Yhadira Paredes/ Xalapa, Ver.- La administración de Javier Duarte de Ochoa, hoy prófugo de la justicia fue omiso en la constitución del Fondo de Reparación de Apoyo a Víctimas del Delito, al que tendrían que haberse destinado al menos 30 millones de pesos anuales desde 2013.

 La secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Mireya Toto Gutiérrez indicó que se trata de casi 120 millones de pesos que no fueron direccionados por la anterior administración para el apoyo de casi 170 familias registradas hasta el momento.

 "Desde el 2013 hemos estado insistiendo en la constitución del mismo, que es un requisito para hacer efectiva la reparación del daño de los puntos neurálgicos", afirmó.

 Toto Gutiérrez insistió que desde 2013, 2014, 2015 y para el presupuesto de este 2016 que está por concluir  se está pidiendo a la Secretaría de Finanzas y Planeación que se cumpliera con la conformación de este fondo de reparación sin que se lograra.

 “Ese fondo para víctimas está previsto en la Ley General y comprende el 00.01 por ciento del presupuesto total. Es un fondo de reparación del daño que entra cuando en el caso de delitos de alto impacto el responsable no pueda subsanar la reparación del daño que es un tema nodal para las víctimas”.

Además contempla el fondo de emergencia para los gastos urgentes como desplazamientos, traslados, búsquedas, adquisición de medicinas que tienen que enfrentar las familias de las víctimas de delito o de violaciones de derechos humanos. 

“Nosotros habíamos hablado de un estimado promedio de 30 millones de pesos, mínimamente o un fondo revolvente de 3 o 4 millones para hacerle frente a lo cotidiano y nunca lo autorizaron, desde el 2013, 2014, 2015, nunca se ha constituido ese fondo, ese es uno de los grandes pendientes”.

Finalmente, la titular del Consejo de Atención a Víctimas del Delito, señaló que otro tema pendiente es que la Ley General de Atención a Víctimas tendrá que ser aprobada el día 15 de diciembre  a nivel federal y deberá repercutir en la estructura de las Comisiones Ejecutivas a nivel estatal.