CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Enrique Peña Nieto condenó las agresiones perpetradas contra defensores de derechos humanos y los asesinatos de periodistas ocurridos recientemente en los estados de Chihuahua, Guerrero y Veracruz.

“Es inaceptable que una persona sea atacada por proteger a personas o por hacer uso de su libertad de expresión; un agravio a un periodista o a un defensor de derechos humanos es una afrenta a la sociedad en su conjunto”, resaltó el mandatario.

Durante su intervención al recibir el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el mandatario federal acotó que ante esta realidad se debe hacer una revisión del diseño y operación de los mecanismos del Estado mexicano para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos.

“Es necesario fortalecer los instrumentos y acciones de protección en el ámbito federal y desde luego también en el ámbito local, esta es una responsabilidad que exige corresponsabilidad”, afirmó.

Asimismo, el mandatario detalló que una de las prioridades del gobierno mexicano es garantizar los derechos humanos de los migrantes, principalmente a quienes retornan al país, y el garantizar como una estrategia prioritaria y permanente el que las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia.

“No obstante importantes avances como los centros de justicia para las mujeres y el mecanismo de alerta de violencia de género, aún hay grandes desafíos y retos pendientes que requiere que renovemos nuestros esfuerzos”, precisó.

En este sentido, el Presidente de la República agregó que la violencia contra las mujeres tiene graves costos sociales, económicos y de salud; además de que destruye a las familias y gangrena a la sociedad.

“Por ello no puede haber espacio a la indiferencia y nadie debe ser cómplice de la violencia y discriminación en contra de las mujeres”, reiteró el mandatario.

En contraste con la petición del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez de no legislar para dar marco de actuación a las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo federal, reconoció su labor e insistió que es otro de los grandes pendientes del estado mexicano.

“Es un tema relevante porque permitirá dar certidumbre a los ciudadanos y a nuestras instituciones armadas mejorando nuestro orden legal de protección a los derechos humanos”, puntualizó.

En respuesta a la exigencia del ombudsman nacional de privilegiar leyes para castigar la desaparición forzada, el Ejecutivo federal, subrayó que es urgente garantizar el derecho a la verdad, a la memoria de las víctimas y mitigar la aflicción y la angustia de sus familias esclareciendo estos hechos, por lo que agradeció al Congreso la discusión de iniciativas en torno a estos temas.

Rechaza Ley de Seguridad Interior

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, llamó a no avalar la Ley de Seguridad Interior que actualmente se discute en la Cámara de Diputados y daría un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para colaborar en tareas de combate al crimen organizado.

Al presentar su informe anual de actividades en la Residencia Oficial de Los Pinos, el ombudsman nacional, aseveró que la participación de las fuerzas armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la legislación y urgió a regresar al Ejército a sus cuarteles.

“La seguridad vinculada a las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil; las fuerzas armadas deben volver, cuando las condiciones del país así lo permitan a las funciones que le son propias”, acotó.

González Pérez remarcó que el carácter extraordinario de la participación de militares en tareas de seguridad y su interacción con la población, no debe asumirse como algo permanente ni promoverse que así sea, por lo que pidió privilegiar leyes de atención a víctimas.

“Se daría una muestra clara de empatía con las víctimas y de sensibilidad a los reclamos de la sociedad si con el mismo interés y empeño con el que actualmente se promueve el proceso legislativo para una Ley de Seguridad Interior se impulsaran leyes a los procesos relativos sobre desapariciones y tortura”.

El presidente de la Comisión aseguró además que 2016 no fue un buen año para los derechos humanos en el país, pues imperó la corrupción e impunidad, evidenciando casos de servidores públicos que cometieron delitos y abusos y aún permanecen impunes.

“Fue un año en el cual la impunidad, la falta de capacitación, así como la desidia por parte de las instancias competentes, permitió que subsistieran prácticas tan graves como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias, lo cual trajo como consecuencia que el acceso a la verdad y la justicia siga siendo aspiración”.

Ante el panorama internacional complejo y la repatriación masiva de mexicanos provenientes de Estados Unidos, el ombudsman llamó al gobierno mexicano a prever condiciones dignas y adecuadas para los connacionales que sean deportados.

- Vanessa Alemán

Fuente: Excelsior