Ciudad de México.- Como resultado del trabajo coordinado que llevan a cabo las instituciones de seguridad del Estado Mexicano, Fuerzas Federales encabezadas por la Policía Federal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República detuvieron a Víctor “N”, presunto integrante de un grupo delictivo, el cual cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición solicitada por el gobierno de los Estados Unidos.

En cumplimiento a dicha orden requerida por la Corte de Distrito del Estado de California, personal de la Policía Federal desarrolló labores de investigación por varios meses, lo que permitió ubicar a este sujeto en el estado de Baja California.

En coordinación con las autoridades ministeriales, se obtuvieron los primeros datos sobre el paradero de esta persona en playas de Rosarito, donde en una rápida intervención, en la que no fue necesario efectuar ningún disparo, policías federales detuvieron a Víctor “N” cuando viajaba a bordo de un vehículo en posesión de seis envoltorios con polvo blanco, con las características propias de la cocaína.

Victor “N”, es imputado por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud y de acuerdo con información ministerial se presume que participaba directamente en el trasiego y comercialización de droga proveniente de Colombia y Perú a México, para su posterior traslado y venta en los Estados Unidos; también se presume que había establecido una red de “lavado de dinero”.

Cabe señalar que a esta persona le fue leída la Cartilla de Derechos que Asiste a las Personas en Detención, y su detención se realizó con estricto apego a Derecho y pleno respeto a los derechos humanos.

El imputado fue trasladado a la Procuraduría General de la República, con sede en el estado de Baja California, en donde elementos de Interpol, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, le ejecutaron una orden de detención con fines de extradición, mientras el conductor del vehículo, fue presentado ante la autoridad ministerial para deslindar responsabilidades.