RODOLFO HERRERA/VERACRUZ, VER.- Por el reclamo de 80 millones de pesos que Rafael Lázaro Ros Torres, propietario del Ingenio "La Concepción" no quiere pagar, trabajadores protestaron contra el Presidente de la Junta Federal 22 de Conciliación y Arbitraje Jonathan Cortés Vargas, debido a que pareciera que no ha querido apercibir al empresario a que liquide a los azucareros.
Incluso en esta ocasión no quiso reunirse con los Medios de Comunicación que acudieron a cubrir la protesta para conocer su punto de vista, pidiéndole al Abogado representante de los trabajadores, que platique con la abogada del empresario deudor, la cual supuestamente acudiría en un rato, pidiéndole que esta plática se diera sin presencial de Medios de Comunicación y sin presencia de los trabajadores.
La comparecencia y protesta de los ex trabajadores se dió en la junta, donde los afectados acudieron para reclamar al funcionario Jonathan Cortés Vargas, que este lleve años empantanando el caso, beneficiando con ello a Rafael Lázaro Ros Torres, propietario del ingenio La Concepción del municipio de Jilotepec, Veracruz.
Los ex trabajadores de confianza del ingenio “La Concepción S.A. de C.V. iniciaron un proceso laboral dando existencia a los juicios 248/2003 y 321/2003, ante la Junta Federal número 22 de Conciliación y Arbitraje, la cual tiene actualmente sus oficinas en la Torre El Olmo, y está a cargo su Presidente Jonathan Cortés Vargas, y a pesar de que hace veinte años iniciaron el proceso y con un seguimiento de petición de manera respetuosa y reiterada, la autoridad laboral no ha obligado al dueño de la compañía (Rafael Lázaro Ros Torres) a pagar la suma de ochenta millones de pesos que a la fecha les adeuda por concepto de derechos laborales adquiridos.
Asimismo, a partir del año dos mil ocho se encuentran firmes los laudos y en sección de ejecución, e incluso existe una orden Federal para ejecutar el laudo del Juicio Laboral número 321/2003, por parte del Juzgado Segundo de Distrito del Séptimo Circuito, bajo el número de amparo 1434/2015.
Además de que se le ha solicitado por escrito a la autoridad laboral que CITE conciliatoriamente al dueño de la empresa para llegar a un acuerdo de pago, lo cual no ha acontecido, también se le ha solicitado que aplique las medidas de apremio para requerirlo de pago y no existe en su contra alguna multa, orden de localización o presentación, además no existe alguna garantía de pago, según informaron los afectados y su representante legal, quienes platicaron ampliamente con los reporteros.
Para mayor ilustración el Juicio Laboral 321/2003, lo integran los señores Ricardo Solano Zamora, Efraín Hernández Pérez, Israel Hernández Avilés, José Raúl Lozano Barrera, Jerónimo Jiménez del Río, María Idalia Barrera Basurto, Gloria Ernestina Bustamante Chávez, Irma Alicia Barrera Murrieta, Guadalupe Aguilar López, Mario Martínez Cortes, Reyes Huerta Contreras, Miguel Ángel Cornejo Veloz, Guillermo Cruz Sánchez , Zelmira Ramírez Tizcano, Octavio Landa Barrera, Marina García Oliva, Matilde Claudia Jiménez Trejo, Rubén Rodríguez García, Armando Texon Montiel, Remedios Quintano Landa, Elfego Roberto Castro, María de Jesús Moreno Azcorra sustituta procesal de Ramón Esteban Barrera Murrieta.
Por otra parte, el Juicio Laboral 248/2003 lo integran los señores Othón Flores Hernández, Narciso Rojas Alegría, Everardo Sixto Rivera, Felipe Hernández Landa, Rosa Aurora Olivo Miranda, Antonio Rodríguez Rojas, Juan Sixto Rivera, Enrique López Rodríguez, Emilio Ruíz Sánchez, Jorge Barragán López, Emiliano Viveros Montiel, Raúl Meztizo Rivera, Miguel Ángel Camacho Pérez, José Caraza Luna, José Antonio Conde Ochoa, Manuel Olivo Miranda, Manuel de J. Chávez Guerrero, Arturo Cano Martínez.
Se presume que actualmente la Secretaria de Desarrollo Rural de Pesca y Agricultura del Estado de Veracruz, es el patrón virtual, de Compañía Azúcares "La Concepción", siendo los administradores actuales Alejandro Colorado, Antonio Martínez Aponte y Laura Quiroz Aparicio.
Se pone en conocimiento de la opinión pública, la violación a los derechos humanos, dado que cada trabajador representa una familia que se encuentra desprotegida a falta del desgaste en el seguimiento y espera del pago correspondiente, ante los abusos y atropellos de la autoridad por los actos de omisión en perjuicio de la clase trabajadora, la no hacer uso de sus facultades y atribuciones, por lo que se solicita la intervención de las autoridades superiores para la solución de este problema social.
