XALAPA, VER.- Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas mayores y adoptar todas las medidas para que los ejerzan de manera efectiva es el propósito de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, presentada por la diputada Verónica Pulido Herrera.

En la Decimasegunda Sesión Ordinaria, la legisladora precisó que, de acuerdo con el Programa de Atención a los Adultos Mayores a nivel municipal, en Veracruz existen 981 mil 011 personas de 60 años y más: 455 mil 458 hombres y 525 mil 553 mujeres, lo que representa el 12.41 por ciento del total de la población.

Explicó que la finalidad de su propuesta es armonizar la ley estatal referida con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en virtud de que, como lo determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este grupo etario debe gozar de los derechos que ofrecen los marcos jurídicos, en igualdad de condiciones, con autonomía e independencia, en forma justa, democrática y humana.

La legisladora dijo también que esta iniciativa incorpora derechos contemplados en la Convención que no están contenidos en la ley, pero también atribuciones a las instituciones. Propone que puedan acceder a los medios alternativos de solución de conflictos en el ámbito familiar, con costos mínimos y en un período breve y que accedan a un trabajo digno y decente.

Verónica Pulido enfatizó distintos derechos: a la libertad de expresión, de opinión, de acceso a la información y de protección de sus datos personales, a la privacidad y a la intimidad, de accesibilidad y movilidad personal, de acceso a la información, al entorno físico, al transporte, a las comunicaciones y a las tecnologías de la información.

También señala en esta iniciativa que las autoridades tienen la obligación de implementar los mecanismos interinstitucionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores y de garantizar la procuración y administración de justicia en estricto apego a los derechos humanos y al debido proceso.

Este proyecto legislativo fue turnado a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con la adhesión del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), de las diputadas Ruth Callejas Roldán, Maribel Ramírez Topete, Tania María Cruz Mejía, Citlali Medellín Careaga, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y Anilú Ingram Vallines y de los legisladores Hugo González Saavedra y Juan Enrique Santos Mendoza.