Ciudad de México a 15 de marzo de 2022.- Las inconsistencias en las comparaciones de los indicadores de seguridad del Gobierno Federal, aunado a la variación de los índices delictivos derivados de la pandemia, entorpecen el desarrollo de estrategias y políticas públicas para combatir la violencia en el país y además dificultan los análisis sobre su efectividad y eficiencia, aseguró el Lic. Alejandro Desfassiaux, Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI).
Se ha vuelto cotidiano que tengamos “otros datos” en materia de seguridad, pero ahora está surgiendo un fenómeno adicional: una nueva serie de “otros datos” que incluso se contradicen entre las mismas dependencias del gobierno federal.
El informe diario sobre homicidios, continuó el Lic. Desfassiaux, subestima los casos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y por el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y tampoco se corresponden con lo que informa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en varios puntos porcentuales. Para hablar de porcentajes específicos en este delito, la actual administración en su conteo diario ha registrado 20.9% menos que las cifras del INEGI y 16.2% menos que las del SESNSP.
En la misma SSPC la inconsistencia en la comparación de indicadores es aún mayor. En el caso de la violencia familiar, la dependencia informó que este delito tuvo un 27% de disminución, pero compara el dato del mayor histórico del año pasado, el de mayo, con enero de este año. “La disminución será muy grande si el comparativo es incorrecto, porque se hace con un mes que te conviene con otro que no le corresponde para así generar la percepción de que hay una baja en los delitos”, agregó.
En el caso del feminicidio la disminución parece falsa, pues no sabemos en qué se basa la SSPC para afirmar que la reducción de este delito es del 32%, cuando en enero de 2019 tuvimos 72, 74 en el mismo periodo de 2020, y 76 para 2021 y 2022, respectivamente. De hecho, durante el 2021, se registraron mil 4 feminicidios, convirtiéndose en el año más violento contra las mujeres en la historia reciente del país, de acuerdo con datos del SESNSP. El reporte federal reveló que el total de feminicidios reportados en el país en 2021 fue superior al año más violento que se había registrado (2020) con 973, por lo que no hay duda que este delito ha mantenido una tendencia al alza.
Las cifras tampoco coinciden con otras “realidades”. Si nos remontamos a abril del 2021, por citar un ejemplo, en Cajeme, Sonora se reportaron 24 muertes, según lo recabado en el SESNSP; pero con base en lo documentado por los medios de comunicación, tan solo en ese mes se registraron 60 muertes violentas, por lo que no es de extrañar que Ciudad Obregón haya sido catalogada como la 4ta ciudad más violenta del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
Además del uso inconsistente de indicadores, los cambios que trajo la pandemia en la matriz evolutiva de los delitos, tal como es el caso de la disminución de algunos robos que se ha volcado en un incremento de los delitos virtuales como ciberestafas y extorsiones digitales (+24% durante 2021: Kaspersky) o el significativo incremento de la violencia intrafamiliar tras el confinamiento (+20.7% de 2019 a 2021), está dificultando aún más el análisis a profundidad y, por consiguiente, la implementación de políticas públicas que combatan el aumento de la violencia en general, precisó. “Con este vendaje en los ojos ante las nuevas realidades en los índices delictivos y con análisis incorrecto de datos, menos vamos a resolver el problema de la inseguridad”.
El experto en seguridad afirmó que se han incrementado los delitos, principalmente los de alto impacto, y “al profundizar en los datos se aprecia que en realidad los que han disminuido son los de bajo impacto, pero ya sabemos que todo eso es producto del confinamiento. No hay nada nuevo bajo el sol en la Estrategia Nacional de Seguridad y con la aparente disminución de los delitos, se generan serias dudas sobre lo que está haciendo de extraordinario el Gobierno Federal para revertir el problema de la inseguridad y la violencia”.
Si se quiere demostrar que bajan los índices delictivos, debemos tener cuentas confiables de cuantas carpetas de investigación se están resolviendo y el nivel de impunidad que se está combatiendo, porque no existe ningún indicador contundente al respecto. Como mínimo, las llamadas al 911 podrían arrojar una cifra estimativa y aunque sabemos que regularmente no son datos tan certeros cuando la gente se desiste en llamar porque el sistema se cae frecuentemente, de todos modos, servirían para conocer la cantidad de delitos que se van presentando y que no necesariamente se denuncian en un ministerio público.
La comparación de los indicadores no solo es inconsistente, sino que dista de mostrar cifras reales. Tan solo hace unos días, México Evalúa sostuvo que el 90% de los delitos en el país no se denuncian porque la gente no tiene confianza en las instituciones. “Denunciar en México es como una mera ilusión de la justicia”, consideró el Lic. Desfassiaux.
No solo hace falta que tengamos datos certeros para hacer análisis y estrategias más adecuadas, también se requiere un mejor trabajo de las policías y que se complemente con la investigación, con el seguimiento puntual de esas denuncias y con una reducción significativa de la impunidad. Es un problema grave y multifactorial, pues lo que falla es complementar la política de seguridad con la de procuración de justicia.
Es deseable que la actual administración verdaderamente lograra reducir la inseguridad, y para eso se requiere del gran esfuerzo de la Guardia Nacional, y que trabajen coordinadamente las poco confiables policías estatales y municipales; así como las fiscalías; pues hoy parece que vivimos en el Siglo XVIII por los pobres resultados a los que nos tienen acostumbrados. Dicho en otras palabras, lo que México requiere es la suma de acciones preventivas de nuestras policías con acciones judiciales eficientes y una pronta impartición de justicia por parte de los jueces, concluyó el Lic. Alejandro Desfassiaux, Presidente de GMSI.