Aguascalientes, Aguascalientes.- Catalina Pérez Correa es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro, como estudiante probó suerte en las licenciaturas de filosofía y letras, así como en relaciones internacionales, antes de ingresar a la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), profesión en la que veía la posibilidad de abarcar más áreas de estudio sin tener que definirse por alguna en específico.
“Y al final así fue, porque terminé haciendo sociología y antropología, investigación que está poco relacionada con la carrera de derecho, me parece que pocas de las personas que estudian derecho en México tienen este panorama tan amplio de las disciplinas de las ciencias sociales, y eso me ayudó mucho para trabajar en el CIDE cuando se abrió la carrera de derecho”, manifestó.
Catalina-Pérez-Correa-4.jpgEl plan de estudios de este centro público de investigación, perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), busca abordar los problemas jurídicos desde un enfoque multidisciplinario, situación que le ayudó a emprender estudios en esta disciplina por fuera de las normas, buscando respuestas a preguntas como ¿por qué hay tanta impunidad?, ¿por qué son tantas las diferencias entre lo que está escrito y lo que es la práctica del derecho penal en México?
Al ser cuestionada acerca de sus primeras investigaciones, Pérez Correa comentó: “Estaba de asistente en el CIDE con Ana Laura Magaloni, cuando estaban haciendo la primera encuesta en reclusorios, yo estaba ahí cuando la estaban formulando, y cuando me fui a la maestría tenían la encuesta, y pues estaban ahí los datos, y como que me interesó mucho ver qué era lo que nos estaba diciendo”.
Al analizar los resultados del estudio, dijo, una de las cuestiones que resultaba más evidente era que el problema del sistema penitenciario no se limitaba a los reclusorios, sino que debe analizarse por qué las personas terminan siendo encarceladas, pues en eso están involucrados tanto los abogados como los fiscales que llevan los procesos.
Una investigadora en la barandilla
Su tesis del doctorado en derecho, que cursó en la Universidad de Stanford, fue un estudio etnográfico de participación observativa, para ello se insertó en una comunidad para tratar de ver cómo vive y cuáles son sus procesos cotidianos.
“Yo lo hice en una agencia del ministerio público de la Ciudad de México, la idea era entender la cultura que hay dentro de las agencias de los ministerios públicos y cuáles son las dificultades que ellos tienen desde adentro para aplicar la ley, cómo entienden su papel dentro del sistema y cómo entienden las normas para tratar de explicar por qué son tan distintas la práctica y la ley”, subrayó.
Para llevar a cabo esta investigación, realizó labores tan básicas como permanecer todo un día en la barandilla en el área por donde ingresan las personas que tratan de realizar una denuncia, a fin de observar los motivos por los que no dejaban que se interpusiera una querella, y cuáles son las barreras que impiden a los afectados presentar una denuncia cuando llegan a una agencia del ministerio público, como no tener credencial de elector o que el hecho delictivo no haya ocurrido dentro de la demarcación.
“Ahí entendí muy bien que también se pide a las agencias del ministerio público cosas que no le corresponden, como prevenir el delito. Entonces cuando pides a las agencias del ministerio público que prevengan el delito, la única forma que tienen es negar el hecho de que existen las denuncias o tratar de reducir sus estadísticas negando la posibilidad de que se denuncie”, añadió.
Drogas, género y sistema penitenciario
Posteriormente, ha enfocado sus estudios en describir cómo funciona el sistema penal, desde la prevención del delito hasta los efectos del castigo. Abordar temas relacionados con las cárceles, la introdujo en proyectos relacionados con las drogas, en particular al analizar la primera encuesta en reclusorios federales que coordinó junto con la doctora Elena Azaola Garrido, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Catalina Pérez Correa es miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ha realizado estudios en temas como la procuración de justicia en México, el funcionamiento del sistema de justicia penal, la política de drogas en América Latina, la observancia de normas sociales y legales y el castigo penal y sus efectos.
“Encontramos que 60 por ciento de las personas que encuestamos estaba por delitos de drogas, muchos de ellos están por posesión o consumo de mariguana. La mariguana con más de 50 por ciento, era la sustancia que más se perseguía”, detalló.
Actualmente realiza investigaciones referentes al tema de las drogas y los efectos que ha tenido la política gubernamental, así como análisis desde una perspectiva de género, ya que 80 por ciento de las mujeres que fueron entrevistadas para la encuesta de reclusorios federales habían sido sentenciadas por delitos relacionados con los estupefacientes.
Por último, Pérez Correa manifestó que ha coordinado por cuatro años el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), en este, investigadores de nueve países realizan diversos estudios relacionados con temáticas como: el consumo de drogas, las formas en que el Estado enfrenta los problemas de adicción, la proporcionalidad de las penas y cómo las personas que se encuentran encarceladas por delitos de drogas afectan los sistemas penitenciarios.
Conacyt
