Yhadira Paredes/ Xalapa, Ver.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) está abierta a recibir cualquier queja en torno a la posible desatención de las autoridades municipales y estatales para garantizar la seguridad en la zona conocida como Santuario de las Garzas, donde hasta el momento se han localizado los cuerpos de 7 mujeres asesinadas.
Así lo señaló la titular de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, quien reconoció que hay obligaciones de las instituciones públicas para mantener la seguridad de las personas y se trata de obligaciones especificas.
"Hay obligaciones especificas. Por supuesto que estamos también abiertos a recibir cualquier tipo de queja en ese sentido, nada más que evidentemente, la queja se tramita a partir de la lesión de un derecho de una víctima especifica".
En ese sentido, detalló, si en un hecho delictivo la investigación de feminicidio hay dilación en la integración de la carpeta de investigación, las víctimas indirectas podrían acudir a la Comisión para interponer una queja y se tiene la obligación de atenderlo.
Sin embargo, afirmó que hasta el momento no se ha registrado ninguna queja en este rubro.
Asimismo, cuestionada en torno a la queja de los grupos feministas, por la falta de acciones en el tema de las muertes de mujeres, como fue el reciente de Magaly "N" localizada en el Santuario de las Garzas, señaló que si bien la investigación y el castigo al asesino deberá ser la Fiscalía General del Estado.
"Existen una serie de organismos e instituciones que podemos coadyuvar en el caso particular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de políticas de atención de naturaleza preventiva, difundiendo y capacitando en materia de género, de respeto a todos los derechos humanos y hemos tenido un impacto importante. Lo hacemos en dos vías, a través de los funcionarios públicos y otro en la sociedad".
Finalmente, Namiko Matzumoto afirmó que cuando un evento de esta naturaleza se presenta es importante que se genere política pública para su atención por parte del Gobierno del Estado, en tanto los organismos públicos defensores de derechos humanos están para coadyuvar en la ejecución de dichas políticas públicas.
