Ciudad de México a 9 de junio de 2021.- De los 15 gobernadores que se eligieron el pasado 6 de junio en el país, ninguno presentó propuestas en materia de seguridad, aunque en sus entidades se ubican 11 de las 18 ciudades mexicanas que ocupan una posición entre las 50 más violentas del mundo y a pesar de que la inseguridad es el tema que más le preocupa a casi 70% de la población (INEGI), señaló el Lic. Alejandro Desfassiaux, Presidente Fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.
El experto en temas de seguridad lamentó que “casi ningún aspirante se tomó en serio el tema de la inseguridad y dada la gravedad del asunto es inadmisible que de los más de 50 candidatos que se disputaron las gubernaturas del país, al menos 36, entre ellos los 15 que resultaron electos, hayan rechazado la invitación del Observatorio Nacional Ciudadano para participar en el análisis de las propuestas de seguridad y justicia del proyecto Por Un México Seguro”, expresó el Lic. Alejandro Desfassiaux.
Debido a su alto índice de homicidios y la intensa actividad de grupos criminales, 18 ciudades mexicanas ocupan un lugar del ranking de las 50 localidades más violentas del mundo, realizado recientemente por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.; por lo que México se ubica por segundo año consecutivo como el epicentro mundial de la violencia.
De acuerdo con este reporte, la ciudad más insegura del mundo es Celaya (1), después le siguen Tijuana (2), Juárez (3), Ciudad Obregón (4), Irapuato (5), Ensenada (6), St. Louis en EE.UU. (7), Uruapan (8), Feira de Santana en Brasil (9) y Cape Town en Sudáfrica (10). Las otras localidades mexicanas dentro del ranking son: Zacatecas (15), Acapulco (18), Culiacán (25), Cuernavaca (26), Morelia (27), Chihuahua (32), Colima (35), Benito Juárez (44), Victoria (45), León (47), y Minatitlán (49).
De estas localidades, 11 se ubican dentro de entidades donde se eligieron gobernadores. Tal es el caso de Sonora (donde se encuentra Ciudad Obregón, la 4ª más violenta del mundo), estado que será gobernado por el ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien rechazó la solicitud de presentar en la plataforma del Observatorio Nacional Ciudadano sus propuestas en materia de seguridad, a diferencia de 3 de sus 5 contrincantes.
De la misma forma, rechazaron participar en ese ejercicio los ahora gobernadores electos de Baja California (donde se encuentra Tijuana y Ensenada, que ocupan la 2ª y 6º posición a nivel mundial), Chihuahua (donde se ubica Juárez y Chihuahua que ocupan la 3ª y 32ª posición) y Michoacán (donde se ubica Uruapan con la 8ª posición).
Tampoco participaron los gobernadores electos de Zacatecas (capital del estado con la 15ª posición); de Guerrero (donde se encuentra Acapulco, con la 18ª posición); de Sinaloa (donde se ubica Culiacán con la 25ª posición); de Colima (capital del estado con la 35ª posición) y de Veracruz (donde se encuentra Minatitlán con la 49ª posición).
Un tema a resaltar es que Celaya, la ciudad más violenta de todo el mundo (1ª posición), será gobernada por Francisco Javier Mendoza Márquez, quien al igual que sus contrincantes, no logró aterrizar sus propuestas en términos de seguridad, ni mostró cómo alcanzar sus objetivos durante el debate que organizó el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para los candidatos a la presidencia municipal de dicha ciudad.
Ante esta situación, el Lic. Desfassiaux, también Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI) señaló que los políticos que fueron electos para ocupar una gubernatura, presidencia municipal o diputación, deben tomar decisiones económicas adecuadas que permitan revertir la inseguridad en el país y exhortó a los votantes, principalmente a quienes habitan en estas ciudades, a que exijan propuestas y proyectos claros en materia de seguridad, que estén focalizados en reducir los altos índices de violencia que se presentan.
Revertir la inseguridad, concluyó el Lic. Desfassiaux, es corresponsabilidad de los electores, quienes ahora tienen en sus manos la facultad de exigirle a los gobernantes que presenten propuestas encaminadas a combatir la inseguridad, mediante políticas públicas y económicas que fomenten el empleo y el emprendimiento.
