Xalapa, Ver., 03 de septiembre de 2018.- Una de las primeras acciones luego de tomar protesta como integrantes de la LXV Legislatura local, diputadas y diputados de la fracción parlamentaria de Morena será la de iniciar una investigación profunda porque existen indicios de que dentro de la estructura del Poder Judicial existen diversas conductas que pueden ser constitutivas de delitos, faltas administrativas y responsabilidad política que debe exigirse a los propios integrantes del Pleno.

En conferencia de prensa, las legisladoras y legisladores electos, Deisy Juan Antonio, Virginia Tadeo Ríos, María Esther López Callejas, y Eric Domínguez Vázquez, Juan Javier Gómez Cazarín, Henri Christopher Gómez Sánchez y José Manuel Pozos Castro, respectivamente, señalaron que de acuerdo a la agenda que han trazado y acordado destaca dar seguimiento a lo del Fiscal Anticorrupción por la forma irregular como se dio su designación.

Como representantes de la sociedad, en voz del diputado electo, Eric Domínguez Vázquez, quienes el  lunes 5 de noviembre asumirán funciones dejaron en claro que el esquema de trabajo que conducirán será de una absoluta austeridad repúblicana para acabar con los privilegios y dispendios, además habrá reducción de salarios, y no habrá asignación de vehículos de lujo para quienes ocupen alguna responsabilidad como parte del Congreso del Estado.

En la sala de prensa Regina Martínez Martinez, las y los diputados electos morenistas tras refrendar el compromiso a favor de las familias veracruzanas, reiteraron sobre el actuar de quienes se deben al pueblo y para el pueblo, e insistieron sobre el tema del Tribunal Superior de Justicia donde el presidente Edel Álvarez Peña desapareció juzgados municipales aún cuando la Legislatura actual dejó en claro en sesión plenaria que quitar estas instancias era contraria a la Constitución federal y no aprobó la iniciativa que se discutió en ese sentido,

Además acusaron, entre otros asuntos, que Álvarez Peña pretende imponer magistrados comisionados lo que está fuera de todo orden legal “ pues si el ejecutivo del Estado ya consideró que ese tema quedaría para la nueva administración, lo que se pretenda hacer constituiría un abuso de atribuciones pero además un evidente fraude a la Ley cometido por quienes avalen designaciones en este caso.