XALAPA, VER.- El diputado Juan Enrique Santos Mendoza convocó a todo aquel sector o persona interesada al Foro Implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en Veracruz, programado para el 6 de octubre próximo en las instalaciones del Palacio Legislativo, a fin de sumar esfuerzos e impulsar una legislación estatal de movilidad acorde con los retos, exigencias y problemáticas de la entidad.

En su intervención en Tribuna, el legislador dijo que su llamado es para las diputadas y diputados locales, servidores públicos de las diversas dependencias, tanto federales, estatales y municipales, a cargo de servicios de transporte, tránsito y vialidad, obras públicas, salud y seguridad; representantes de organizaciones de transportistas prestadores de servicios, conductores y sociedad en general.

Asimismo, confió en que las aportaciones que se den durante el foro sean para contribuir al logro de los fines de la Ley que es la prevención de accidentes de tránsito y promover una movilidad sustentable, inclusiva y de seguridad en el estado.

El también presidente de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad del Congreso del Estado dijo que los retos son muchos, pero que se busca lograr vialidades seguras para todas y todos los ciudadanos, el mejoramiento del transitar y la reducción de muertes por lesiones de accidentes de tránsito; tal y como lo plantea la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Previamente, el Diputado recordó que la Ley General de Movilidad entró en vigencia el pasado 18 de mayo y, de acuerdo con el artículo segundo transitorio, las legislaturas locales cuentan con un plazo de 180 días para armonizar esta norma y aprobar las reformas necesarias al marco jurídico estatal para tal fin.

Por último, reconoció a las diputadas y diputados que han presentado iniciativas para contribuir a la implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y, a su vez, se pronunció por hacer una labor de unidad e incorporar la voz de todas y todos los interesados.

XALAPA, VER.- Mediante una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el diputado Fernando Arteaga Aponte planteó generar condiciones para garantizar que el agua potable sea accesible y asequible para las y los veracruzanos.

Al participar en la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, el legislador explicó que su iniciativa propone que el servicio de agua potable debe ser medido con aparatos específicos que correrán a cuenta del prestador del servicio y que únicamente para los casos en los que por algún motivo no se cuente con tales dispositivos, por causas ajenas a éste último, se deberá aplicar cuotas fijas previamente aprobadas por esta Soberanía.

De esta manera, amplió, se garantiza al usuario que la erogación por tal servicio siempre será proporcional a su consumo, pudiendo dar lugar al cobro de tarifas preferenciales en aquellos casos en que exista un uso eficiente y moderado de agua potable.

La reforma al Artículo 99 prevé que el órgano de gobierno del organismo operador o su equivalente y los concesionarios deberán presentar al Congreso del Estado la propuesta de cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo.

En todo caso, la propuesta será actualizada por el prestador de los servicios acatando las metodologías que expida el Congreso del Estado y que establecerán los parámetros y su interrelación para el cálculo de las tarifas medias de equilibrio, con base en la fórmula general que se define en la misma ley.

El diputado Fernando Arteaga Aponte plantea que la propuesta para el cobro de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales deberá ser presentada por el organismo operador y los concesionarios a más tardar el 15 de noviembre del año previo en que deban entrar en vigor las cuotas y tarifas.

Además, el Congreso del Estado analizará las propuestas presentadas, dictaminará y aprobará, a más tardar, el 31 de diciembre del año previo en que deban entrar en vigor.

También se considera que, en caso de que el prestador del servicio no presente su propuesta conforme a lo dispuesto en dicho ordenamiento, este Congreso determinará las tarifas que tendrán vigencia en el año siguiente, en tanto no se apruebe la nueva propuesta.

Correspondería a este Poder Legislativo revisar anualmente las metodologías, en cuanto a los componentes del costo y la relación entre ellos, una vez presentada la propuesta.

El legislador recordó que la primera meta del Objetivo número 6 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible establece el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible, por lo que "como legisladores y garantes de los derechos humanos, no podemos permitir que el acceso a este servicio público se realice a expensas de otros derechos fundamentales, como la alimentación, la vivienda o incluso la educación".

Con la adhesión del Grupo Legislativo de Morena, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 99 y 101 y adiciona los artículos 99 Bis, 99 Ter y 100 Bis de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento.

XALAPA, VER.- El diputado Othón Hernández Candanedo presentó ante la Diputación Permanente un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a las personas titulares del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y del Instituto de Pensiones (IPE), todos del estado de Veracruz, para que, conforme a sus atribuciones, realicen las deducciones o descuentos correspondientes a las cuotas y aportaciones de las y los trabajadores de confianza de todos los organismos incorporados al régimen de seguridad social del mismo Instituto.

En el uso de la palabra, durante la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, el legislador mencionó los Convenios de Incorporación al Régimen de Seguridad Social del IPE, que señalan como obligación de la parte patronal remitir al Instituto las nóminas de plantilla de todo su personal de base y de confianza, su presupuesto de egresos aprobado así como toda la información relacionada con los convenios.

Además, que el Instituto, a través de su Directora, tiene la atribución de practicar verificaciones, visitas domiciliarias y comprobación del cumplimiento de obligaciones por parte de las entidades sujetas al régimen.

Al referir información del portal del IPE, según la cual, en julio de 2022, el Instituto contaba con aproximadamente 98 mil 024 miembros activos, consideró que la incorporación de los trabajadores de confianza, como lo mandata el artículo 1° de la Ley de Pensiones, contribuiría al fortalecimiento de las finanzas del Instituto y se podría asegurar más prestaciones a los derechohabientes.

Finalmente, señaló que el IPE tiene 168 organismos Incorporados a su régimen de seguridad social: el Congreso del Estado y el Poder Judicial, por parte de los Poderes Públicos; la Sefiplan y la SEV, por la Administración Pública Centralizada; 17 organismos públicos descentralizados, 10 organismos autónomos y 137 ayuntamientos, por lo que se pronunció por que todas y todos los trabajadores veracruzanos gocen del derecho a la seguridad social, a través de los convenios de incorporación respectivos.

Este Anteproyecto con Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política.