Ciudad de México.- Desde la tribuna legislativa, el Diputado Federal del PAN Carlos Valenzuela González, fijó el posicionamiento de la bancada en contra de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, y distintos ordenamientos en la materia, lejos de enfrentar al crimen organizado, MORENA y sus aliados olvidan a las víctimas e ignoran los reclamos y el dolor de los colectivos sociales, al colocar a México en la antesala de un régimen autoritario y totalitario con la meta de instaurar una dictadura.
Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al rechazar en tribuna el dictamen que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, por la que se abroga La ley Orgánica de la FGR y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de distintos ordenamientos.
Esta Ley va en contra del camino que habían ganado las víctimas en su lucha por mayor justicia, es un retroceso para México por lo que no podemos apoyar la sumisión de una Fiscalía ante los designios del presidente de la República, con esta aprobación, el gobierno frenó los esfuerzos de consolidación y maduración del sistema de justicia, pues lejos de buscar el fortalecimiento de la policía de los tres niveles de gobierno, la federación ha dado la espalda a las entidades federativas y a los municipios.
El legislador veracruzano puntualiza:
· -La modificación en el procedimiento de la elección del Fiscal General y los especializados, elimina los principios rectores de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana buena reputación, igualdad y no discriminación.
· -Se derivan las contradicciones porque parece sujetar a todo el personal de la Fiscalía General de la República incluyendo a las y los ministerios públicos a la autoridad jerárquica del Fiscal General. Se limita la autonomía del MPF
· -El modelo de investigación puede llevar a la fragmentación de las investigaciones y las deficiencias en el modo de abordar fenómenos criminales que trascienden fronteras estatales.
· -Modifica o elimina varias disposiciones hoy vigentes en la Ley Orgánica en la elaboración y ejecución de planes de investigación e información a las víctimas sobre la intervención de peritos independientes y la obligación de informar a personas extranjeras sobre aspectos relacionados con el derecho de asilo y la visa de razones humanitarias
· -La competencia y cooperación de la materia de desaparición forzada de personas el artículo 45 de la Ley General de desapariciones prevista en la minuta, establece una cláusula respecto a la autonomía de la FGR que podría ser interpretada a modo de que se evada el efectivo cumplimiento de las obligaciones derivadas del Sistema Nacional de búsqueda.
· -Desvincula la FGR del funcionamiento de la Junta de Gobierno del mecanismo de protección a personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas. Este planteamiento es incompatible con el objetivo de la ley de protección que señala; que se trata de cumplir con las obligaciones del Estado mexicano y no sólo del Gobierno.
· -La transparencia y acceso a la información la minuta en el artículo 38 y 91 tiene previsiones relativas a la clasificación de la información, que son contrarias a una formulación de obligaciones en materia de transparencia, a una formulación excesivamente amplia y ambigua de ciertos conceptos.
La nueva Ley de la FGR no está con las víctimas pero que nos pone en la antesala de un régimen autoritario totalitario y en camino hacia una dictadura, en el 2018, se aprobó la ley para el nombramiento del primer Fiscal, a partir del surgimiento de la Fiscalía General, como órgano constitucional autónomo. Hoy estamos ante la propuesta de eliminar la ley vigente y establecer una nueva ley y, aquí puede haber un gran debate en cuanto a la construcción del modelo de fiscalía.
Se consumará en los hechos que se hagan anulatoria la sección C del artículo 20 constitucional, además de que atenta contra el principio de progresividad que rige a los derechos humanos y como lo expresó la oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, constituyen regresiones sobre los derechos de las víctimas en materia penal y en asuntos internos que la Fiscalía General les concierne.
Sin entrar a la discusión de las reservas, el Pleno aprobó el dictamen con 313 en pro, 135 en contra y 10 votos en abstención, pasa al Ejecutivo Federal.
