El retiro del punto diez de la orden del día en la Congreso del Estado de Veracruz sobre la basificación masiva de trabajadores, fue una clara muestra de que la sociedad  veracruzana rechaza de manera contundente las decisiones erróneas del gobernador, señaló Bingen Rementería Molina, diputado local electo.  

El panista explicó que se trató de una decisión sabia al no aprobar tal iniciativa del ejecutivo estatal, de la cual la mayoría de los legisladores del partido oficial no tenían conocimiento pleno, al aceptar que ni siquiera sabían cuántas y quiénes serían las personas beneficiadas con la basificación.

Rementería Molina dijo que el gobernador electo habló de 24 mil empleados -que de ser incorporados- causarían un gasto extra de mil 500 millones de pesos a la nómina estatal, advertencia que despertó la incertidumbre de los diversos sectores sociales.

Lamentó que la diputada priista Octavia Ortega Arteaga, Presidenta de la Mesa Directiva  del Congreso estatal aún considere que la basificación masiva beneficiaría a las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) al ingresar más recursos y ofrecer más prestaciones, sin dimensionar el gasto burocrático que causaría y los desfalcos que no han sido aclarados.

El próximo legislador panista apoyó la solicitud de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, coordinador de los diputados del PAN quien puso a consideración de los diputados un punto de acuerdo para que sea el Congreso directamente quien publique en la Gaceta Oficial, que el gobernador electo tiene cuatro meses para entregar el Plan Veracruzano de Desarrollo, una obligación constitucional que Duarte de Ochoa ha pasado por alto.

Al no estar aprobada dicha reforma presentada por el mismo ejecutivo estatal el pasado 12 de mayo, el nuevo gobernador no está en posibilidad de solicitar información e iniciar los procedimientos correspondientes para trazar dicho plan que contiene el programa de gobierno.