Patricia Aguilar Pardo. Veracruz, Ver.-Gobiernos federales y estatales, anteriores autorizaron que empresas extranjeras o nacionales realicen actividades para la explotación minera en la entidad veracruzana, aproximadamente el 3 por ciento de la superficie veracruzana les fue concesionada para ese tipo de proyectos.

Y es que a pesar de que hasta ahora no se realiza ningún trabajo de extracción de minerales, empresas mineras mantienen una fuerte actividad en la zona de Tatatila-Las Minas; la mina de oro Caballo Blanco, en Actopan- Alto Lucero y Santa Martha, denunció Emilio Rodríguez Almazán, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental.

"Hay centenas de concesiones en el estado de Veracruz, no hay ninguna mina a cielo abierto de oro, cobre o plata explotando en Veracruz, lo que hay son proyectos de exploración que están muy avanzados, a punto de iniciar esta etapa y finalmente el 3 por ciento de la superficie veracruzana que está concesionada, aunque suena poco, es una superficie que alberga zonas de alta importancia ambiental para el estado

El activista afirmó que las agrupaciones civiles no bajarán la guardia y mantendrán una protesta frontal en contra de los proyectos mineros en el estado de Veracruz.

Indicó que hasta ahora se tiene la promesa de autoridades federales para no permitir que las empresas extranjeras o nacionales realicen actividades para la explotación minera.

Sin embargo, aseveró que se requiere que los compromisos sean acompañados con acciones, entre las cuales debería de existir la revocación de concesiones que se otorgaron a las compañías mineras.

"Para nosotros fue importante que la Secretaría de Economía sepa que en Veracruz el pueblo no está a favor de las concesiones que se entregaron en administraciones anteriores, que no vamos a cesar hasta ver canceladas todas estas concesiones que se encuentran en la zona de las Minas, Tatatila hasta Perote, pero también en Alto Lucero y en la región sur del estado de Veracruz como la sierra de Santa Marta", declaró.

Otra de las acciones necesarias, dijo el activista, es el establecimiento de un marco legal, para garantizar que ningún proyecto sea desarrollado cuando exista resistencia fundada de la sociedad civil.

Aseveró que los trabajos mineros representan un grave riesgo al entorno ambiental, ya que se localizan en extensiones territoriales con grandes riquezas naturales.

En el caso de la zona de La Paila y el proyecto conocido como Caballo Blanco, el riesgo es mayor, debido a la cercanía de la central nucleoeléctrica "Laguna Verde".