Xalapa, Ver. - Para otorgar preferencia a las empresas veracruzanas, respecto a las foráneas, en la asignación de contratos de obra pública, la diputada independiente Miriam Judith González Sheridan presentó la iniciativa que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Ellas del Estado de Veracruz, en la que destacó que para darse esta acción tendrá que haber similitud en los precios, calidad y tiempos de ejecución de las obras.

En la décima primera sesión ordinaria, del Congreso del Estado, la legisladora destacó que entidades como Durango, Aguascalientes y Tabasco se han establecido diferentes mecanismos para promover que la adjudicación de obra pública, así como la compra de bienes y servicios beneficien en lo posible a empresas locales y maximizando de esta manera el efecto multiplicador de una derrama económica que de forma directa beneficia a la sociedad en su conjunto.

Esta modificación, señaló la diputada González Sheridan, vendría a reforzar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, que en 2015 fue modificada para establecer que “Los proveedores con domicilio y residencia fiscal en el Estado y el municipio de que se trate, tendrán preferencia para ser adjudicatarios, y se les permitirá un precio hasta del 5 por ciento mayor que las cotizaciones foráneas”.

Expuso que el Estado puede directamente invertir en el desarrollo de actividades productivas o puede contratar con particulares el desarrollo de obra, “de hecho, el mero gasto en la compra de insumos genera una derrama económica que puede beneficiar o incentivar un sano desarrollo de la economía”, añadió.

En la tribuna, la legisladora subrayó que los criterios de eficiencia o racionalidad deberían ir más allá de la disminución de costos, y maximizar, sobre todo, el impacto del gasto en el desarrollo y las condiciones de bienestar de la población.

Dijo que debe tomarse en cuenta que la economía es un conjunto complejo, y que “cada peso gastado” no sólo repercute en los usuarios directos de la obra o servicio de que se trate, sino que también incentiva la actividad económica en su conjunto a través del pago de salarios y compra de insumos que realicen las empresas o personas a quienes se encarga la realización de una obra, prestación de servicios o suministro de bienes.