Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El abogado Carmelo Reyes Gallardo aseguró que la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández no está vinculada a la liberación de Itiel "N" alias el "Compa Playa", sino que deriva de la molestia de la presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien le reclamó que no le haya informado previamente de la liberación del presunto responsable del asesinato del diputado local Juan Carlos Molina Palacios, ocurrido en 2019.

En entrevista con el abogado defensor de la jueza reiteró que fue incomunicada por más de seis horas en el Cuartel "Heriberto Jara Corona" (San José), donde fue obligada a disparar un arma de fuego, además de que "sembraron" droga en su camioneta.

"A la abogada jueza le fue creado este delito en donde dice que venia en su camioneta y sospechosamente la paran y aseguran que ella hace una serie de amenazas a los policías y luego saca una pistola y les dispara y luego le encuentran drogas. Es una consecuencia de una situación generadora para crear un acto corruptor para la invención de estos hechos."

El abogado aseguró que la liberación del "Compa Playa" fue a consecuencia de un cumplimiento de una ejecutoria de amparo jurisdiccional colegiada, para que con libertad de jurisdicción valore la situación y pueda generar un libre arbitrio jurisdiccional.

Sin embargo, al cumplir este amparo recibe una llamada de la Magistrada Presidenta del Poder Judicial, en donde le cuestiona por qué no le avisó lo que iba a hacer y le advierte que se tendrá que atener a las consecuencias.

"Y como tal, tenemos la creación del delito donde la obligan a disparar un arma, lo que a mi parecer es parte de tortura psicológica y tortura física por lo que se solicitó a la Fiscalía General los actos de investigación con protocolos de Estambul para establecer si existe tortura".

Destacó que con estas acciones se deja claro que en Veracruz vive una "no independencia judicial" en donde si no obedeces las instrucciones y consignas tendrás consecuencias.

Además, solicitó que de oficio la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue la situación con relación al delito Contra las Instituciones Públicas, tal como se hizo con el de ultrajes a la autoridad.

El abogado recordó que el término constitucional de 48 horas vence al mediodía del miércoles y se verá si la Fiscalía General del Estado la presenta ante un juez de control para la audiencia inicial.