BOCA DEL RIO,VER.- En atención a las múltiples violaciones de Derechos Humanos que se han cometido en la entidad veracruzana que provocan cárcel en muchos de los casos por temas político electorales, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) por el Distrito XVI, Jaime de la Garza Martínez presentó ayer ante el Congreso del Estado la iniciativa para Derogar el delito de Ultrajes a la Autoridad y el delito contra las instituciones de Seguridad Pública.
En rueda de prensa Jaime de la Garza estuvo acompañado por los también diputados locales Verónica Pulido Herrera y Miguel Hermida Copado con quienes aseguró se propuso la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, contemplado en el artículo 331 y, además, la derogación del delito Contra las Instituciones de Seguridad Pública, previsto en el artículo 371 Quinquies del Código Penal, que contempla una pena de 7 a 15 años de prisión, pues, resulta incluso mayor a la de ultrajes a la autoridad.
En ese sentido, Jaime de la Garza explicó que como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos similares, la redacción de los delitos mencionados es contraria al principio de certeza, que debe caracterizar a las normas jurídicas, especialmente en materia penal.
“Estos delitos, abarcan múltiples opciones sobre situaciones de realización incierta; además, el término “amenazar” o “agredir” da lugar a interpretaciones confusas, ambiguas y vagas, lo que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica”, sostuvo.
Al respecto, el diputado local del PAN, Jaime de la Garza, explicó que no están debidamente definidos cuáles actos o conductas (palabras, gestos o hechos) que causan un agravio, propio del ultraje, rebasan el umbral necesario para ser sancionados; además, ello impide que los destinatarios de la norma (cualquier persona) puedan saber con razonable precisión cuál es la conducta que en su interacción con la autoridad será sancionada penalmente, por considerarse un ultraje “La expresión -ejecutar actos violentos o agresivos- incluye un conjunto amplio de actos, sobre todo si la disposición en su letra no limita la conducta sólo al uso de la fuerza física”.
Señaló que bajo este marco, el Poder Legislativo, es decir “nosotros los Diputados al definir un hecho delictivo, debemos procurar que estos sean claros y precisos, para que todas las personas conozcamos de manera muy simple cuáles son las conductas delictivas y cuáles no; las cuales no se pueden definir de manera fácil en los delitos que aquí se propone derogar, ya que éstos resultan ser confusos y ambiguos”.
Por ello, precisó que con estos delitos, hay una sobrerregulación al hecho de amenazar, pues esa conducta ya se encuentra prevista en el artículo 173 del Código Penal veracruzano, siendo sancionable con prisión de seis meses a dos años y multa hasta de cuarenta días de salario.
Resaltó que, esas penas, se aplicarán a quien amenace a otro con causarle un mal futuro en su persona o derechos, o en la de otra con la que tenga algún vínculo. De modo que el bien jurídico tutelado por este delito está sancionado en tres normas distintas, configurando una sobrerregulación de un mismo hecho.
Jaime de la Garza subrayó que la alta incidencia de denuncias por ultrajes a la autoridad contra la policía, refleja incapacidad, escaso entrenamiento y falta de equipamiento para desempeñar esa función puesto que, cualquier persona, con la sola manifestación de palabra de que les causará un daño, puede inhibirlos o causarles una afectación psicológica de temor, miedo o zozobra que les impediría continuar sus labores; de suerte que la sociedad veracruzana quedaría a merced de la delincuencia, pues quienes deberían protegerla su asustan con cualquier grito o palabra altisonante o con que les muestren una navaja o un arma de fuego.
De tal suerte dijo, si tenemos policías afectados emocionalmente por esas “amenazas”, deberían ser separados del cargo o asignados a actividades administrativa o de otra índole, ya que estarían incapacitados para realizar labores tácticas u operativas, pues la ciudadanía no podría esperar que el Estado los proteja y brinde seguridad con una policía traumada y temerosa de los delincuentes, agravando con ello la situación de inseguridad que vive Veracruz.
Sostuvo que la acreditación de estos hechos delictivos ha resultado bastante cuestionable e inverosímil, constituyendo un ambiente de represión y violación a los Derechos Humanos de las personas, utilizando normas penales a todas luces inconstitucionales, como lo ha sostenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.