Veracruz, Ver. 1 de febrero de 2024.- Un nuevo revés legal registró el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MÁS), luego de que el Primer Tribunal Colegiado en materia de Administración del Séptimo Circuito, resolvió que la auditoría practicada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) está sustentada legalmente en la Constitución.
Y es que la empresa española promovió un amparo en contra del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en donde argumentaba la ilegalidad de dicha auditoría -ordenada por el Congreso del Estado-, pues aseguraba no ejercer recursos públicos.
Sin embargo, la sentencia del juicio de amparo 692/2022 argumenta que el concesionario del servicio de agua potable (GRUPO MAS), cobra recursos públicos lo que lo convierte en un ente fiscalizable.
Por lo tanto, el Tribunal determinó la legalidad del ejercicio y concluyó que no tiene consecuencias jurídicas sancionatorias, en tanto no se defina la rendición de cuentas.
*Sociedad de Grupo MÁS, con tufo a corrupción*
Desde el inicio de operaciones, en el 2015, Grupo MÁS -filial en ese entonces de la fraudulenta Odebrecht-, implementó acciones en perjuicio de la economía de miles de usuarios de Veracruz y Medellín.
Al igual que Grupo CAB, proveedora de agua potable en Boca del Río, inició una cacería aplicando tarifas por arriba de lo autorizado, además de realizar procedimientos arbitrarios para el corte
de servicios.
Asimismo, solicitó incrementos tarifarios para compensar pérdidas económicas inexistentes.
Esto sin importar sus ingresos anuales por alrededor de 1,000 millones de pesos, con un gasto de operación comprobable no mayor de 400 mdp.
A la salida de Odebrecht y la entrada de Acciona -empresa de capital español-, la mecánica de trabajo no cambió en nada, al contrario, arreciaron los procedimientos arbitrarios en contra de los usuarios, sin realizar, además, las inversiones comprometidas en el contrato de la concesión, las cuales ascienden a 450 millones de pesos anuales.
No conforme con su negativa a cumplir lo estipulado en el contrato, Grupo MÁS también se niega categóricamente a liquidar a los ex obreros del extinto SAS, generando un problema de carácter laboral y social, ya que casi mil familias siguen en espera de que se les haga justicia.
Esto sin contar con que no cumple con las normas oficiales sanitarias en el saneamiento de las aguas residuales y no rinde cuentas ni tiene al día su contabilidad, ni presenta dictámenes fiscales.
Ante todo esto y en defensa de los usuarios de Medellín de Bravo, el alcalde Marcos Isleño tomó la decisión de solicitar de manera formal su salida de la sociedad con Grupo MÁS, la cual se concretó en sesión de Cabildo.
Sin embargo, de acuerdo a los protocolos legales, corresponde al Congreso del Estado aprobar la desincorporación de Medellín de la sociedad con la empresa española, por lo que se está a la espera de que los legisladores respalden la solicitud hecha por Cabildo medellinense.
