Veracruz, Ver. 31 de agosto de 2022.- La existencia de una intrincada red de corrupción entre Banorte y el despacho Cobranza Estratégica del Potosí, S.C. está afectando a infinidad de clientes de la institución bancaria radicados en el estado de Veracruz.
Y es que, al no someterse a los actos de extorsión, intimidación, acoso, espionaje y fraude que utilizan los abogados de la firma -en contubernio con directivos del banco-, los afectados se convierten en víctimas potenciales y presas fáciles para ser despojados de sus patrimonios, sin importar los daños económicos ya padecidos a causa de la pandemia Covid-19.
Israel Ramírez Pacheco, quien es abogado inmobiliario y especialista en consultoría financiera, ya documenta diversos casos en los que el despacho contratado por Banorte abusa de la buena fe de los deudores utilizando estrategias de cobranza “gansteriles” para -a la mala y violentando sus derechos humanos-, adjudicarse las propiedades que por necesidad tienen que poner como garantía de pago.
En el caso del puerto de Veracruz, mencionó el jurista, existen varios casos en los que el despacho Cobranza Estratégica del Potosí, S.C. envía a sus personeros para intimidar, espiar, acosar y amenazar a los cuentahabientes, para obligarlos a firmar convenios de pago que resultan impagables, por sus elevados intereses.
“Acuerdan negociaciones para liquidar los créditos mediante la gestión extrajudicial con el ánimo de sólo dar largas a los acreditados que con esfuerzo buscan liquidar los créditos hipotecarios, de consumo y tarjetas de crédito”, denunció el abogado.
Con lo anterior, explicó Ramírez Pacheco, Banorte y su despacho de cobranza incurre en el delito de usura, además de otras irregularidades que muchas veces son solapadas por la Conducef, instancia del gobierno que, en vez de defender a los usuarios de servicios financieros, se confabula para beneficiarse con los dividendos que genera formar parte de la citada red de corrupción.
Finalmente, de acuerdo a lo dicho por el consultor financiero, los afectados están preparando un escrito denunciando todo lo anterior, el cual será enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
