XALAPA, VER.- El diputado Juan Javier Gómez Cazarín presentó una iniciativa que prevé reformar la fracción VIII Bis del Artículo 27 de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado, para establecer como obligación de los ayuntamientos la instalación de bebederos o depósitos de agua en sus respectivas demarcaciones, a fin de garantizar el vital líquido a la población, especialmente a quienes hagan ejercicio.

Durante los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, se dio entrada a la propuesta del Presidente de la Junta de Coordinación, con la cual habría un mayor involucramiento de las autoridades municipales en apoyo a las personas que realizan alguna actividad física deportiva para facilitarles hidratación.

La iniciativa plantea plasmar en la citada ley que los ayuntamientos deberán garantizar, conforme a su disponibilidad presupuestal, la existencia de bebederos o depósitos suficientes y con suministro continuo y gratuito de agua potable en instalaciones deportivas municipales, parques públicos y vialidades.

La exposición de motivos de la propuesta señala que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019, de los 98 millones de personas de 12 años y más en México, el 33 por ciento dijo dedicar tiempo al ejercicio físico o al deporte.

De esas personas, 14 y 19 millones eran mujeres y hombres, respectivamente; en promedio, invertían 4.8 horas por semana a dicha práctica, lo que representa un incremento de 0.3 horas, en relación con los resultados de esa misma encuesta en 2014.

La iniciativa también refiere que realizar actividad física contribuye a reducir calorías y, por consiguiente, a la pérdida de peso, lo que es de suma importancia, si se toma en consideración los altos índices de sobrepeso y obesidad en el país.

Asimismo, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 74.1 por ciento de la población adulta y el 38.2 por ciento de la población infantil tienen sobrepeso u obesidad; "cifras que irán en aumento durante los próximos años, ya que el 34 por ciento de las y los mexicanos ha subido de peso durante la pandemia", expone.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad.

XALAPA, VER.- El diputado Roberto Francisco San Román Solana presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para que esta Soberanía haga un llamado respetuoso al Ayuntamiento de Tantoyuca a dar cumplimiento a las sentencias emitidas por las autoridades en la materia y a que, en Sesión de Cabildo, tome la protesta de ley al Agente y al Subagente Municipal de la congregación de Acececa para el periodo 2022-2026.

Durante la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, el representante popular del Distrito II de Tantoyuca recordó las funciones que la Ley Orgánica del Municipio Libre concede a los agentes y subagentes municipales, los cuales son electos democráticamente mediante los procedimientos de auscultación, consulta ciudadana o voto secreto, tal como se menciona en el artículo 172 de la citada ley.

En este sentido, el legislador indicó que, el pasado 11 de marzo, en la congregación de Acececa, se llevó a cabo la Consulta Ciudadana para la elección de su Agente y Subagente Municipal.

Sin embargo, a pesar de tener tres sentencias judiciales que confirman la legalidad constitucional del acto, una del Tribunal Electoral de Veracruz y dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, las autoridades de ese ayuntamiento no han tomado la debida protesta, incurriendo en el incumplimiento de un deber legal, puntualizó.

"Lo ideal sería que las sentencias se cumplieran sin necesidad de promover un Incidente de Incumplimiento de Sentencia o de aplicar medidas coercitivas a quien o quienes se encuentren obligados", señaló el Diputado y agregó que con dicha omisión se vulneran los derechos político-electorales de los agraviados.

Finalmente, indicó que la justicia debe aplicarse de manera expedita y sin dilaciones, "de lo contrario, se generan obstáculos para un pleno desarrollo y progreso comunitario", concluyó.

XALAPA, VER.- Este 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz, la diputada Gisela López López anunció que prepara una iniciativa con proyecto de Ley de Protección, Conservación y Fomento del Maíz Nativo del Estado de Veracruz, la cual tendrá como objetivos específicos declararlo patrimonio alimentario, impulsar programas sustentables y promover la conservación de las razas propias de la entidad.

Durante su intervención en tribuna durante la Sexta Sesión Ordinaria, la legisladora dijo que su propuesta también buscará impulsar la productividad como medio para garantizar el derecho a una sana alimentación; impulsar el mejoramiento del maíz nativo, eliminando las sustancias químicas y sustituyéndolas por biofertilizantes orgánicos; la creación de bancos regionales de semillas y el impulso de políticas públicas que faciliten la creación de empresas comunitarias.

La Diputada anunció que el anteproyecto de iniciativa será compartido con especialistas en la materia, productores, investigadores, integrantes de asociaciones civiles y con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), a través de mesas de trabajo, para perfeccionar el contenido de la iniciativa y que esté acorde con las necesidades específicas de la entidad.

Previamente, la legisladora dijo que en México, y en particular Veracruz, el maíz no solo tiene una importancia de carácter alimentario, sino también cultural, por lo que forma parte de la idiosincrasia del pueblo y "no es solo un producto material, sino un eje simbólico que articula la memoria colectiva de los pueblos originarios". Consideró que el maíz nativo corre el riesgo de desaparecer, lo que pondría en peligro del derecho a la alimentación.

Por último, calificó como logro para el pueblo mexicano que el 13 de abril de 2020 haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que tiene como objetivos: declarar las actividades de producción, comercialización y consumo de dicho producto como manifestación cultural, declarar como obligación del Estado garantizar el derecho humano a la alimentación y establecer mecanismos institucionales para su protección y fomento.