Gutiérrez Zamora, Ver. 20 de julio de 2017.- La Comisión de Hacienda del Senado de la República le sirve a Veracruz, afirmó el presidente de este órgano legislativo, el senador Pepe Yunes Zorrilla.

El representante popular acompañó a la alcaldesa de Gutiérrez Zamora, Leticia Delong Capellini, a supervisar la remodelación y rehabilitación del Puente Bicentenario Paso de Barriles, obra en la que se invierten más de diez millones de pesos, producto de una ampliación presupuestal gestionada por el Senador de la República ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Además, esta obra representará un beneficio directo para los habitantes de las comunidades El Cepillo, Santa Rosa, Rafael Valenzuela y Paguas de Coronado.

Pepe Yunes explicó que el alcance de la obra fue extendiéndose conforme se llevaba a cabo. "De una acción que tenía que ver sólo con el remozamiento y la pintura, se encontraron fallas que hubo que corregir para que quedara sólido y permanente. Me complace haber sumado esfuerzos para que desde el Senado pudiésemos gestionar los recursos", subrayó.

El Senador de la República destacó que esto fue posible gracias al gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, quien con trabajo y atención le cumple a la gente de Gutiérrez Zamora.

"Esta región requiere la participación de todos. Ver qué nos une y no qué nos separa. Qué nos alienta a trabajar de manera conjunta. Veracruz requiere resanar heridas y trabajar hacia adelante. Nada que no hagamos, va a venir a hacerlo nadie por nosotros", subrayó Yunes Zorrilla.

Afirmó sentirse muy satisfecho, porque se nota que le sirve a Veracruz la Comisión de Hacienda del Senado de la República, que está involucrada y bien relacionada con los temas que la gente quiere ver resueltos.

Posteriormente, el senador Pepe Yunes acudió a una comida con autoridades municipales de la región y la sociedad civil de Gutiérrez Zamora.

Xalapa, Ver.- El diputado Tito Delfín Cano, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó un anteproyecto para exhortar a los 212 ayuntamientos de la Entidad para que reconstituyan sus policías municipales para con ello dar pauta al restablecimiento de la tranquilidad y la seguridad estatal.

En su anteproyecto el legislador propuso exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que en el uso de sus facultades apoye y coordine con los Ayuntamientos de la entidad, la reconstrucción de las policías municipales.
Dijo que tras 12 años de Gobiernos corruptos en Veracruz la inseguridad cobró una enorme fuerza que desató una descomposición del tejido social que no es sencillo restaurar, y menos en los lugares donde prácticamente ésta se ha mimetizado con el cotidiano.

Expuso que actualmente hay más de mil 300 elementos estatales que se encuentran haciendo funciones de policía municipal, lo cual obviamente disminuye el estado de fuerza.

El legislador enfatizó que tener una policía responsable dentro de los municipios contribuirá a disminuir el rezago social y la violencia que aqueja a todos. “Sin dejar de lado, que este grave problema se traduce en severos daños y afectaciones, tanto en la vida y expectativas de la ciudadanía, como en el desarrollo pleno de un lugar”, abundó.

Si se reconstituyera la policía municipal, se podría combatir con mayor fuerza y certeza la violencia que azota en Veracruz, pues de este modo, la policía se podría concebir como una fuerza única con tareas y necesidades detalladas en materia de seguridad; lo cual traería el establecimiento y preservación de un clima de paz social, argumentó en tribuna.

Córdoba, Ver.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Córdoba exhortó tanto a alumnos como a padres de familia a no dejarse condicionar por parte de directivos de alguna institución educativa particular, en cuanto a la entrega de documentación de fin de ciclo escolar.

Mario Castañeda Tejeda, titular de Profeco en Córdoba, señaló que se tienen antecedentes que condicionan la entrega de algún certificado o documento, por la simple razón de que quizá se quedó a deber algún arancel, de algún examen que debieron presentar de manera extraordinaria, y muchas veces son aranceles de 100 o 200 pesos.

"Cuando dicen en las escuelas no podemos encontrarte el certificado porque debes tanto, esa es una situación violatoria a los derechos de nosotros como usuarios de los servicios de educación particular, la otra es el obligar a pagar un precio muy alto para la entrega de la documentación, esa es otra condición muy grave que puede desencadenar hasta una suspensión o sanción económica para el colegio, pero para eso está Profeco, para actuar de manera preventiva y conciliatoria", mencionó Castañeda Tejeda.

El funcionario manifestó que en caso de recibir una queja, como ya ocurrió hasta el momento, se acude al área administrativa para conocer la situación del usuario del servicio, y tras eso se puede lograr un compromiso de entrega, pero hay quienes no acuden a Profeco a señalar ese tipo de anomalías y pagan las cantidades que les asignen, lo cual no debería ser.

"De esta forma estamos en la época de clausura y generalmente los que hacen acto de clausura protocolario después a los dos o tres días entregan documentación y es en ese momento cuando comienzan los problemas en muchos casos, entonces desde ahorita les recordamos estamos a sus órdenes para orientarlos y atender su situación, en caso de sentir les estén violando sus derechos como consumidor o como usuarios", indicó.

El entrevistado sostuvo que cuentan con un registro de 180 instituciones educativas de nivel básico, pero todas deben evitar respetar los derechos de los usuarios, de no ser así, podrán acudir de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas a Profeco, ubicada en calle 1 número 306, entre avenida 3 y 5, en donde los servicios son gratuitos y con gusto estaremos atentos para acudir de manera presencial con gente capacitada para evitar se vulneren los derechos de los consumidores", agregó.

Dijo que no se trata de perjudicar a alguien, sino conciliar intereses y a hacerle ver a quien lo está generando por qué lo está haciendo y que evite cualquier acción así porque va a terminar afectando su empresa o institución con alguna sanción que puede resultar en suspensión de actividades o multa.

Y es que explicó que las sanciones pueden ir a partir de los 24 mil pesos, de acuerdo al tabulador que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor así como su reglamento, dependiendo el caso y queja que corresponda.

Por último Mario Castañeda Tejeda, titular de Profeco en Córdoba, aseguró que a los proveedores como en este caso las escuelas también pueden atenderlas si requieren alguna orientación con el fin de tener en orden sus actividades y evitar violar derechos de los usuarios de ese servicio educativo, pues la dependencia además de atender al consumidor también puede hacerlo con el proveedor y así lograr el buen entendimiento entre ambas partes.

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