata de dos líneas de investigación, una por la responsabilidad de los sujetos y la segunda por la reparación del daño, que es lo que está exigiendo la UV.