XALAPA, VER.- El diputado local por el Distrito XVI del Partido Acción Nacional (PAN), Jaime Enrique de la Garza Martínez afirmó que este día en sesión extraordinaria en el Congreso del Estado de Veracruz, el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mostró el abuso de poder dejando sin participación a los diputados de oposición del PAN y evitando cuestionamientos sobre la dispensa que otorgaron a la magistrada presidenta del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Isabel Romero Cruz para poder concluir su período.
Jaime de la Garza, explicó que a pesar de que le correspondía a los integrantes de la LXVI Legislatura decidir la solicitud de la dispensa de ley de la magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, sin embargo a los diputados de Acción Nacional no se les permitió intervenir; en este contexto que se muestra una violación a la Constitución del Estado, en el artículo 58, en el último párrafo que textualmente dice “en ningún caso podrá dispensarse el cumplimiento alguno de los requisitos señalados en este artículo”.
De esta manera, sostuvo el diputado local del PAN, Jaime de la Garza, que al rebasar la edad máxima límite de setenta años, para ocupar el cargo de referencia, lo que corresponde es el retiro de la magistrada y no la dispensa para continuar ejerciéndolo.
Dijo que tan sólo la prohibición de la dispensa mencionada, fue adicionada al texto constitucional en la legislatura anterior, con el voto de todas las fuerzas políticas, incluyendo Morena, documento publicado en la Gaceta Oficial el 14 de abril de 2020 y sin cumplir ni dos años, el día de hoy los legisladores emanados de Morena desobedecieron dicho documento “siendo pisoteada por ellos mismos”.
Reiteró que como integrante de la fracción del Partido de Acción Nacional y en congruencia con el texto constitucional “nos opusimos a la otorgación de la dispensa, que está expresamente prohibida, que además vulnera flagrantemente la Constitución y transgrede el estado de Derecho”.
Reconoció que el estado de Veracruz requiere que sus representantes sean los primeros en respetar y cumplir la Constitución y las normas que de ella emanen.