Ciudad de México, a 13 de agosto de 2021.-De acuerdo con la última encuesta de la organización Small Arms Survey, en Estados Unidos existen 393.3 millones de armas de fuego en poder de los civiles (1.18 por cada habitante) y en México solo 16.8 millones (una por cada 7 habitantes), es decir, en la República Mexicana existen 23 veces menos armas, sin embargo, su tasa de homicidios es del triple que en la Unión Americana; por eso la reciente demanda del Gobierno Federal contra las ensambladoras estadounidenses de armas está injustificada, debido a que la causa de la violencia no son los rifles per se, sino la incapacidad de las autoridades para controlar a las organizaciones criminales que los adquieren, afirmó el Lic. Alejandro Desfassiaux, Presidente Fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

Más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17,000 homicidios anuales y de daños equivalentes a 1.5% del PIB, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Estas armas representan el 70% de las que ingresan al país y el otro 30% provienen de China y Europa. Aunque E.E.U.U. dejara de venderlas, el crimen organizado recurrirá a otros proveedores y solo cambiará dicha proporción, sin embargo, no se va a detener, pues el uso descontrolado de armas ilegales es solo consecuencia de la violencia”, agregó.
En este contexto, el Lic. Desfassiaux afirmó que a Estados Unidos se le agota la paciencia porque la estrategia de “abrazos, no balazos” no funciona y la milicia estadounidense podría intervenir en cualquier momento para desarticular a los cárteles mexicanos, que son el principal problema para su seguridad interna, de acuerdo con la DEA. La decisión del presidente Joe Biden podría materializarse en forma de declaratoria, a fin de catalogar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
La presión se está expandiendo a todos los niveles. El gobernador de Texas, Greg Abbott, urgió al presidente Biden a que designe a los Zetas y al Cártel del Golfo como organizaciones terroristas y en el congreso americano se discute la iniciativa de etiquetar a los capos de la droga como terroristas, por lo que ya no habría fronteras para combatirlos.
Los mensajes de Glen VanHerck, primero; luego del jefe de la CIA, William J. Burns, y finalmente de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegan al mismo destino: o el gobierno mexicano se “pone las pilas”, o Estados Unidos tomará la iniciativa.

La situación de violencia se ha desbordado. La segmentación de cárteles actuales ha dado paso a 227 organizaciones delictivas en México, según el último mapa criminal elaborado por Lantia Intelligence. Tan solo el cártel de los Zetas operó en los últimos años en al menos 7 sitios de exterminio en Nuevo León, en los que se han encontrado más de 867 mil restos humanos, de acuerdo con información oficial obtenida hace unos días, a partir de solicitudes de transparencia.
En un periodo de 4 años, 264 mil personas fueron desplazadas como consecuencia de la violencia desde grupos delictivos, de acuerdo a datos del gobierno mexicano. “La violencia es tal, que todos los días se incrementan las protestas sociales genuinas en todo el territorio nacional, como la que acaba de suceder en el km 149 de la autopista del Sol, donde un grupo de jornaleros bloqueó el paso debido a que el crimen organizado no los deja trabajar. Un ejemplo más que evidencia la falta de resultados en materia de seguridad pública y que, sobre todo, sigue afectando a la gente de menos recursos económicos, a pesar de los grandes esfuerzos de la Guardia Nacional. Los gobiernos locales no están haciendo la tarea”, comentó.

La violencia responde a causas multifactoriales, no se va a detener simplemente con un mejor control en el tráfico de armas o focalizando la estrategia solo en los 50 municipios más inseguros. Se requieren políticas públicas integrales de parte de los 3 órdenes de gobierno para impulsar el desarrollo económico del país, elevar su nivel educativo, y también involucrar más activamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para desarticular las finanzas de las células criminales, finalizó el Lic. Alejandro Desfassiaux, Presidente Fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).