Ciudad de México.-El pasado sábado las autoridades de Guatemala se enteraron que el exgobernador de Veracruz y prófugo de la justicia mexicana, Javier Duarte, se encontraba en su territorio; además, ese mismo día el gobierno de México solicitó su detención, afirmó la fiscal de esa nación centroamericana, Thelma Aldana.

 La funcionaria agregó que la petición de aprehensión que hizo México estaba encaminada a la extradición del sospechoso.

 Oficialmente no teníamos conocimiento hasta el 15 de abril que recibimos la nota verbal del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos solicitando la detención provisional con miras a una solicitud formal de extradición de Javier Duarte de Ochoa", aseguró durante una entrevista para una radio nacional.

 Explicó a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la cancillería de Guatemala fue como recibieron la notificación mexicana, lo que llevó a que un juez dictara una orden de aprehensión con fines de extradición contra el exmandatario, quien es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 Por esta razón, dijo, no se podía aprehender a Duarte, porque “debíamos que tener la certeza de que se trataba de la persona que íbamos a detener”.

 De acuerdo con Thelma Aldana, el exmandatario mexicano puede decidir si es extraditado para enfrentar a la justicia en México o bien, permanecer en Guatemala para evitar ser repatriado; sin embargo, este proceso puede durar hasta un año.

 Si él no se allana, hay un periodo de 60 días para que las autoridades mexicanas presenten sus medios de prueba, posteriormente el órgano jurisdiccional dicta su resolución, podemos estar hablando de cuatro, cinco meses.

 “Luego puede presentar apelación, en el trámite pueden pasar unos tres meses más; luego puede haber un amparo y el proceso de amparo puede tardar hasta un año", aseveró la fiscal guatemalteca.

 En torno a una posibilidad de un acuerdo con Duarte para ser arrestado, como presumió el PAN, Thelma Aldana aseguró que no existió tal, ya que ninguna autoridad pacta con criminales.

Excélsior