Yhadira Paredes/ Xalapa, Ver.- La percepción ciudadana del saqueo cometido en contra de los veracruzanos por la actual administración estatal, hacen dudar que el monto observado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) sea solo de 9 mil millones de pesos, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz, Jesús Castañeda Nevarez. 

En entrevista, el empresario xalapeño indicó que si bien es saludable que el actual auditor general del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez haya dado a conocer que son varios miles de  millones de pesos observados, lo lastimado de la sociedad veracruzana permite poner en duda la veracidad de la cantidad informada. 

“Hay una situación en la que como ciudadanos nos resulta muy difícil creer y sobre todo cuando hemos visto, la percepción del saqueo es que ha sido sin pudor, por lo tanto cualquier cantidad que se diga, para nosotros no significa mucho”.

 Incluso, señaló que ya se perdió la proporción de lo que significan miles de millones de pesos, resulta difícil para nuestra mente ordinaria, sin embargo para quienes han manejado los recursos resulta lo cotidiano. 

En ese sentido, recordó que se está a unos días de que concluya la actual Legislatura local, para dar paso a una conformación del Congreso plural y equilibrada. 

“Yo espero que si la próxima legislatura se pone las pilas, entonces la próxima legislatura puede escarbar en todo esto e ir más a fondo, seguramente con mayor confianza de la sociedad, ya que hoy parte de lo que podría generar desconfianza es que sentimos que los árbitros tienen el mismo color de camiseta que los árbitros, lo que no nos genera mucha confianza”. 

Jesús Castañeda espera  en que durante la próxima legislatura que inicia funciones el 5 de noviembre se recupera la confianza de la ciudadanía, en que se harán revisiones a fondo del uso de recursos públicos a cargo del Gobierno estatal y municipios.

 Hay que recordar que el auditor general del ORFI dio a conocer, luego de la entrega de los resultados del análisis de la cuenta pública 2015, que la administración estatal debe solventar cuando menos 9  mil millones de pesos de recursos públicos que no fueron comprobados.

 Finalmente, Jesús Castañeda, indicó que conforme avanzan los procesos de fiscalización se sabrá con mayor prontitud que funcionario cae en alguna irregularidad sin necesidad de esperar, como anteriormente se hacía, a que pasaran hasta tres años.