Ciudad de México. MVS.- La Procuraduría General de la República (PGR) estimó que en una semana Javier Duarte de Ochoa llegue a México para ser juzgado por las autoridades, en caso de que el próximo 4 de julio acepte allanarse a la solicitud de extradición por los delitos federales que se le imputan.
En entrevista con NoticiasMVS, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, comentó que a pesar de que el ex gobernador Veracruz pidió la extradición por los cargos del fuero común, aún falta que en la audiencia de la próxima semana pida este proceso para volver a nuestro país.
Sin embargo, en caso de rechazar el allanamiento, Duarte de Ochoa seguirá preso en la cárcel de Matamoros, Guatemala y se tendría que esperar un periodo de seis meses a un año para que el inculpado regrese a México para enfrentar los cargos que tiene pendientes con la Federación.
“En caso de que se allanara, en términos del tratado bilateral entre México y Guatemala, en términos de extradición, tendrá que ser entregado de manera inmediata, a qué se refiere esto, el juzgado tendrá que acordar dicho allanamiento, notificárselo a la Fiscalía General de Guatemala, esta a su vez al ministerio de Relaciones Exteriores y que informará a las autoridades mexicanas.
“Si se allana en la audiencia del 4 de julio podríamos estar hablando de una semana aproximadamente, dependerá de los trámites que se esté realizando con diversas autoridades que tienen injerencia del procedimiento de extradición en Guatemala, es el propio tribunal, la fiscalía general de la nación y también el ministerio de Relaciones Exteriores, usaremos todas las fracciones conducentes para que a la brevedad sea presentado ante la justicia mexicana tanto del fuero federal como del fuero común.
Javier Duarte fue detenido el pasado 15 de abril en el Municipio de Panajachel, departamento de Sololá, Guatemala, ante la orden de aprehensión librada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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