Ciudad de México.- La seguridad pública en el país no puede militarizarse, dijo el senador Julen Rementería a nombre del grupo Parlamentario de Acción Nacional, al presentar en rueda de prensa siete puntos que proponen para ser incluidos en la minuta de la Guardia Nacional, mismos que formularon en coordinación con las demás fuerzas de oposición del Senado de la República.

“En la Cámara de Senadores, las distintas fuerzas de oposición entre ellos el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, y por supuesto Acción Nacional, encontramos múltiples coincidencias planteadas para agregar en el contenido de la minuta de la Guardia Nacional”, expresó Rementería del Puerto.

Reiteró que la bancada de Acción Nacional rechaza la mayoría de las proposiciones contenidas en la minuta, mismas que buscan militarizar de manera total y permanente la seguridad pública.

Rementería precisó que con estos puntos se plantea que los elementos del Ejército y la Marina sean incorporados a la Guardia Nacional, pero sólo con el carácter de civil, por lo que, en caso de incurrir en violaciones a derechos humanos, deberán ser juzgados en tribunales del fuero civil, y no militar.

“Todos los riesgos que ello supone en materia de derechos humanos, y por el hecho de que atenta contra el pacto federal en la medida que constriñe las facultades de las autoridades locales en materia de seguridad ciudadana”, remarcó el senador Veracruzano.

Los legisladores destacaron que la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública deberá sujetarse a los principios y estándares internacionales de excepcionalidad, temporalidad, subordinación a mando civil, complementariedad, regulación y fiscalización.

En resumen, explicaron que los senadores respaldan la creación de una Guardia Nacional encargada de la seguridad pública, pero de carácter plenamente civil; que aproveche la experiencia y capacidades castrenses, pero sin mayor vínculo con las Fuerzas Armadas.

Asimismo, la Guardia Nacional deberá estar sujeta a la jurisdicción civil y al control parlamentario; y el pacto federal debe ser respetado, así como las facultades de los Estados y municipios en materia de seguridad pública, y deben fortalecerse las corporaciones policiales locales, con previsiones presupuestarias específicas.