Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante la inminente discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la colocación de representaciones del nacimiento de Jesús en espacios públicos, la Iglesia Católica hace un llamado a los magistrados para que actúen con estricto respeto al derecho de libertad de religión.

En el comunicado de este domingo, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Juan Beristaín de los Santos consideró que la iglesia debe hacerse presente ante las nuevas realidades sociales, culturales, políticas y económicos.

El sacerdote católico recordó que esta semana se presentará un proyecto de resolución que será discutido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con juicios de amparo en los que se reclama la supuesta inconstitucionalidad de la colocación de representaciones del nacimiento de Jesucristo en espacios públicos por parte de los tres ayuntamientos de Yucatán.

El alegato, dijo, es que con con ello se viola la libertad religiosa, los principios constitucionales del Estado laico, así como el principio de igualdad y no discriminación.

Ante ello, la Iglesia confía en que los integrantes de la SCJN busquen la y la justicia de los mexicanos, por lo que se espera que no promuevan la irreligiosidad o como dicen los obispos mexicanos en su carta.

"El respeto que el Estado debe a las iglesias, a las asociaciones religiosas y a cada uno de sus miembros, excluye la promoción tácita o explícita de la irreligiosidad o de la indiferencia como si al pueblo le fuera totalmente ajena la dimensión religiosa de la existencia."

Y se pronunció por que la libertad religiosa sea respetada y promovida por todos para el bien común, pero especial por aquellos que tienen la responsabilidad de promover las leyes y la justicia.

Asimismo, recordó lo dicho por los Obispos de México en una carta donde se pone en claro que se acepta la laicidad del estado como la aconfesionalidad basada en el respeto y promoción de la dignidad humana y por lo tanto en el reconocimiento explícito de los derechos humanos, particularmente del derecho a la libertad religiosa.

"Esto por un lado trae como consecuencia que el Estado debe respetar a todas las iglesias y a los creyentes que participan en ellas, con el único límite que establecen las exigencias de la justicia y del bien común".