Yhadira Paredes/ Xalapa, Ver.-  No se descarta que se interponga una denuncia penal en contra de quienes por omisión no acusaron ante las autoridades a los responsables de la adquisición de 70 mil pruebas rápidas de VIH Sida para mujeres embarazadas, aseveró la integrante del Grupo Multisectorial VIH-Sida, Patricia Ponce Jiménez. 

En entrevista, la activista social refirió que en su momento fue esta asociación civil la que dio a conocer al entonces secretario de Salud, Pablo Anaya la baja calidad de las pruebas y el hecho de que estaban dando falsos positivos y negativos en los pacientes. 

"El acuerdo que tuvimos con el secretario Pablo Anaya es que se retirarán y se compraran 70 mil pruebas más porque no había pruebas para mujeres embarazadas. Las pruebas se retiraron, las pruebas se compraron, que sucedió con esas 70 mil pruebas que venían en una bolsa negra, sin registro, ni patente  ni fecha caducidad, no lo sabemos".

Ante lo hecho público en estos días, señaló que se valora con abogados la conveniencia de denuncia a quien resulte responsable por omisión y falta de actuación de las autoridades. 

"Dicen que hay denuncias, me encantaría que eso fuera cierto, a nosotros nos toca denunciar a quien no denunciar y no investigó, porque las pruebas no las tengo, pero nos estamos organizando para denunciar al no denunciante por omisión, es tan grave como quien cometió el delito". 

Ponce Jiménez afirmó que la ciudadanía requiere una explicación clara, una denuncia de lo que esta sucediendo. 

La activista manifestó que si bien se denunció en su momento por el Grupo Multisectorial y ahora lo retoma la actual administración estatal no se pueden quedar ahí, por lo que se exige una investigación "porque los documentos están en sus manos, si hay denuncias las tienen ellos y si existen esas pruebas las tienen ellos". 

En ese sentido, consideró que si una solo prueba fue aplicada a una mujer embarazada la obligación del sector salud es investigar en dónde se aplicó, toda vez que fueron enviadas a centros de salud y jurisdicciones sanitarias. 

Se deben buscar los registros y ver si fueron aplicadas a una mujer embarazada en aquel momento para darle seguimiento, buscarla, traerla y ver cuál es el estado de salud  de esa mujer y de ese niño que pudo nacer. 

"No sabemos que paso, que denuncien que investiguen y entreguen resultados, que nos demuestren que esas pruebas fueron desechadas. Si aplicaron las 70 mil pruebas estamos hablando de una situación de salud muy delicada, pero no se pueden quedar en la denuncia, tienen que ubicar a las mujeres", finalizó.